METALES PESADOS
Tryno Maldonado
La administración de Claudia Sheinbaum hereda y profundiza una crisis humanitaria que ha ido en aumento durante los sexenios pasados de todos los colores partidistas: la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México. Un fenómeno y una responsabilidad también del gobierno federal actual, ante los cuales la presidenta ha preferido guardar total silencio.
Según el balance anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el número de personas de entre 0 y 17 años que continuaban desaparecidas en el país aumentó 77.8 por ciento entre 2023 y 2024. Esta cifra no es un dato aislado, es el síntoma más grave de un proyecto de seguridad a todas luces fallido. Pero, además, puede leerse como una franca política de complicidad o aquiescencia ante un evidente juvenicidio en México. Una generación completa de jóvenes exterminada a la luz del día y la inacción de los gobiernos de todos los niveles.
La Redim, una coalición de organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo de documentación es fundamental para visibilizar esta emergencia, reportó recientemente que, en contraste con la disminución en delitos como el secuestro, las desapariciones son la mancha más oscura en el panorama de los derechos de la infancia. La tendencia no da señales de detenerse. De enero a junio de 2025, los delitos contra menores en general aumentaron 2.5 por ciento anual, con casos de corrupción de menores y lesiones que han alcanzado máximos históricos.
La desaparición de menores es una crisis nacional con epicentros claros. El Estado de México concentra uno de cada cinco casos a nivel nacional, con 4 mil 116 niñas, niños y adolescentes reportados. Le siguen Ciudad de México (8.9 por ciento, mil 628 casos) y Tamaulipas (8.6 por ciento, mil 578 casos). En conjunto, estas tres entidades reúnen dos de cada cinco desapariciones de menores en el país, según el registro actualizado al 5 de septiembre de 2025.
Esta violación a los derechos humanos afecta desproporcionadamente a las mujeres. Los datos oficiales revelan que dos de cada tres personas de 0 a 17 años registradas como desaparecidas en México son niñas y mujeres adolescentes (79 mil 187 de 118 mil 690 casos). A la misma fecha, también había más mujeres desaparecidas sin localizar (9 mil 366 frente a 8 mil 876 hombres). No obstante, entre las víctimas localizadas sin vida, la proporción se invierte: 804 hombres frente a 336 mujeres, lo que sugiere diferentes patrones de violencia según el género.
El contexto es una violencia estructural que tiene cómplices. Como ha señalado la columnista Belén Fernández del medio Al Jazeera, los grupos criminales “están usando a los cuerpos juveniles como aceite, como gasolina para mantener funcionando sus negocios”. Esta máquina de la desaparición opera con una impunidad que el Estado no ha podido o no ha querido desmantelar. La estrategia de seguridad del gobierno anterior, caracterizada por la militarización y la política de “abrazos, no balazos”, no sólo fue insuficiente, sino que permitió que los cárteles expandieran su control en simbiosis ya comprobada con el propio gobierno.
Sheinbaum se ha comprometido a continuar con el proyecto de su mentor Andrés Manuel López Obrador, y su protección incondicional, frente a una ciudadanía a la que ellos apelan como la base de su legitimidad electoral, pero que cada vez se muestra más escéptica. La seguridad fue una de las principales preocupaciones durante las elecciones más violentas de la historia moderna de México. Aunque la presidenta goza de aprobación, la desconfianza hacia su capacidad para resolver la crisis de seguridad y el problema del crimen organizado persiste y ya están dejando huellas y expandiéndose como un cáncer dentro de su propio partido.
Mientras el gobierno se concentra en otros frentes –como la austeridad y el oxímoron que implican los casos de corrupción y lujos dentro de sus filas–, los cuerpos no combatienes de las infancias mexicanas siguen siendo el combustible de una guerra no declarada. La desaparición de un menor no es un caso aislado, es la evidencia de un Estado que, al no buscar, al no encontrar, desaparece a las víctimas por segunda vez. Hasta que la máquina necropolítica no sea desmantelada, el país seguirá llenándose de fosas y de preguntas sin respuesta.
A 11 años del caso de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa continuamos exigiendo verdad y justicia.
