Informa la directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, que la madre de la víctima hizo la solicitud en enero tras descubrir que fue violentada por su padre, pero es hasta hoy, después de cinco meses que personal del nosocomio está buscando a la menor para colocarle la pulsera roja como señal de embarazo de alto riesgo
Chilpancingo, Guerrero, 29 de junio de 2023. La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim) y peticionaria de la Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, Marina Reyna Aguilar, denunció que en el Hospital General de Atoyac, personal objetor de conciencia inhibió el acceso a la interrupción de un embarazo a una niña de 13 años, que solicitó en enero la mamá de la víctima.
Reprochó que, pese a la responsabilidad de la Secretaría de Salud para evaluar y dar seguimiento a la segunda Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado (declarada para garantizar el aborto seguro en Guerrero), no hay un monitoreo ni supervisión en los hospitales de que se atienda a las víctimas conforme a los protocolos.
Vía telefónica desde Atoyac, advirtió que hoy, después de cinco meses que el hospital conoció el caso, personal médico está buscando a la niña para colocarle la pulsera roja como señal de embarazo de alto riesgo, pues tras desalentar el procedimiento, no hubo ningún acompañamiento.
También denunció la falta de actuaciones del ministerio público, porque al descubrir que el padrastro había violentado a la niña, la mamá también presentó la demanda penal y es la fecha en que el agresor sigue libre.
Incluso, supo que estableció contacto con la víctima en su propio domicilio mientras la mamá se encontraba trabajando.
La defensora, subrayó que el problema no es aislado, porque Guerrero tiene el primer lugar de niñas madres, con una tasa de fecundidad de 2.99 nacimientos por cada mil niñas menores de 15 años, de acuerdo con las cifras del 2000 del Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo), el equivalente a 518 niñas madres el año pasado.
Señaló que el caso de Atoyac es un reflejo de lo que enfrentan las víctimas en todo el estado cuando van a las instituciones, pues el año pasado y el anterior conocieron varios sucesos, y sin intervención de las organizaciones civiles habrían sido invisibilizadas. Uno es de 2022, de una niña indígena en el hospital general de Chilpancingo.
“Encontramos este caso muy lamentable en la Costa Grande, en Atoyac, donde el personal de atención médica no está actuando como debiera ser. Por un lado, el gobierno estatal informa que está cumpliendo con acciones para fortalecer, para atender esta reforma que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas, por otro lado, encontramos objetores de conciencia, protegidos por sus superiores, sin supervisión para que hagan bien su trabajo”.
Reyna Aguilar denunció que tras conocer las arbitrariedades que enfrentó la niña y su mamá en el hospital, llamó al responsable estatal del Componente de Aborto Seguro y Violencia de Género de la Secretaría de Salud que insistía en que la situación no era así, que ya tenían el consentimiento firmado de la niña (como si fuera una adulta) de continuar el embarazo, y de sus padres, sin saber que el papá también es un agresor que ni siquiera se presentó en el seguimiento.
Pero en una entrevista con las afectadas, supo que en el hospital, el personal ofreció ayudar a buscar personas interesadas en adoptar. Reconoció que con un embarazo avanzado, ahora la mamá teme que su hija muera en una interrupción, también de saber que el parto será de alto riesgo.
“Es cierto que hay un marco legal que garantiza los derechos de niñas y adolescentes a interrumpir el embarazo, máxime cuando es producto de una violación, pero los objetores de conciencia en los centros hospitalarios impiden el ejercicio de este derecho, sino es por convencimiento, dejan correr el tiempo de manera dolosa para que el embarazo avance y la familia desista por temores que les inculcan, de que la víctima percerá la vida”.
Aclaró que ayer tuvo contacto con la Procuraduría de la Niña y el Niño del DIF, que les dijo que está tomando cartas en el asunto por la integridad de la víctima.
La defensora pidió procedimientos administrativos y de reparación de daño a las víctimas, a consecuencia del personal que no actúa de acuerdo con sus obligaciones.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo-Jesús Eduardo Guerrero
