La Comisión de la Verdad podrá acceder a instalaciones militares de siete estados, incluyendo la de Guerrero, desde donde se ordenaron operaciones clandestinas o se recluyó ilegalmente a perseguidos políticos. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritan familiares de víctimas cuando se anuncia que se honrará a militares que posiblemente participaron en el hecho de represión
Ciudad de México, 22 de junio de 2022. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitirá que integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990 revisen sus instalaciones y acceda a sus archivos relacionados con la llamada “guerra sucia”.
En un acto realizado en el Campo Militar número 1 y ante familiares de desaparecidos de la guerra sucia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la instrucción es que no se oculte nada, que toda la información con la que cuente el Ejército sea puesta a disposición de la Comisión.
“Estamos en un acto muy fuertemente y muy lleno de significado y de dolor, pero también es un acto de esperanza, es un acto, para buscar entre todos cerrar una etapa negra, de dolor y sufrimiento y dar inicio a una etapa nueva”, expresó.
Sin embargo, el presidente dijo que la responsabilidad última de los actos realizados por el Ejército es de las autoridades civiles, pues finalmente los soldados solamente recibieron órdenes.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que la Comisión y la Sedena acordaron un plan para que los investigadores accedan a instalaciones militares en la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Estado de México, donde se ordenaron operaciones clandestinas o bien se recluyó ilegalmente a perseguidos políticos.
“Este programa de trabajo considera, entre otros, los siguientes puntos: en primer lugar, realizar acciones de reconocimiento, búsqueda e investigaciones en los lugares e instalaciones militares en los que se presuma se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, cómo este Campo Militar número Uno, donde existen diversos testimonios como un lugar donde fueron cometidas diversos tipos de violaciones”, detalló.
La Comisión, añadió, también entrevistará a militares activos o en retiro que tengan información sobre los hechos.
El secretario de la Densa Nacional, Luis Cresencio Nacional, dijo que este acuerdo da cuenta del compromiso de las Fuerzas Armadas con la reconciliación, el derecho a la verdad, la transparencia y la apertura.
Ante un grupo de militares presentes entre el público, Sandoval dijo que el Ejército siempre ha estado subordinado al poder civil y que fue el Estado en su conjunto el que en los 60, 70 y 80 decidió retomar acciones para preservar la seguridad.
En esos hechos, dijo, lamentablemente hubo personas que fueron víctimas de acciones que se apartaron de la legalidad.
El Ejército sostuvo, también sufrió la pérdida de elementos que participaron en aquellos años para buscar preservar la seguridad y la estabilidad del país, por lo que también es justo recordarlos.
Cuando Sandoval informó que López Obrador autorizó que se inscribiera en el muro de los caídos los nombres de los militares que perdieron la vida en aquellos hechos, familiares de los desaparecidos sacaron pancartas y comenzaron a gritar consignas.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, repitieron al tiempo que el General daba gravedad a su voz para mantener el discurso.
Al final del acto, los familiares manifestaron su inconformidad de que se haya elegido el acto para anunciar que se hará un homenaje a los militares muertos en aquellos años.
“Es agraviante pensar que puedan poner en el mismo nivel a los familiares y los caídos de un lado y de otro. La disparidad del poder fue lo que oprimió y desapareció y mató a muchísima personas en ese tiempo”, dijo Tania Ramírez Hernández, hija de Rafael Ramírez Duarte, visto por última vez aquí en el Campo Militar.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Presidencia
