
Según la Segob, la lluvia que cayó entre el 14 y 16 de septiembre de 2013 fue de tal magnitud que sólo ocurre cada mil años. Habla de La Pintada, en la sierra de Atoyac, como el municipio más afectado por las 71 muertes que se reportaron. Las pérdidas fueron estimadas en 23 mil 441 millones de pesos, equivalente al 10.8% del PIB de Guerrero
Acapulco, Guerrero, 15 de septiembre de 2023. El huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel afectaron 10 mil 497 viviendas en Guerrero y 105 personas murieron, pero 10 años después ningún funcionario ha sido sancionado por la construcción de fraccionamientos en zonas de alto riesgo.
Entre el 14 y 16 de septiembre de 2013 cayó una gran cantidad de agua que, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación (Segob), una lluvia torrencial de tal magnitud sólo ocurre cada mil años.
Los daños y las pérdidas fueron estimados en 23 mil 441 millones de pesos, equivalente al 10.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Guerrero, que se colocó como el estado más afectado por los fenómenos hidrometeorológicos de 2013 en el país.

El municipio más perjudicado por los decesos fue Atoyac, tan sólo en la comunidad de La Pintada se reportaron 71 muertes, 68 por ciento eran hombres y 32 por ciento mujeres. Unos 40 mil turistas quedaron varados en aquel puente por el Día de la Independencia.
La Segob declaró en desastre a los 81 municipios que conformaban el estado porque la interacción de Ingrid y Manuel originó “uno de los mayores desastres de la época contemporánea del estado y del país”, dice el documento Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en 2013, que publica cada año el Cenapred.
También resultaron dañadas 510 escuelas, 114 de sostenimiento estatal, entre ellas 41 telesecundarias y 26 preparatorias, y 396 escuelas federales, de las cuales 135 eran jardines de niños. El monto de daños ascendió a 2 mil 377 millones de pesos, la región de la Montaña concentró el 39 por ciento, la Costa Grande el 21.6 por ciento, la zona Centro el 19.1 por ciento y Acapulco el 8.6 por ciento.
Asimismo, 35 unidades de salud fueron afectadas, y estos daños resultaron un gasto de 47.6 millones de pesos. La Montaña repitió como la región más afectada con seis unidades de salud dañadas y un monto de 13.5 millones de pesos.
En cuanto a los sectores productivos, 55 mil 781 hectáreas de cultivos fueron afectadas, principalmente de frijol, jamaica, calabaza, arroz, café y mango. La cifra de productores perjudicados ascendió a 60 mil 531.
El 95 por ciento de las carreteras federales presentaron al menos una afectación y 6 de 10 puentes colapsaron. Las carreteras que más recibieron inversión para la reconstrucción fueron la Chilpancingo-Acapulco, la Chilpancingo-Acatlán de Osorio, la Cuernavaca-Chilpancingo y la Acapulco-Zihuatanejo-Ciudad Altamirano, enlista el Cenapred.
La ocupación hotelera en aquel fin de semana de septiembre de 2013 era de 75 por ciento, y 40 mil turistas quedaron varados ante la inhabilitación de la Autopista del Sol por una semana y la falta de operación del aeropuerto de Acapulco.
Fueron 67 municipios los que presentaron daños en la infraestructura de agua potable y alcantarillado y 10 mil 497 viviendas sufrieron algún tipo de afectación: el 38 por ciento requirió una reconstrucción total, el 21 por ciento la reubicación, el 25 por ciento tuvieron daños “parciales” y el 16 por ciento daños “menores”.

Acapulco, Ajuchitlán del Progreso, Chilpancingo y Tixtla sumaron 4 mil 257 viviendas afectadas, es decir, el 40 por ciento del total del estado. Fueron 962 millones de pesos invertidos en las afectaciones de viviendas, la reposición de enseres y el empleo temporal para que las mismas familias pudieran limpiar su casa.
El Cenapred concluye que el huracán Manuel será recordado como uno de los mayores desastres naturales de Guerrero y México y señala que “una gran cantidad de agua, que de acuerdo con los especialistas ocurre cada mil años, cayó sobre uno de los estados con los mayores índices de pobreza y marginación, características propias para que se haya materializado el desastre”.
Además, apunta, los “efectos de Manuel en diversas zonas de Acapulco vinieron a vislumbrar la falta de planeación del territorio sin un análisis de riesgo que permitiera evaluar las consecuencias. Diversos fraccionamientos de distintas clases socioeconómicas resultaron inundados, al ser construidos en eminentes zonas de riesgos. La construcción de los fraccionamientos fue autorizada por el mismo municipio en diferentes administraciones”.
El 20 de octubre de 2013 la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno de Enrique Peña Nieto, anunció un informe de responsabilidades por los daños causados por Ingrid y Manuel que sería dado a conocer en los siguientes días, con datos sobre los predios expropiados para regularizar asentamientos humanos, los conjuntos habitacionales, las zonas de riesgo y los tipos de uso de suelo. Nunca se conoció tal documento.
Al año siguiente, siendo aún gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador Iñaki Blanco informó que más de 50 ex funcionarios estatales y municipales declararon ante la Procuraduría General del Estado (hoy FGE) por los daños del septiembre de 2013 y se iban a definir los ilícitos por los permisos de cambio de uso de suelo, emitidos en las administraciones de Zeferino Torreblanca Galindo, Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio, los tres alcaldes perredistas, y del priista Manuel Añorve Baños.
El único funcionario que alguna vez fue sancionado es Héctor Vicario Castrejón, quien fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por 10 años desde agosto de 2017 debido a la “negligencia administrativa” cuando era delegado estatal de la Sedatu en 2013. En marzo de 2018, ya como presidente del Congreso local, el legislador priista aseguró que la resolución de la SFP fue revocada.
Texto: Ramón Gracida


