Gaspard Estrada
Hace algunos días el Fondo Monetario Internacional aceptó que el gobierno argentino, dirigido por el presidente Mauricio Macri, tomara una serie de medidas económicas heterodoxas para los cánones de la institución financiera multilateral fundada justo después de la segunda guerra mundial. El gobierno decidió congelar los precios al consumo, replicando las políticas económicas que había llevado a cabo el gobierno de Cristina Kirchner años atrás, con el afán de disminuir la creciente inflación, en un escenario en el cual la mayoría de los indicadores económicos han ido a la baja. Por otro lado, se mantuvo el programa de ajuste progresivo, impuesto por los técnicos del FMI el año pasado, para evitar que las cuentas públicas salgan totalmente de control, como fue el caso después de las elecciones de medio mandato, a principios del año 2018. De tal suerte que el gobierno de centro derecha de Mauricio Macri, que había ganado la elección presidencial de 2015 frente a Daniel Scioli, el candidato del peronismo, con la promesa de mejorar la situación económica del país, se encuentra ante un escenario de crisis que pone nerviosos a los principales actores económicos del país del cono sur. De hecho, el mantenimiento a flote de la economía argentina constituye un desafío singular no solo para el futuro político de Mauricio Macri, sino también de la directora general del FMI, Christine Lagarde.
En efecto, la llegada de Macri al poder, en 2015, auguraba un giro político y económico de Argentina. Desde el fin del gobierno de Menem, y los gobiernos desastrosos del Radical Álvaro de la Rua, marcados por la crisis de los cacerolazos y la expresión “que se vayan todos”, este país vivió un primer momento de bonanza económica con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, antes de enfrentar una crisis que desembocó en la pérdida de la Casa Rosada, la sede del ejecutivo argentino, a manos de un candidato no peronista. Durante aquellos gobiernos, el crecimiento económico vino esencialmente del aumento de las exportaciones de bienes primarios, como la carne y la soya, que constituían de igual manera una fuente no despreciable de ingresos para el Estado, en un contexto en el cual el Estado argentino no podía financiar su deuda pública en el exterior, al estar inmerso en un default técnico con menos del 3% de los acreedores de sus bonos, que impidieron la reestructuración de toda la deuda Argentina.
Durante su campaña presidencial, Macri prometió que su gobierno haría un acuerdo con estos llamados “fondos buitres”, en aras de abrir Argentina al mundo, al tiempo que liberalizaría su economía, y la volvería más transparente a través de la reforma del instituto de estadísticas, que se veía inmerso en una grave crisis de credibilidad. En ese momento, pensó que con su política de ajuste gradual de la economía, y con el mantenimiento de ciertos programas, sería posible evitar un ajuste brutal de la economía, lo que le permitiría ganar las elecciones intermedias del 2017 y pensar seriamente en su reelección en 2019. Sin embargo, esta política económica gradualista se financió con base en el endeudamiento del Estado en los mercados internacionales, después de que Argentina pagara miles de millones de dólares a los fondos buitres para poder acceder a los mercados internacionales de capital. En poco más de tres años, el gobierno de Macri endeudó a su país con varias decenas de puntos del PIB, de tal suerte que esta tendencia se volvió insustentable cuando empezaron a subir las tasas de interés. De ahí que el día de hoy Macri y el FMI tengan que tomar medidas heterodoxas, inclusive para sus propios economistas, para evitar el colapso del gobierno. Este apoyo, sin embargo, no pudo evitar que la expresidenta Cristina Kirchner vuelva a crecer en las encuestas de opinión, ante el asombro de los encuestadores, y del propio equipo de Macri. A seis meses de la primera vuelta, los tiempos se aceleran en Argentina.
Twitter: @Gaspard_Estrada
*Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
