Ciudad de México, 15 de septiembre de 2023. Sicarios del Cártel de Sinaloa, quienes aseguraron ser del grupo liderado por el Mayo Zambada, tienen asediados a indígenas de la región Lacandona, ubicada en Ocosingo, en límites de Chiapas con Guatemala, de acuerdo con los propios pobladores.
A través de cartas y protestas multitudinarias, los habitantes, sobre todo de comunidades como Nueva Palestina, Lacanjá Chanyasab y Frontera Corozal, han denunciado en las últimas semanas que las extorsiones, amenazas y el narcotráfico se realizan bajo el cobijo de policías estatales, elementos federales y hasta ministeriales.
Ello motivó a que el 7 de septiembre miles de pobladores, entre agricultores, niños, mujeres, pequeños comerciantes y pobladores en general marcharan hacia la plaza central de Ocosingo con pancartas y gritos en contra de las amenazas.
“Estamos marchando y reclamando nuestros derechos a la vida, tranquilidad y paz”, exigieron.
“Queremos la presencia inmediata de la seguridad en Nueva Palestina, del Ejército Mexicano, de la Marina y la Guardia Nacional. Queremos paz”, “Fuera Cártel de Sinaloa, fuera crimen organizado, sí al Ejército”.
Ese mismo día, en la carta “Comunidad Lacandona bajo amenaza del Cártel de Sinaloa” dirigida al Presidente López Obrador se relató que, incluso, los sicarios tienen su base en el crucero del poblado San Javier, a 7 kilómetros de Nueva Palestina, y a unos cuantos metros de donde la Policía estatal tiene su caseta con elementos.
“En los últimos tres años, el territorio de la Comunidad Lacandona (Chiapas) ha sido literalmente invadido por la delincuencia organizada, que de forma impune, se ha ido apoderando cada vez más del control de su selva, abriendo pistas clandestinas para el trasiego de cocaína, controlando el tráfico de indocumentados, cobrando derecho de piso a pequeños comerciantes, así como cuotas a prestadores de servicios turísticos, realizando desalojoso forzosos de cientos de familias, desapareciendo personas y cometiendo feminicidios”, dice el escrito firmado por el poblador Chankín Kimbor Chambor 1, quien se autodenomina líder de Bienes Comunales de la región.
Ahí se relata que el 6 de septiembre se le envió el oficio al Presidente López Obrador solicitando su intervención, y que también, un día antes un comando de sicarios irrumpió en la oficina de la Comisaría para agredir a elementos de la Policía rural.
“Urge salvaguardar de inmediato la integridad y la vida de estas cuatro familias, del pueblo de la subcomunidad de Nuevo Palestina, que el crimen organizado sea expulsado del territorio lacandón, y que el gobierno federal del presidente AMLO, aplique con todo rigor el estado de derecho sobre esos impunes delincuentes y sobre los elementos de seguridad pública y fuerzas armadas que cobijan y encubren esta situación”.
Chankín Kimbor Chambor 1 añadió en entrevistas a medios locales que los pactos de autoridades con criminales son sabidos, pero nadie les ha hecho caso a sus llamados tras agravarse la ola de violencia en un territorio que es usado para el cruce de drogas y también la trata de personas, sobre todo de migrantes.
Afecta la violencia a la frontera sur
La narcoguerra en Chiapas acecha también a pobladores de la zona sur del estado.
Organizaciones civiles urgieron al gobierno una estrategia de “pacificación real” que ponga fin al enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia que en la región ha durado más de tres meses.
Este problema, advirtieron, inició el 23 de mayo tras la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, y es equiparable a una guerra, pues son constantes las detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados, expusieron.
En las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral.
Entre las organizaciones que exigen acciones efectivas están la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala-México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Texto: Staff / Agencia Reforma
