El mes pasado, en su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto repitió la “verdad histórica” de la PGR en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años: que fueron cremados en el basurero de Cocula. Pero la ex fiscal colombiana Ángela María Buitrago –quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el caso–, lo desmiente: el Presidente “dice algo que desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió” y sus afirmaciones “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”.
Texto: Rafael Croda / Agencia Proceso
Foto: Cuaroscuro
Bogotá, Colombia. La abogada y ex fiscal colombiana Ángela María Buitrago está tan sorprendida como amplios sectores de mexicanos por las afirmaciones del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace cuatro años en Iguala fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No lo entiendo. Él dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió”, afirma Buitrago sobre las declaraciones del presidente respecto a lo ocurrido aquella noche en Iguala.
Y no lo entiende porque ella fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó durante un año la desaparición de los estudiantes y cuyas indagaciones desacreditaron la “verdad histórica” que ahora repite Peña Nieto: que una organización criminal incineró a los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
En entrevista, Buitrago sostiene que las afirmaciones de Peña Nieto “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”. Las contradice el material probatorio, sostiene. Y asegura que nadie puede llegar a una conclusión como la que formuló el Presidente “porque en la investigación y en los informes que él dijo que leyó, está claro que eso no pudo haber sucedido”.
Para la exintegrante del GIEI es “incomprensible” la insistencia de Peña Nieto en aferrarse a la “verdad histórica” que lanzó la Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2015, apenas cuatro meses después de la desaparición de los normalistas, y la cual fue para los padres de los estudiantes un intento de dar “carpetazo” al asunto.
El pasado 29 de agosto, en un mensaje con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, Peña Nieto afirmó que la PGR encontró “evidencias claras y contundentes” de que los 43 jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala fueron “incinerados por un grupo delincuencial (Guerreros Unidos) que operaba en el estado Guerrero”.
Días antes había dicho en una entrevista con Televisa que incluso en conversaciones y mensajes interceptados por autoridades estadunidenses a los jefes de Guerreros Unidos en Chicago el 27 de septiembre de 2014 y días después “se confirma qué hicieron con los estudiantes” pues esos delincuentes –según Peña Nieto– dijeron: “Los quemamos en el basurero”.
Buitrago refuta al mandatario y recuerda que en los mensajes interceptados en Estados Unidos los delincuentes “nunca dicen que (los normalistas) fueron quemados” y “lo único que preguntaban es quién tenía a los muchachos, quién se los llevo y dónde están”.
La doctora en derecho señala que las transcripciones de esas grabaciones, que las autoridades de Estados Unidos entregaron a la PGR, fueron mostradas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado y ella las conoció.
La CIDH, que fue la convocante del GIEI y que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue informada además por el gobierno mexicano de que las comunicaciones interceptadas en Chicago “confirmaron algo que ya sabíamos nosotros, que los muchachos fueron separados en dos grupos”, señala Buitrago.
“Sabemos que un grupo de estudiantes fue llevado a Huitzuco, que está en una dirección contraria al basurero de Cocula, y que la policía de Huitzuco está comprometida”, asegura. Además, agrega, todos los peritajes que se hicieron en el basurero de Cocula indican “que no se puede afirmar ninguna actividad de quema de 43 cuerpos”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó peritajes en el basurero de Cocula, también contradijo las afirmaciones de Peña Nieto al afirmar que en 18 meses de recolección y examen de evidencia física proveniente de ese sitio “no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014”.
Doble victimización
Buitrago viajará a México la semana que empieza para participar en los actos conmemorativos a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en una reunión con el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien anunció que se reabrirá el caso.
Los cinco integrantes del GIEI –Buitrago, la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz, el abogado colombiano Alejandro Valencia, el abogado chileno Francisco Cox y el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain–, participarán este miércoles 26 en un encuentro entre López Obrador y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Buitrago dice que los expertos del GIEI están “en la mejor disposición de colaborar con el próximo gobierno mexicano en lo que nos solicite para desarrollar una investigación tan compleja y dura como ésta”.
Considera que la decisión de López Obrador de reabrir el caso Ayotzinapa para buscar la verdad y la justicia que se les ha negado a los familiares de las víctimas durante cuatro años “es un tema de sanidad social”.
La abogada penalista y especialista en ciencias criminológicas considera que si este tipo de crímenes atroces no se resuelve, “la misma impunidad puede generar prácticas similares”.
Afirma que “la negación y la impunidad acaban generando más violencia, y por eso es sano ir hasta la médula en la investigación de estos casos”.
Llegar a la verdad, dice, permite a los países diseñar políticas preventivas y de control para salvaguardar derechos fundamentales.
En los últimos dos sexenios, en México han desaparecido unas 49 mil 500 personas, una cada dos horas en promedio, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. En Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza 80 mil 514 desaparecidos en los últimos 60 años, casi cuatro por día.
Buitrago dice que esa tragedia que viven los dos países sólo va a encontrar solución si se detectan y solucionan los factores que la provocan. Y por eso, agrega, es tan importante llegar a la verdad del caso Ayotzinapa.
Recuerda que la investigación de la PGR fue tan deficiente desde el principio, que el mismo gobierno mexicano aceptó que la CIDH creara un grupo de expertos que coadyuvara en las indagaciones, aun después de que el procurador general, Jesús Murillo Karam, lanzara la “verdad histórica”.
Según esta tesis, los normalistas fueron confundidos con integrantes de Los Rojos, un grupo rival de Guerreros Unidos, y por eso fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Señala que las evidencias que contradicen las afirmaciones del presidente no sólo son parte de la investigación del GIEI, sino que fueron la base del fallo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con base en Reynosa, Tamaulipas, que desacredita la investigación de la PGR y ordena crear una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa.
La ex fiscal colombiana recuerda que el tribunal federal determinó que los elementos probatorios que llevaron a la PGR a proclamar la “verdad histórica” son inexistentes, ya que los testimonios de los acusados se obtuvieron bajo tortura y violando derechos fundamentales.
La integrante del GIEI considera que la declaración del presidente es “revictimizante” para los padres de los estudiantes desaparecidos.
(En la imagen: La ex fiscal colombiana Ángela Buitrago fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Cuartoscuro / Archivo)
