Texto: Apro y redacción El Sur / Fotos: Facebook
Toluca, Estado de México, 24 de abril de 2018. Cerca de 4 mil policías federales y estatales ingresaron a San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, para garantizar la continuidad de los trabajos del Tren Interurbano México-Toluca, pese a que el sobreseimiento del amparo 109/2018 se encuentra en queja y revisión.
Alrededor de las 8 horas de este martes, los uniformados se apostaron en la zona en litigio, a la altura del paraje conocido como El Pantano.
Los comuneros señalaron que se conducirán pacíficamente y no responderán a las provocaciones y a la violencia, y responsabilizaron al presidente Enrique Peña de cualquier agresión, detención, levantón o desaparición de opositores al proyecto que, subrayaron, tiene muchas irregularidades.
Santiago Pérez, abogado de los pobladores que resultarían afectados con la construcción del tren, anticipó que esta tarde acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para interponer una queja por violación a las garantías originales de la comunidad otomí de San Jerónimo Acazulco, y demandar la presencia permanente de observadores para asegurar que no haya excesos en el uso de la fuerza pública.
El representante jurídico de mil 300 campesinos lamentó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recurriera a la policía porque se le acabaron las palabras y los argumentos para convencer al pueblo.
De igual manera, recordó que el uso de la fuerza pública ya había sido solicitado por esa dependencia al Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, pero éste lo denegó por falta de elementos.
“Todo lo quieren reducir a un pago de 110 millones (de pesos), pero se trata de mucho más que eso: establecer un plan integral sustentable para salvaguardar el oro blanco, el agua, y el oro verde, los bosques, que son los que dotan de oxígeno y recursos hídricos a los valles de México y Toluca”, expuso.
Pérez Alvarado convocó a los diputados federales para que analicen las demandas de los afectados y medien en la solución del conflicto. “Queremos agua, tierra, libertad, dignidad. Nuestra causa es noble”, lanzó.
Sobre la construcción del ferrocarril en un tramo de 172 mil metros cuadrados, manifestó que se trata de “una obra faraónica injusta; de nada sirve un tren elevado si genera pobreza, desabasto de agua potable, afecta la flora, la fauna, y las costumbres y calidad de vida del pueblo”.
Mala planeación de SCT detrás de retrasos en Tren Interurbano, acusan comuneros del Edomex
Comuneros de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, rechazaron que el Tren Interurbano México-Toluca sufra retraso por su causa, como acusa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y advirtieron que la obra no concluirá en los tiempos previstos debido a que fue mal planeada técnica, social y ambientalmente.
“Que no intenten confundir… Que no culpen a los comuneros del problema que ellos originaron”, alertó Santiago Pérez, representante legal de los campesinos afectados en esa localidad y en San Juan Copanoaya.
El abogado indicó que la obra se encuentra suspendida, primero por decisión de un juez; y después porque el sobreseimiento del amparo 109/2018 por parte del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales fue recurrido ante el Tribunal Colegiado Tercero de Distrito con sede en Naucalpan, a través de la queja correspondiente.
“Por lo tanto, la modificación (el sobreseimiento) con la quiere ampararse (la SCT) no le alcanza para meterse”, expuso.
También aclaró que los trabajos no se encuentran al 84%, como la dependencia afirma, pues ni siquiera se ha concluido el taller ni el paso de trenes, están pendientes la primera estación denominada Pino Suárez, la segunda de Avenida Tecnológico, y tan sólo para construir la de San Pedro Tultepec harían falta al menos 20 días, según admiten los propios técnicos encargados de los trabajos.
Pérez Alvarado reconoció que existe el decreto expropiatorio de 1943 en que se escuda la SCT, pero nunca fue ejecutado, como consta en el Registro Agrario Nacional; tampoco se indemnizó a los afectados.
La secretaría justifica la ocupación de 172 mil 292.47 metros cuadrados en la firma de un convenio con la representación comunal el 16 de octubre de 2015, pero se ocuparon 42 mil metros más, mientras por los establecidos apenas hubo una compensación.
El litigante aclaró que los comuneros no están en contra del proyecto, sino de las injusticias, del incumplimiento por parte de la ferroviaria La Peninsular, y de la afectación al territorio, la flora, la fauna y el agua.
“Queremos agua y desarrollo, no dinero”, se advierte en un par de mantas desplegadas por integrantes de la comunidad indígena otomí de Acazulco en el centro de la capital mexiquense.
Acompañado por algunos comuneros, Santiago Pérez convocó a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones, a un diálogo abierto con los comuneros, mediado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, admitió que lejos de la intención de dialogar, los funcionarios han recurrido a las amenazas, de tal manera que incluso han solicitado al juez permiso para usar la fuerza pública.
Por esta razón, adelantaron la promoción, a más tardar el miércoles próximo, de una queja ante la CNDH; y desde este lunes 23 el inicio de una caravana de diagnóstico, con sociedad civil organizada y universidades, a lo largo de la obra, desde el municipio de Zinacantepec hasta Observatorio en la Ciudad de México.
La SCT emitió el viernes 20 un comunicado para acusar que “la interferencia del grupo de quejosos ha provocado un retraso que, hasta la fecha, es ya de tres meses”, lo que impedirá concluir el Interurbano en mayo, como se había estipulado.
La SCT afirma que el amparo les fue negado a los comuneros
En un comunicado difundido a través de la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pasado 20 de abril, la dependencia afirma que las obras del Tren Interurbano Toluca-México están suspendidas desde el pasado 10 de enero por un grupo de comuneros de San Jerónimo Acazulco y de Santa María Tepezoyuca a quienes se indemnizó debidamente por sus terrenos, y que por tanto, el amparo está sobreseído.
“4. Pese a haber sido indemnizado, este mismo grupo interpuso un amparo el pasado 19 de enero, procedimiento que fue sobreseído el 22 de marzo de 2018 por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.”
Ver comunicado aquí: https://www.gob.mx/sct/es/prensa/impiden-continuar-con-trabajos-del-tren-interurbano-mexico-toluca
Los comuneros dicen que “mi tierra no se vende”
Por otra parte, Daniel Juárez, comunero de las localidades mencionadas, mediante un comunicado en Facebook, afirma que su representante legal, Santiago Pérez Alvarado, “manifestó que el juicio de amparo 109/18 seguía en curso y que en uno de los acuerdos decía que la SCT no podía ingresar la fuerza publica (sic) (policía) para poder continuar con los trabajos de construcción del Tren interurbano México-Toluca, este abogado se comprometió ante todos nosotros a que esto no sucedería. […]
muchos no saben que el gobierno federal ha abierto diferentes carpetas de investigación contra nuestro pueblo por oposiciones a construcciones de carácter federal, solo están esperando una oportunidad para poder detener a diferentes personas que están involucradas en estas carpetas de investigación, hoy precisamente se puede dar esa situación, ya que por la madrugada llegaron una gran cantidad de elementos de seguridad del Estado de México […] entonces como es posible que este abogado tarado nos haya mentido diciendo que no podía entra la fuerza pública y hoy llega la policía a apoyar para que la SCT siga con los trabajos, […] a costa de nuestra principal fuente de trabajo, […] Yo no estaré a favor de que lucren con la tierra de mi pueblo querido… MI TIERRA NO SE VENDE. [sic].”
