El Sur / Ciudad de México, 18 de febrero de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) deberá dar a conocer dos documentos del caso Emilio Lozoya Austin que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero se negó en transparentar.
Se trata de la copia de la denuncia que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó el pasado 11 de agosto –en la que acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y su brazo derecho, Luis Videgaray Caso— y el dictamen médico que le permitió no pisar la cárcel a su llegada a México tras ser extraditado de España.
En su sesión de ayer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la FGR que revoque sus decisiones de reservar los documentos, dado que están relacionados con presuntos actos de corrupción perpetrados por Lozoya durante su paso por la administración pública federal.
Así, la FGR tendrá que publicar la denuncia que Lozoya interpuso el 11 de agosto, gracias a la cual obtuvo el “criterio de oportunidad” que le permitió continuar en libertad desde que llegó a México; en esta denuncia, que fue filtrada y ampliamente retomada por medios de comunicación, el exdirector de Pemex acusó a Peña Nieto, Videgaray y varios legisladores del PRI, PAN y PRD –algunos ahora en Morena– de diversas irregularidades y cobros de sobornos.
La FGR también deberá publicar el dictamen de integridad física supuestamente realizado a Lozoya a su llegada a México, en la que el perito de la Fiscalía determinó que el hombre tenía “anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud”, que sirvió como pretexto para trasladar a Lozoya a un hospital privado en lugar de la cárcel.
Gracias a este documento, Lozoya no estuvo un solo día en prisión desde su llegada a México, a pesar de que reconoció haber recibido millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Tribunal federal confirma la inhabilitación de tres años a Odebrecht
Un tribunal federal confirmó ayer a la Constructora Norberto Odebrecht una inhabilitación de tres años para participar en procedimientos de contratación del Gobierno federal, por cobrar en exceso más de 22 millones de pesos a Pemex en los trabajos de la Refinería de Tula.
Por 10 votos contra uno, la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sanción administrativa impuesta el 12 de abril de 2019 por la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial.
El fallo puede ser impugnado por la constructora a través de un amparo directo, recurso que eventualmente deberá resolver un tribunal colegiado de circuito.
Celebra SFP validez de la sanción a la constructora
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, celebró la determinación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que validó la sanción impuesta por la dependencia a su cargo para inhabilitar y multar a la empresa Odebrecht.
Así lo manifestó la funcionaria a través de sus redes sociales donde expresó que “la justicia tarda pero siempre llega”.
Y es que en abril del año pasado la constructora brasileña fue sancionada e inhabilitada para operar en México durante dos años y tres meses, por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por simulaciones e incumplimientos de un contrato que fue adjudicado en noviembre de 2015 por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, más de 105 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.
Texto: Redacción / Foto: Archivo
