Afirma que es legítima y posible bajo lo previsto en tratados internacionales, además de que hay sustento constitucional, convencional y legal para crear la Comisión de la Verdad y la Justicia.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Foto: EFE
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2018. Un tribunal federal de Reynosa insistió hoy en que no hay imposibilidad jurídica para crear una Comisión de la Verdad y la Justicia que investigue de nuevo la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito revocó el fallo de un tribunal unitario, que en julio pasado declaró imposible crear la Comisión porque se violan las facultades constitucionales del Ministerio Público (MP).
El propio Tribunal colegiado fue el que desde junio ordenó la Comisión, al conceder cuatro amparos a supuestos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro y quema de los normalistas.
La Procuraduría General de la República y el Poder Ejecutivo en general han rechazado tajantemente la Comisión, que según el diseño del Tribunal colegiado, estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el Ministerio Público como mero auxiliar.
“No se ve de qué modo esa situación pueda afectar a la institución ministerial, como lo sugiere el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, ya que se trata de medidas encaminadas a arribar a la verdad, y la intención de la PGR, es precisamente el esclarecimiento de los hechos, así como la persecución de los responsables”, afirmó el Tribunal colegiado.
También aclaró que no hay, por ahora, incumplimiento inexcusable de los amparos, por lo que no remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, única que podría imponer sanciones por dicho incumplimiento.
El pasado 3 de agosto, el presidente de la Corte, Luis Maria Aguilar Morales, advirtió que será el máximo tribunal el que determine si es excusable o no el eventual incumplimiento de estos amparos.
Por ahora, el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa tendrá que volver a requerir a las autoridades que cumplan las sentencias e inicie funciones la Comisión.
Sólo si se mantiene el desacato de las autoridades, el caso tendrá que llegar a la Corte mediante incidente de inejecución de sentencia.
El Tribunal colegiado afirmó hoy jueves que la creación de la Comisión es legítima y posible bajo lo previsto en tratados internacionales.
“Existe sustento constitucional, convencional y legal para su creación”, sostuvieron los tres magistrados. “No se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena; se debe privilegiar la solución de los conflictos, sobre los formalismos procedimentales”, agregó.
El gobierno sostiene que los amparos violan la Constitución, que faculta sólo al MP para investigar los delitos, y que el Tribunal colegiado excedió lo que plantearon los quejosos en esos juicios.
Los únicos actos reclamados en estos amparos, fueron autos de formal prisión por delincuencia organizada contra los presuntos sicarios de Guerreros Unidos.
En su acuerdo de agosto, el ministro Aguilar Morales detallo que la Corte es la que tiene facultad para revisar las sentencias del Tribunal colegiado y determinar si hubo excesos de los magistrados.
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