El ex jefe policiaco habría incurrido en faltas administrativas graves, así como cometer posibles delitos contra la administración de justicia, por alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar del hallazgo, y desviar u obstaculizar la investigación.
Ciudad de México, 13 de julio de 2019. La Fiscalía General de la República (FGR) evidenció actuaciones ilegales del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, en las diligencias en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde se encontraron restos humanos presuntamente de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Así queda asentado en una nueva investigación de la Dirección General de Asuntos Internos, de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República (FGR), firmada el pasado 25 de junio.
Ahí se señala que Zerón incurrió en faltas administrativas graves –por lo que se le deberá cancelar su certificado como funcionario de seguridad-, así como cometer posibles delitos contra la administración de justicia, por alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar del hallazgo, y desviar u obstaculizar la investigación.
El 28 de octubre de 2014, Zerón realizó la diligencia en el río San Juan, un día antes de hallar en el mismo lugar las bolsas con restos que según la versión oficial confirmaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Entre los señalamientos de la Visitaduría se indica que el funcionario no tenía la autorización legal para trasladar a Agustín García Reyes “El Chereje” de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al río San Juan, en Guerrero.
También se menciona que recabó una videograbación de su participación en la escena, la cual no fue incluida en el expediente y la hizo pública, en una versión editada, hasta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló las actuaciones de dichas diligencias.
“La videograbación recabada durante la diligencia además de no haber sido entregada al agente del Ministerio Público federal (…) fue editada y con ello se pretendió acreditar ante la opinión pública que el personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas participó en las diligencias”, señala el informe.
Asegura que también ordenó indebidamente a los peritos de la entonces PGR buscar específicamente bolsas en el río, lo que pudo impedir que el personal analizara toda la zona en busca de cualquier indicio, además de que solicitó resguardar el lugar de los hechos sin hacerlo del conocimiento del Ministerio Público de la Federación, pues él no tenía esas facultades.
Por esas conductas, las penas son de entre 4 y 10 años de prisión y de entre 3 y 8 años, según cada caso.
El acuerdo de conclusión resuelve dar vista a la Unidad de Atención inmediata de la Visitaduría General, para que inicie una carpeta de investigación en contra de Tomás Zerón y otros funcionarios.
Junto con Zerón, otros ocho funcionarios de la entonces PGR fueron señalados en la investigación de Asuntos Internos de la ahora Fiscalía por faltas administrativas graves o posibles delitos cuando ocupaban cargos en 2016.
Manipularon escena del río San Juan
La diligencia del río San Juan, en Cocula, es clave para la versión de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero municipal, pero se trata de una escena del crimen manipulada, señaló Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Según la “verdad histórica”, los normalistas fueron incinerados entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula, y luego sus cenizas fueron tiradas en el río San Juan.
Oficialmente, el 29 de octubre, buzos de la Marina descubrieron en el río dos bolsas con restos de algunos estudiantes, entre los cuales se logró identificar plenamente un hueso de Alexander Mora Venancio.
Sin embargo, el GIEI reveló que un día antes del supuesto hallazgo, Tomás Zerón encabezó en el mismo lugar una diligencia que no fue integrada en la investigación oficial.
“Fue una diligencia que nunca estuvo materializada dentro de la averiguación, que se hizo sin presencia del defensor (de ‘El Chereje’), que se lleva a un detenido que fue torturado a un sitio sin la menor legalidad posible; ese río San Juan fue objeto de lo que nosotros llamamos en términos investigativos ‘manipulación de la escena'”, comentó en entrevista.
“Lo que pasó al día siguiente, que es donde encuentran el fragmento de hueso (de Alexander), hay muchos cuestionamientos, ya tienes muchas dudas de cómo apareció ese fragmento ahí. ¿Quién lo puso? ¿Cómo lo puso?”, cuestionó.
Para Ángela Buitrago, la conformación de una Comisión Especial, la designación de Omar Gómez como Fiscal para el caso Iguala, la revelación de un video en el que se observa cómo otro detenido fue torturado y la investigación interna de la Fiscalía revelan que a cinco años el caso sigue activo.
Texto: César Martínez / Agencia Reforma
Foto: Lenin Ocampo
