Se imponen intereses políticos en el Congreso, señala el diputado perredista Buenrostro

Nueva polémica entre diputados del PRD en la sesión del pleno

 Ejemplifica con las comparecencias del procurador y del secretario de Seguridad, el nombramiento de magistrados electorales y el del director del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri Crescencio Almazán. Le responde su compañero de bancada René Lobato

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo  

De nueva cuenta la sesión del Congreso fue el escenario de las disputas entre miembros de la fracción parlamentaria del PRD, luego de que el diputado de ese partido, Víctor Buenrostro Marín acusó a los presidentes de las comisiones de Gobierno, Juan José Castro Justo; de Seguridad Pública, René Lobato Ramírez y de Justicia, Cuauhtémoc Salgado Romero de anteponer los intereses políticos a la legalidad, convirtiendo la ley orgánica del Congreso del estado en instrumento para “conciliar posiciones”.

El legislador perredista se refirió en tribuna a la reunión de trabajo con carácter de secreta ante comisiones, del procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y del secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, donde se abordaron temas de interés público.

Asimismo, cuestionó el hecho de que se haya designado a magistrados electorales que “incumplen” con los requisitos legales para ocupar el cargo, en clara alusión a Julio Cesar Hernández Martínez y Raúl Calvo Barrera, ahora impugnados por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el mismo sentido cuestionó el nombramiento del encargado del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, Crescencio Almazán Tolentino, “sin la autorización” del pleno legislativo, que segúnel artículo 213 de la Ley Orgánica es el que debe nombrar o remover al director del órgano técnico del Congreso del estado pleno legislativo, a propuesta de la Comisión de Gobierno, explicó Buenrostro, quien hizo un llamado para que los diputados actúen en congruencia con la legislación interna.

En respuesta, el diputado del mismo partido, René Lobato Ramírez con base a la fracción segunda del artículo 52 de la misma ley justificó el nombramiento del 2 de junio de su ex secretario técnico como encargado del instituto Eduardo Neri, el cual señala que “es atribución del presidente de la Comisión de Gobierno designar al personal de los órganos técnicos, administrativos y de apoyo al servicio del Congreso del estado”.

Lobato Ramírez emplazó al pleno legislativo a nombrar de manera pronta y expedita al nuevo director del instituto, como lo solicitó previamente Buenrostro.

Este tema ya generó una nueva discusión al interior de la fracción del PRD, porque trascendió que el grupo del coordinador David Jiménez Rumbo con los votos del PRI ratificarán en el cargo a Almazán en la próxima sesión, donde se presenten ante el pleno las propuestas.

Mientras que el grupo de la vicecoordinadora de la fracción, Yolanda Villaseñor Landa promueve a Carlos Payán Torres, actual asesor del diputado Víctor Buenrostro, para ocupar la dirección del instituto.

Al debate entre perredistas se sumó el diputado Ramiro Alonso de Jesús quien en tribuna dijo que la Ley Orgánica del Congreso del estado es “arcaica, obsoleta y llena de candados”.

En la comparecencia de los funcionarios estatales en la reunión de trabajo de las comisiones de Seguridad Pública y Justicia que fue declarada un día antes como secreta, Alonso de Jesús dijo que exigió al procurador una limpia de la Policía Judicial que “está llena de ratas coludidas con el narcotráfico, los secuestros y bandas de robacoches, como ejemplo ahí está el comandante desaparecido Federico Peredo y otros comandantes memorables”.

Al respecto, el diputado por el PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero rechazó que la reunión de trabajo con formato de comparecencia, donde estuvieron el fiscal y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, haya sido un acto ilegal.

Argumentó que es facultad de las comisiones invitar a las reuniones de trabajo a personas que posean conocimientos sobre el tema que se analiza y anunció que “en breve” presentarán un informe sobre la reunión.

Lobato Ramírez defendió la postura del priísta y reiteró que no se violó la ley, porque sólo se les invito a una reunión de trabajo que por los temas que se tocaron “necesariamente” debió de ser  secreta.

Buenrostro Marín replicó el argumento de su compañero al indicar que la Ley Orgánica no puede sustituirse y justificarse en términos de amistad, cortesía o camaradería de algunos diputados con funcionarios estatales.

En la misma sesión se dio a conocer que el auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero envió el informe de la fiscalización superior de la cuenta pública del gobierno del estado, correspondiente al último cuatrimestre del 2003.

Así como la propuesta de punto de acuerdo parlamentario que presentó el diputado por el PRS, Heriberto Noriega Cantú donde pide que se informe a la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, que no tiene facultad para condonar adeudos de particulares con el Centro Internacional Acapulco (CIA).

La propuesta de Noriega Cantú fue turnada a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Exhorta Buenrostro a las autoridades a actuar para resolver el secuestro de Aguilera Lucas

 El diputado perredista dice en la tribuna que en Guerrero las bandas de secuestradores operan impunemente

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El diputado por el PRD, Víctor Buenrostro Marín, afirmó que en Guerrero las bandas delictivas “operan impunemente y convierten el secuestro en su mejor negocio”, sin que las autoridades encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia establezcan mecanismos eficientes para el combate de los delitos.

En la tribuna del Congreso, criticó que el gobierno del estado invierta más recursos al área de seguridad pública y se obtengan resultados nulos en el combate a la delincuencia; “que la violencia se siga justificando como parte de la normalidad en el ejercicio del gobierno”.

