“Se borraron las evidencias y las historias de miles de personas, convirtiéndolas en cenizas, mientras tanto sus familiares se quedaron para siempre con incertidumbre”: Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2019. Sin ser identificados, mil 581 cuerpos fueron incinerados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Según un informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), las incineraciones fueron realizadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses entre 2006 y 2015 en una práctica que podría ser considerada como otra forma de desaparición forzada.
Anna Karolina, coordinadora del área de incidencia de Cepad, agregó que, además, sólo se tomaron pruebas genéticas a 803 cuerpos.
“La mayoría de los cuerpos incinerados nunca se encontrarán en ninguna base de datos genéticos, lo que significa que miles de familiares de personas desaparecidas son privados de la posibilidad de encontrar un día información sobre su ser querido”, reprochó.
“Se borraron las evidencias y las historias de miles de personas, convirtiéndolas en cenizas, mientras tanto sus familiares se quedaron para siempre con incertidumbre”.
Según la investigación de Cepad, los cuerpos convertidos a cenizas tuvieron tres destinos diferentes, sin que exista algún criterio al respecto.
Una parte es resguardada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, otro grupo de cuerpos fueron enviados a dos panteones y finalmente algunos fueron entregados a personas, sin que se tenga certeza de que realmente era su familiar desaparecido.
“La práctica de resguardo de cuerpos incinerados en una fosa común resulta sumamente preocupante, puesto que detrás de la incineración de un cuerpo de una persona no identificada se genera el siguiente proceso de desaparición: desaparición forzada”, planteó.
Karolina aseguró que las incineraciones fueron ilegales, contrarios a la Ley General de Salud o la Ley General de Víctimas, que expresamente prohíbe la incineración de restos de personas no identificadas.
Uno de estos casos es el de la hondureña Ana Enamorado, cuyo hijo Óscar Antonio López Enamorado desapareció en 2010 en Jalisco, quien denunció en 2013.
En febrero 2013 las autoridades hallaron un cuerpo colgado de un puente peatonal de Zapopan, y ante la posibilidad de que se tratara de su hijo, Ana pidió que se le practicaran pruebas de ADN, a lo que autoridades le dijeron que habían resultado negativas.
Sin embargo, años después su caso fue cerrado sin previo aviso, y al preguntar el motivo, el agente del Ministerio Público José de Jesús Contreras le dijo que ese mismo cuerpo sí era su hijo, aunque no le presentaron pruebas contundentes.
Al preguntar por el cuerpo, le dijeron que ya había sido incinerado y que no le habían practicado pruebas de ADN.
La única evidencia fue que la víctima era hondureña, pero Ana Enamorado no lo reconoce.
Texto: César Martínez / Agencia Reforma
Foto: Twitter
