En la audiencia de ayer se desahogó el testimonio de los dos policías que detuvieron a Aurelia y se evidenciaron múltiples irregularidades, informa la abogada Verónica Garzón. Dijo que la jueza, Mariela Soraya Alfaro Zapata, determinó debe seguir en prisión preventiva durante el proceso porque “es un riesgo para su comunidad por el delito que cometió”
Chilpancingo, Guerrero, 22 de noviembre de 2022. Este lunes inició la audiencia de juicio oral por el caso de la indígena nahua, Aurelia, de Xochicalco, municipio de Chilapa, presa por el delito de homicidio en razón de parentesco (aborto), a pesar de que el embarazo fue resultado de una violación, y el parto en condiciones precarias y estando sola.
La indígena, cuando tenía 19 años fue víctima de violencia sexual por un hombre 20 años mayor que ella y como resultado tuvo un embarazo no deseado y después de perder el producto fue detenida.
En declaraciones por teléfono a las 10 de la noche, cuando terminó la audiencia que se realizó en la sala 2 de juicio oral de Ciudad Judicial de Iguala, la abogada Verónica Garzón, quien lleva su caso, informó que en la audiencia de ayer se desahogaron las testimoniales de los dos policías de investigación que la detuvieron. Agregó que en ellas se evidenciaron múltiples irregularidades que se cometieron con su detención.
“Quedó bastante evidente que básicamente se inventaron todo. Dijeron que había sido en flagrancia y que la detuvieron por un supuesto señalamiento que habría realizado la tía de Aurelia, quien en ningún momento estuvo en el momento de los hechos”, explicó la abogada Garzón.
Contó que de acuerdo a las testimoniales de los agentes, al momento de la detención tampoco se evidenció que hubo intérprete presente, que Aurelia no entendió lo que le explicaron, que los policías tampoco se aseguraron que estuviera plenamente consciente y segura del por qué la estaban deteniendo.
“Además, quedó en evidencia que no hablaron respecto a su estado de salud para saber si estaba en condición adecuada para entender todo lo que estaba sucediendo; la hicieron firmar su carta de derechos sin una interprete nahua presente”, agregó.
Insistió: “se evidenciaron múltiples violaciones a sus derechos humanos como mujer indígena y la detención arbitraria a la que fue sujeta”.
La abogada Garzón informó que la audiencia de juicio oral va a continuar este martes a partir de las 11 de la mañana.
Se quejó que a pesar de que un juez anterior había determinado que ayer se cumplía el término máximo que señala la Constitución para el vencimiento de la prisión preventiva, la jueza de juicio oral que resolvió ayer, Mariela Soraya Alfaro Zapata, determinó que Aurelia debe seguir en prisión preventiva porque “no tiene recursos económicos y el delito por el que está siendo acusada es grave y tiene una penalidad alta, que, además, (la víctima) se trataba de un menor de edad y que (la acusada) “es un riesgo para su comunidad por el delito que cometió”.
La defensora de la indígena, quien se dijo bastante molesta por lo que determinó la jueza Alfaro Zapata, recordó que de por sí ya se había hecho un ajuste “completamente ilegal” del tiempo para la prisión preventiva de Aurelia, porque se supone que el tiempo máximo es de dos años y ya lleva tres, casi cuatro.
Dijo que para el ajuste se argumentó el tiempo de apelación y porque sus abogadas estuvieron metiendo recursos en su defensa, ello, insistió, a pesar de que los jueces anteriores habían resuelto que a partir de ayer ya no tendría que estar en prisión preventiva.
“Nos parece una cosa grave, su resolución (de la jueza Alfaro Zapata) fue completamente inconstitucional y no tuvo base de nada, ya la Corte (de Justicia de la Nación) ha señalado que la gravedad del delito no es causa suficiente para la prisión preventiva, sobre todo cuando ya se pasaron de los dos años y ya van casi para cuatro años, pero la jueza argumentó que es una mujer indígena, que no tiene recursos, que la cárcel le ha quitado casi todo y que es un riesgo para su comunidad de la que ella es originaria”.
La abogada insistió que por esas mismas razones este lunes le negaron a Aurelia el cambio de medida cautelar, es decir que seguirá en prisión preventiva hasta que termine su proceso penal.
Explicó que este martes la audiencia será de tres horas y que continuará la próxima semana, hasta cuando se sabrá si se determina su auto de libertad.
En julio de 2021 Aurelia fue sentenciada a 13 años y 4 meses de prisión por su supuesta participación en el delito de homicidio en razón de parentesco.
Entonces, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que da seguimiento a su caso, denunció que Aurelia no tuvo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ni la posibilidad de interrumpir su embarazo de manera libre y segura.
El organismo adujo que el parto sucedió cuando se encontraba sola, sin asistencia médica de ningún tipo y en condiciones insalubres y al ser encontrada por un familiar fue llevada con un médico, pero en lugar de atenderla conforme a la NOM-046, le impusieron un implante anticonceptivo sin su consentimiento y la esposaron en el mismo hospital, para después trasladarla al reclusorio, en donde se encuentra actualmente detenida.
Gracias al acompañamiento del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Aurelia y sus abogadas defensoras Verónica Garzón y Ximena Ugarte, ganaron la apelación con la cual se revirtió la sentencia condenatoria y se ordenó reponer el procedimiento por haber encontrado graves violaciones a sus derechos humanos durante el procedimiento.
La resolución, fue dictada el 18 de enero de 2022 por la Magistrada Indalecia Pacheco León, de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Iguala.
En su resolución, la magistrada reconoció que Aurelia fue juzgada ante un sistema jurídico “al que ella no pertenece y cuyas reglas no comprende”.
Entonces el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia solicitó al Poder Judicial del estado que en todos los casos en que se encuentren involucradas niñas y mujeres indígenas, juzgue con perspectiva de género e intercultural bajo los estándares previstos por esta sentencia y que la reposición del procedimiento de Aurelia cumpla con estos parámetros, garantizando la más estricta protección de sus Derechos Humanos.
Asimismo pidió al poder Legislativo del estado que cumpla con sus obligaciones convencionales y apruebe la iniciativa presentada el pasado 12 de enero de 2022, “con el objetivo de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en esa entidad y garantice la no repetición de casos como el de Aurelia.
Texto: Zacarías Cervantes
