
De 44 países, sólo 22 –encabezados por EU– aprovechan la Convención Anticohecho de la OCDE para investigar casos de corrupción internacional, como el de la brasileña Odebrecht.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Twitter @OECD
Ciudad de México, 12 de septiembre de 2018. México no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que se encuentra en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento de ese instrumento, reportó Transparencia Mexicana.
En un informe titulado “Exporting Corruption”, difundido en Berlín, la organización internacional concluyó que de 44 países analizados, sólo 22 -encabezados por Estados Unidos- aprovechan esta Convención para investigar casos de corrupción internacional, como el de la constructora brasileña Odebrecht.
La otra mitad, donde se encuentra México y países como Corea del Sur, Singapur, India, Rusia, Colombia, España y Turquía, tienen niveles de cumplimiento mínimo o nulo bajo esa convención internacional contra la corrupción.
“En el período 2014-2017, México abrió tres investigaciones, pero no (sancionó) casos. También hay investigaciones en curso en otros países sobre las actividades de dos empresas mexicanas”, señala el documento.
“Autoridades de Estados Unidos y Colombia investigan las actividades de Cementos Mexicanos (Cemex) en Colombia, y autoridades españolas investigan las actividades de Grupo México en España. Sin embargo, no hay investigaciones conocidas en México de las actividades en el exterior de esas dos compañías”.
La Convención Contra el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, que México ratificó en 1999, es un instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero.
Para Transparencia Mexicana, es preocupante el nivel de cumplimiento de México de esta Convención, pues es un instrumento que permite inhibir que las empresas nacionales o extranjeras participen en actos de corrupción en operaciones internacionales.
“Resulta difícil de comprender cómo después de casi 20 años el gobierno de México no ha sancionado a ninguna empresa internacional que ha sobornado a funcionarios mexicanos”, dijo a Reforma Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
¡Advierten falta de autonomía de la PGR!
El informe advierte que la Procuraduría General de la República carece de suficiente autonomía, por lo que propone modificar el artículo 102 de la Constitución para garantizar que sea independiente del Poder Ejecutivo.
“En México, la oficina del fiscal general (procurador general) carece de suficiente autonomía”, sentencia.
También recomienda nombrar al fiscal anticorrupción y a los magistrados anticorrupción; asegurarse que el Sistema Nacional Anticorrupción se implemente a nivel estatal; y dar más recursos y capacitación a la policía, para investigar casos de corrupción.
Asimismo, introducir mecanismos para garantizar que el Poder Judicial opere sin motivos políticos; instaurar mecanismos de nombramiento menos dependientes del Ejecutivo; y asegurar que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera empiecen a jugar un papel más activo en el combate a la corrupción en México y el extranjero.
Advierten falta de autonomía en futura Fiscalía
Y en la Ciudad de México, Transparencia Internacional advirtió en un informe sobre los niveles de cumplimiento de la Convención Anticohecho de la OCDE, que la Procuraduría General de la República carece de suficiente autonomía, por lo que propuso modificar el ArtÌculo 102 constitucional para garantizar que sea independiente del Poder Ejecutivo.
“En México, la oficina del procurador general carece de suficiente autonomía. (Y) a la nueva oficina del fiscal general, creada bajo las reformas constitucionales de 2014, no se le concedió suficiente autonomía.
“El nombramiento del fiscal general todavía necesita la aprobación ejecutiva y el Presidente puede aún eliminar al titular de la oficina. Recomendaciones: modificar el artículo 102 de la Constitución para garantizar que el Fiscal General sea independiente”, recalca el informe.
La organización también recomendó nombrar al fiscal y magistrados anticorrupción; asegurarse que el Sistema Nacional Anticorrupción se implemente a nivel estatal; dar más recursos y capacitación a la policía para investigar corrupción; y publicar más información sobre casos e investigaciones de corrupción en el portal de datos abiertos.
Asimismo, introducir mecanismos para garantizar que el Poder Judicial opere sin motivos políticos; instaurar mecanismos de nombramiento menos dependientes del Ejecutivo; y asegurar que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda empiecen a jugar un papel más activo en el combate a la corrupción en México y el extranjero.
El informe de Transparencia Internacional, difundido a nivel internacional, también cuestiona la falta de independencia del Poder Judicial, sobre todo en las entidades federativas.
“Los jueces estatales son altamente dependientes de la rama ejecutiva y carecen de recursos humanos y especialización. Hay una grave falta de independencia entre los jueces en los estados de México”, agrega el informe titulado “Exporting Corruption”.
“Con frecuencia se eliminan o nombran (jueces) debido a lazos con el gobernador del estado. A nivel federal, la independencia judicial es mucho más fuerte. Sin embargo, ha habido serias críticas a la falta de meritocracia y acusaciones de sistemático nepotismo”.
E periódico Reforma publicó hoy que el informe de Transparencia Internacional concluyó que México no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando la Convención Anticohecho de la OCDE, por lo que se encuentra en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento de ese instrumento.
En un comunicado, Transparencia Mexicana subrayó que lo que distingue a un país bien evaluado en el cumplimiento de la Convención Anticohecho de la OCDE, es el trabajo que realiza su Fiscalía para que al final de la investigación exista una sanción en firme aplicada por un juez.
“A casi 20 años de la ratificación en el Senado, esto nunca ha ocurrido”, criticó la organización.


