Denuncian que la Sedena, la Semar, la CNDH e incluso parte de la estructura de la Fiscalía General de la República no han aportado nueva información.
Chilpancingo, Guerrero, 18 de septiembre 2019. Padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, la lentitud de las instituciones a su cargo para avanzar en las pesquisas sobre los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, informó su representante, Melitón Ortega, en una reunión con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
Indicó que como parte de las acciones de la Jornada de lucha por verdad, justicia y con vida de los 43, a cinco años de desaparición forzada, están reuniéndose con organizaciones solidarias de todo el país para convocarlas a la marcha del 26 de septiembre en la Ciudad de México, e informarles de los diálogos con el gobierno federal para seguir organizados.
Informó que las liberaciones de 77 policías municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos implicados en los crímenes de Iguala, es resultado de las irregularidades desde el comienzo de la investigación en Guerrero, donde comenzaron los torturas de muchas personas que lograron salir de prisión, no obstante que el exgobernador Angel Aguirre Rivero defiende la investigación local.
Insistió en que hace mucho tiempo los expertos y abogados de los padres señalaron que si no se perfeccionaban las acusaciones con nuevos cargos contra las detenidos, se iba a caer el caso construido por la Procuraduría General de República (PGR -ahora FGR-) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
“Sabíamos que tarde o temprano se iba a caer el expediente, y nunca (los detenidos) ofrecieron nueva información porque ya sabían que terminaba el sexenio de Enrique Peña Nieto e iban a salir libres”, porque los funcionarios de procuración de justicia simularon y alteraron una escena del crimen.
Informó que los padres y madres se reunieron con el presidente en Palacio Nacional la semana pasada, y le dijeron que no quieren más simulación.
Precisó que hay avances, como el decreto presidencial del 3 de diciembre de 2018 que garantiza recursos financieros para la investigación, no oponer resistencias y la disposición de firmar convenios con organismos internacionales para el acompañamiento de la indagatoria.
Sin embargo, denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e incluso parte de la estructura de la ahora Fiscalía General de la República no han aportado nueva información.
Indicó que no han presentado a los militares que estuvieron presentes en los hechos del 26 y 27 de septiembre, y es ilógico que no haya ningún registro de las cámaras de seguridad en la vía pública ni en el Tribunal de Justicia de Iguala.
Además, la comisión presidencial de funcionarios de la Secretaría de Gobernación y padres de familia, apenas tiene dos meses constituida.
Insistió en que no quieren más engaños, sino respuestas concretas contra exfuncionarios federales y de Guerrero. Para ello, se firmó el compromiso de reunirse con el ejecutivo cada dos meses y la urgencia de reunirse con autoridades de la FGR. “Pedimos un trabajo coordinador de la Comisión presidencial y la FGR”.
Por otro lado, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz dijo que las liberaciones confirmaron la teatro montado por el ex procurador Jesús Murillo Karam y el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sin importar cinco años de sufrimiento de los familiares que esperan saber de los estudiantes desaparecidos.
Señaló que tampoco podrán avanzar “si la Suprema Corte de Justicia y la FGR siguen retardando las acciones y dando pasos hacia atrás. Para nosotros, los policías sí formaron parte de este crimen, hay videos de que los policías municipales se llevaron a los estudiantes”.
Un líder estudiantil denunció que en México no hay políticos castigados por crímenes ni actos de corrupción, porque la patria y la justicia le pertenece a unos pocos.
Los derechos no valen y la libertad de expresión se castiga con la muerte, y como ejemplo señaló el homicidio del activista de Amilcingo, Morelos, opositor a la termoeléctrica Samir Flores, ocurrido en febrero de este año.
En la actividad la universitaria Silvia Alemán denunció que la organización de jóvenes en la casa de estudios fue desarticulada por la administración central, “cada vez que ustedes hacían movilizaciones el rector (Javier Saldaña Almazán) cerraba escuelas”.
Denunció que quienes gobiernan la universidad no quieren estudiantes conscientes, organizados ni que se movilicen.
Respaldaron a los padres representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Comité de solidaridad con familiares de los caídos del 60.
Texto: Lourdes Chávez/ Foto: Jessica Torres Barrera
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