Debe haber una política integral, de diálogos y concientización para cambiar una mala práctica que ha sido cultural, señalan Marina Reyna Aguilar y Viridiana Gutiérrez Sotelo
Chilpancingo, Guerrero, 2 de septiembre de 2022. Las peticionarias de las Alertas de Violencia de Género por Violencia Feminicida y Agravio Comparado, Marina Reyna Aguilar y Viridiana Gutiérrez Sotelo, calificaron de insuficiente la acción punitiva para erradicar los matrimonios forzados, que propuso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda como parte de su agenda legislativa.
Coincidieron en que debe haber una política integral, diálogos y concientización para cambiar una mala práctica que ha sido cultural.
“Creo que se tendrá que hacer mucha conciencia. ¿Porque a quién van a encarcelar, a los padres de las partes? Porque hay quien da y quién recibe el acuerdo monetario o en especie. A veces las autoridades comunitarias también están participando”.
Gutierrez Sotelo añadió que los asesinatos de mujeres siguen altos pese a que aumenten las penas de feminicidio, “el reto enorme está en la aplicación de estas leyes, y sin una política de atención, prevención, las sanciones tienen poca efectividad”. Pero entiende que es una petición de algunos sectores.
En consulta telefónica, Reyna Aguilar reconoció la propuesta de elevar a delito lo relacionado a matrimonios forzados, sin embargo, para su aplicación, las instituciones tendrían que trabajar en el cambio cultural.
“Nos llama la atención lo que está proponiendo la gobernadora, porque en este sexenio se han viralizado casos que busca erradicar tipificando el delito de ‘cohabitación forzada’, ¿pero cómo lo van a trabajar?”.
Señaló que hay un programa de sensibilización en algunos municipios con organizaciones sociales, sin embargo, falta trabajar más con la ciudadanía.
“Creo que hay otras cosas que se tienen que observar, que no están en este paquete, como la armonización de las leyes estatales con las nacionales relacionadas con la Ley general de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, no sólo en el Código Penal”.
Gutiérrez Sotelo opinó que es necesario conciliar la iniciativa de reforma penal con otros preceptos, porque desde hace mucho tiempo se sabe que ninguna ley está por encima de un derecho humano, y no se ha cumplido.
Enfatizó que se tomen en cuenta a las comunidades que tienen usos y costumbres dañinos, antes de legislar, aunque atienda una promesa de campaña.
“Es positivo, pero deben ser tomadas en cuenta las víctimas, hace unas semanas en el foro en Tlapa con autoridades estatales y federales, mencioné que no se ha escuchado a las víctimas, a menos que lo estén haciendo en privado”.
Advirtió que no existe una ruta de atención para quienes ahora mismo están siendo víctimas, “me parece que debe haber más diálogo con todas las partes porque es un asunto muy complejo y la punitividad no es el único camino para resolver el problema que está combinado con otros factores, culturales, de marginación y pobreza.
Además, indicó que no es un asunto focalizado, como se está abordando hoy por las autoridades.
Aseguró que, por la migración han identificado uniones o matrimonios forzados en Acapulco y comunidades afromexicanas como Cuajinicuilapa.
“Creo que es un comienzo, pero no sólo condenando prácticas tóxicas es como pueden erradicarse, si difícilmente la FGE investiga con perspectiva de género los asesinatos de mujeres”, denunció.
Texto: Lourdes Chávez
