Ciudad de México / Guadalajara, 29 de julio de 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de queja ante la suspensión de plano que fue otorgada a Rafael Caro Quintero para evitar que sea entregado a las autoridades de Estados Unidos de manera inmediata.
De acuerdo con la Lista de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el agente del Ministerio Público entregó el escrito de queja en el cual expresó sus agravios.
La titular del Juzgado, Abigail Ocampo Álvarez, ordenó integrar el expediente y remitirlo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para que lo revise y determine si la FGR tiene razón o no.
Mientras tanto, la suspensión de plano concedida a Caro Quintero estará vigente y debido a ella las autoridades mexicanas no podrán entregar al capo a la justicia estadounidense sin que exista un juicio de extradición de por medio.
El narcotraficante es requerido por una Corte de Distrito de Estados Unidos por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, crimen cometido en 1985.
También está acusado de haber introducido al país vecino más de 10 toneladas de mariguana y cocaína, así como un pequeño cargamento de 25 kilos metanfetaminas durante el periodo que fue de febrero de 2015 a diciembre de 2016.
Caro Quintero, quien en los ochenta era el líder del llamado Cártel de Guadalajara, fue detenido por primera vez en abril de 1985 tras es el homicidio de Camarena y condenado a 40 años de prisión por el crimen.
En agosto de 2013, cuando llevaba 28 años encarcelado, obtuvo su libertad debido a un tecnicismo legal.
A partir de entonces, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición por el asesinato de Camarena y en la Corte del Distrito Este de Nueva York sumó nuevos cargos por los ilícitos cometidos en los últimos años.
El pasado 15 de julio el capo fue recapturado en una zona serrana del municipio de Choix, Sinaloa, cuando se ocultaba en unos matorrales tras haberse percatado de un operativo desarrollado por elementos de la Secretaría de Marina.
Apelan el fallo que liberaría a fabricantes de drones explosivos
La Fiscalía General de la República (FGR) apeló el fallo de una juez federal que eliminó casi todas las pruebas para enjuiciar a dos jóvenes por supuestamente manufacturar drones con explosivos para los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación.
La juez federal Marcela Elizabeth García Cante consideró ilegal una inspección de un agente federal en la casa de seguridad de los presuntos criminales donde fueron descubiertos distintos explosivos, entre ellos C-4, sustancia de uso bélico usada por la organización de “El Marro” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para quienes también trabajaban.
Advirtió que la inspección en Cholula, Puebla, fue ilegal por no tener una orden de cateo, y que ella no iba a ser comparsa de “cateos simulados”, por lo que anuló 11 de las 13 pruebas que habían sido presentadas, entre ellas todo el arsenal, los narco-drones y los detonantes decomisados durante dos inspecciones.
Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada impugnó la decisión de la juez de control federal y ahora, será un tribunal unitario el que resuelva en definitiva si las evidencias llegan al juicio.
Autoridades ministeriales comentaron que respetaban la decisión de la juez del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla; sin embargo, manifestaron estar en desacuerdo con el criterio para justificar la anulación de pruebas.
Indicaron que la Policía Federal Ministerial actuó conforme a derecho y en ningún momento incurrió en una ilegalidad, como sostuvo la juez federal con relación a la inspección que hizo un agente en el inmueble donde estaban los drones y explosivos que eran vendidos a las organizaciones criminales.
ONG piden que la FGR atraiga el asesinato de Luz Raquel en Jalisco
Por violar la intimidad de Luz Raquel Padilla Gutiérrez y poner en riesgo a su familia, cerca de 300 organizaciones de personas con discapacidad de todo el país dirigieron una carta al Fiscal Joaquín Méndez Ruiz; piden que la FGR atraiga el caso.
En la carta hacen referencia a la rueda de prensa del Fiscal el martes, en la que la institución señaló que Luz Raquel compró dos botes de alcohol y un encendedor y apuntó a que se auto agredió.
La Fiscalía violó el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, expusieron organizaciones como Yo Cuido México, Movimiento Asociativo Jalisciense pro Personas con Discapacidad AC., y Esclerosis Múltiple Jalisco AC.
“Se produce un efecto negativo en la imagen de las personas involucradas, lo cual se traduce inevitablemente también en la afectación psicoemocional de los ofendidos del delito, en este caso la madre, el hijo y la hermana de Luz Raquel Padilla.
“Es inconcebible que sea la propia autoridad encargada de proteger a las víctimas, las que las coloque en una situación en las que puedan quedar expuestas”, apuntaron.
Por lo ocurrido, las asociaciones y personas con discapacidad solicitaron que la FGR atraiga la investigación para que el acceso a la justicia sea completo, imparcial, objetivo y apegado a los derechos humanos.
Texto: Staff / Agencia Reforma
