Exigen audiencia con el director y la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Denuncian abuso de poder de los directivos y custodios, y de integrantes de grupos criminales
Chilpancingo, Guerrero, 2 de julio de 2024. Unas 30 internas del penal de Chilpancingo se instalaron este lunes una huelga de hambre, para demandar una audiencia con el director y la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para terminar con la corrupción, el abuso de poder de los directivos y custodios, y el cese a la violación de los derechos humanos.
También exigen el saneamiento de las instalaciones debido a que en la última semana hubo dos casos de dengue y temen que se propague, además, según denunciaron en un escrito, hay una plaga de chinches y cucarachas.
Las condiciones del penal fueron denunciadas mediante una llamada telefónica a reporteros de la interna Jackelin Pérez Sánchez y en un documento que los internos hicieron llegar vía WhatsApp a los medios de comunicación.
Pérez Sánchez, Jackie Pérez, a quien las autoridades vincularon al grupo criminal de Los Tlacos y en junio del 2022 fue detenida imputada por el ataque con un coche bomba en Xaltianguis, Acapulco, y la relacionaron con páginas que hacían apología del delito y relacionadas con dicha organización, denunció ayer por teléfono las diversas irregularidades dentro del reclusorio.
“Somos más de 30 mujeres las que vamos a entrar en huelga de hambre hasta que venga el director general (de los penales en la entidad) y nos dé la cara el director del Cereso, Isidro Bartolo Morales. Nos están mencionando que el director no está el día lunes, cuando se supone que hoy debe estar realizando sus labores”, denunció.
Pérez Sánchez informó que desde hace algún tiempo les están suspendiendo las visitas familiares y sus derechos laborales y las autoridades del penal se niegan a llegar a un acuerdo intercarcelario.
Aclaró que la protesta de ayer no era un motín, simplemente una manera de exigir su derecho de audiencia.
Los acuerdos intercarcelarios, de a acuerdo a la vocera de las presas, son: Que se les reanuden las visitas conyugales dos días a la semana, que les reanuden las visitas normales de sus familiares los sábados y domingos, que a las mujeres se les permita trabajar en las distintas actividades dentro del penal porque no cuentan con dinero “y de qué manera quieren que comamos”, cuestionó.
Indicó que son más de 30 mujeres las que están pidiendo una audiencia con el director del penal y para presionar a partir de ayer iniciarían una huelga de hambre.
También exigió servicio médico “porque cuando solicitamos consulta, solamente nos dan paracetamol o galletitas y nos dicen que nos las comamos con un té y nos recomiendan caminar para que se nos baje el estrés”.
Demandó, además, el saneamiento de las instalaciones porque dijo que se han presentado casos de salmonelosis. Dijo que ella misma tuvo principios de salmonelosis, pagó el estudio y compró los medicamentos, “porque el Cereso jamás me dio la atención médica”.
Informó que también en la última semana se han presentado dos casos de dengue, “pero todo lo tienen oculto”.
En tanto que las celdas y dormitorios están infectadas de cucarachas y chinches, “y no han permitido pasar insecticida”.
Ante el riesgo de que sufra represalias, le llegue a pasar algo, o la trasladen a otro penal del estado derivado de su denuncia pública, hizo responsable al director Bartolo Morales y a la jefa del jurídico, Mariana Elizabeth Hernández Bautista.
Solicitó que acuda el director general a reunirse con los inconformes, en vez de que intenten ejercer represalias, pues dijo que cuando alguno de los internos se insubordina, luego lo acusan de motín y lo trasladan a otro penal.
Refirió que sus demandas son justas, sobre todo que se reanuden las visitas de sus familiares, “porque no puede pasar un hermano o un tío, tiene que ser familiares directos”, dijo y explicó que en su caso ya no cuenta con sus padres y que su tía es la única que podría llevarle el sustento al penal”.
Por separado, presas y presos del mismo penal solicitaron en un escrito fechado el 29 de junio pasado, la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la Contraloría del Gobierno del estado, de la dirección General de Centros Penitenciarios del estado, y de la Comisión de Derechos Humanos del estado, para que se realice una “revisión a fondo” de las condiciones del penal.
“Existe una violación a los derechos físicos, de salud, económicos, conyugales, familiares de los internos e internas por parte de las autoridades que están a cargo de las áreas administrativas y de guardia y custodia de dicho Cereso”, refieren en su escrito.
De acuerdo al documento la encargada del área jurídica Mariana Elizabeth Hernández Bautista tiene relaciones sentimentales con un interno, y derivado de ello “quiere el control de todas las áreas para restringir actividades”, mientras que el encargado de despacho de la dirección, Isidro Bartolo Morales “no ha concedido audiencias desde su llegada”, denuncian sin precisar la fecha.
Señalan al directivo de irregulares “abusando de su poder y por influencia de la jurídico actúa a su conveniencia y el abuso por parte de los guardias está desde el jefe de seguridad que también actúa a mandato de la jurídico”.
Denuncian que el suministro de agua potable a sus celdas es “a cuenta gotas” y tienen que pagar cinco pesos, en tanto que la de garrafón se las venden a 25 pesos, “y los precios de la tienda del Crédito y del área femenil tienen un 15 por cierto arriba del precio comercial”.
Además, de acuerdo a su denuncia, no les permiten a sus familiares ingresar productos que se venden dentro de la institución; “la encargada del área de contaduría, Yajaira Nava Millán en contubernio con el director y la jurídico hacen negocio redondo, cayendo en el delito de enriquecimiento ilícito”.
Denuncian que los aparatos celulares que son decomisados son ingresados por los mismos custodios o custodias, quienes después de que los decomisan los vuelven a vender a otros internos “haciendo un negocio redondo”.
Se quejan de que han enviado muchas solicitudes de audiencia al director o responsable de la dirección y no han tenido respuesta.
Denuncian que no pueden hacer las denuncias de manera formal por las represalias, “nos dicen que nos van a trasladar a otros penales o que vamos a ser desaparecidos”.
“El abuso de poder por parte del personal de custodia se ha dado entre todos los internos y han sido agresiones verbales, físicas y sicológicas”.
Finalmente, claman: “Apelamos a que usted Gobernadora Evelin Salgado Pineda, pedimos que se conduzca bajo los principios de anticorrupción, respecto y moralidad, de los cuales pregona el Presidente de la República”.
Le solicitan que “levanta la veda de las visitas que están restringidas a sus familiares directos, y la mayoría de los internos e internas no son visitados por no contar con ello, pero sí tienen familia y amigos que quieren verlos y apoyarlos económicamente y emocionalmente, lo cual ayudaría a su estado emocional y reinserción”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