La intervención del legislador perredista, prevista en el quinto punto del orden del día de la sesión del Congreso de ayer, fue con el propósito de exhortar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia (PGJE), Arturo Lima Gómez y Jesús Ramírez Guerrero, a establecer una acción clara y expedita para resolver el secuestro del editor de una revista de Acapulco, Leodegario Aguilera Lucas.

Al respecto, Buenrostro Marín exigió al gobernador René Juárez Cisneros “imponer” una política que garantice a los ciudadanos el libre goce y ejercicio de sus derechos elementales.

Aguilera Lucas fue secuestrado la semana pasada por un comando armado cuando atendía su negocio, un hotel ubicado en la colonia jardín Azteca, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Calificó de preocupante que la coyuntura electoral, la efervescencia política, las precampañas y la cercanía de la elección de gobernador “distraigan” la atención de la función pública y de los encargados “de procurar justicia”.

Los comentarios del diputado perredista provocaron que el diputado por el PRI, Constantino García Cisneros, subiera a tribuna, donde señaló que el tema de la inseguridad pública no es privativo del estado, “sino que es un problema a nivel nacional”, expresó.

Enseguida, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, René Lobato Ramírez, coincidió con el argumento del priísta, pero consideró necesario que el procurador de Justicia y el secretario de Seguridad Pública comparezcan ante comisiones unidas para que informen qué es lo que hacen par revertir los índices de delincuencia.

Antes, el diputado Víctor Buenrostro Marín hizo una reseña de algunos de los secuestros y crímenes sucedidos en abril y mayo de este año, que hasta el momento suman ocho y han sido aclarados por la autoridad.

Destacó el secuestro de su cuñado, Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Político, raptado el 22 de mayo; y en la región de la Costa Grande, como el caso de Vicente Galeana Sánchez, en Atoyac, y Merced Morales Vargas.

A estos secuestros se suman los asesinatos de algunas personas vinculadas al PRD, como Santiago Farías García, el 7 de abril en Ixtapa-Zihuatanejo, y del profesor Cesáreo Flores González, asesinado el 3 de mayo en Petatlán.

Los más recientes fueron, el 22 de mayo, los hermanos Gatica Coctecón, asesinados en Tixtla; 26 de mayo, el estudiante universitario Alfonso Toledo Figueroa, en Acapulco; y en Vallecitos de Zaragoza, lugar donde fueron victimados Adrián Joaquín Arce y Oney Cruz Martínez, presunto informante de la DEA, y originarios ambos del estado de Jalisco.

“Ojala que estos crímenes y secuestros no queden en la impunidad y pugnemos porque se esclarezcan, así como el del ex regidor priísta José Flores Radilla y los militantes del PRD, José Antonio Bautista Ortiz y Eleuterio García Vázquez, ocurridos en Zihuatanejo”, indicó Buenrostro Marín.

Exigen que se investigue el secuestro del editor de la revista Mundo Político

 Leodegario Aguilera Lucas fue levantado en la medianoche del viernes en Acapulco por hombres con uniformes de la PGJ

 Ezequiel Flores Contrerasy Luluani Vega El diputado local por el PRD, Víctor Buenrostro Marín exigió ayer al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero esclarezca el secuestro de su cuñado el empresario y editor de la revista Mundo Político Leodegario Aguilera Lucas, quien fuera plagiado por hombres con uniformes de la Policía Judicial del Estado el sábado a las 01:00 horas en el puerto de Acapulco.

Lamentó que las autoridades no quieran reconocer el elevado índice de secuestros y crímenes que se cometen en la entidad “y pretendan esconder la realidad a través de estadísticas y cifras”.

Abordado en las instalaciones del Congreso del estado por la mañana, el diputado por el PRD reveló que el dueño del pequeño hotel Fiesta del Mar, ubicado en la calzada Pie de la Cuesta frente a la colonia Jardín Azteca, y editor de una publicación en el puerto de Acapulco, secuestrado por dos sujetos el pasado sábado por la madrugada es su cuñado.

Al respecto dijo que hasta el momento, los presuntos secuestradores no se han comunicado con la familia para exigir algún rescate.

“Estamos preocupados porque las personas que fueron identificadas al momento de llevarse a mi cuñado vestían ropas negras tipo Policía Judicial y portaban armas de grueso calibre”, expresó.

Buenrostro Marín dijo que en la sesión del jueves intentará subir a tribuna para exigir al titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) esclarezca este delito y los demás secuestros que se han registrado en la región de la Costa Grande, principalmente en el municipio de Atoyac.

Por otra parte, el fiscal regional de la PGJ Efrén Suástegui Mayo, consultado en Acapulco, informó que los familiares de Leodegario Aguilera Lucas aún no han presentado ninguna denuncia, pero que ndependientemente de que los familiares denuncien o no, y a pesar de que no exista una petición de rescate, el delito es considerado como privación ilegal de la libertad “es delito de oficio y por lo tanto se dará seguimiento de acuerdo a la Ley”.

Suástegui Mayo expresó que “como autoridades que investigamos delitos y perseguimos delincuentes, también tenemos que mantener un criterio más ajustado a la realidad, es decir que no por hacer una investigación legal, pongamos en peligro la integridad de él o los agraviados, debe prevalecer un criterio de apoyo y que no se ponga en peligro su vida, nosotros de manera legal haremos las investigaciones cuando las circunstancias nos permitan que la vida del agraviado está segura”.

También informó que de acuerdo a los libros de Gobiernos, en lo que va del año tienen registradas tres averiguaciones de secuestro en el puerto de Acapulco, “de fechas y lugares diferentes”.