Chilpancingo, Guerrero, 31 de marzo de 2025. El integrante del comité técnico para la elaboración de la reforma federal indígena y afromexicana, Marcos Matías Alonso, calificó de insustanciales las críticas del diputado local Aristoteles Tito Arroyo y el ex legislador federal Carlos de Jesús Alejandro, quienes fijaron una postura contra el dictamen aprobado, por considerar que no se tomó en cuenta la consulta libre e informada.
El pasado 26 de marzo, el Congreso local aprobó la armonización en la Constitución local de la reforma federal en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, la cual los reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esta reforma es criticada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) por no incluir la justicia indígena.
El ex diputado federal y activista por los derechos de los pueblos originarios, Carlos de Jesús Alejandro, también fijó una postura en contra, en sus redes sociales, donde destacó que no fueron consultados.
“¿Y cuándo se realizó la consulta previa, libre e informada, con pertinencia cultural, de buena fe, y a través de las instituciones comunitarias, con la suficiente cobertura regional y tiempos de los pueblos indígenas y afromexicano?”, indicó Carlos de Jesús Alejandro.
Por estos comentarios, en decla-raciones vía telefónica, Matías Alonso defendió la reforma federal y aseguró que no hay necesidad de consulta.
“Ya hubo consultas para esa reforma constitucional de 2024, que se realizaron desde 2018 y 2019. Tenemos actas acuerdos y firmas de comisarios, entonces no es impugnable y me sorprende mucho que Tito y Carlos estén cuestionando la armonización del Congreso local. Ellos deben de saber que se hizo en los mismo términos de la reforma aprobada en 2024”.
Matías Alonso reveló que Tito Arroyo y Jesús Alejandro pretenden impugnar la reforma aprobada por el Congreso local porque no fue sometida a consulta, lo que consideró inviable y aseguró que derivado del dictamen aprobado en 2024 ya hay acciones que garantizan los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
“(Las críticas) no tienen ninguna legalidad ni legitimidad, porque ellos deben de saber que cuando un Congreso local armoniza su legislación no es impugnable. No hay ningún mecanismo ni procedimiento que permita pensar que pueda progresar una impugnación. Ahora, toda esta alegría que se ve de los pueblos indígenas, pues sería una locura que Carlos de Jesús o Tito traten de colocar una impugnación que no va a progresar”.
Uno de los principales puntos positivos que mencionó fue que ya iniciaron los trabajos para que a las comunidades y pueblos indígenas y afro se les entregue un presupuesto de manera directa, sin pasar por el gobierno estatal o los ayuntamientos, para que lo inviertan en obra pública, salud y educación.
Matías Alonso explicó que desde la federación se destinará un presupuesto de alrededor de 12 mil millones de pesos para los pueblos y comunidades indígenas y afros, de los cuales, se espera 900 millones se destinen a Guerrero.
Sobre las críticas que hizo la CRAC, Matías Alonso consideró que sus propuestas podrán ser discutidas en las consultas que habrá para analizar y discutir la Ley en Materia Indígena, que se creó como una ley secundaria a la reforma constitucional.
“Todo el tema de la jurisdicción indígena, de tierras y defensa del territorio, que son los temas medulares que pudieran ser los más débiles, en la ley indígena que estamos terminando y que se pondrá a consideración de la con-sulta, trae muchísimos mecanismos para la protección de los recursos naturales, de la tierra, de los territorios, derivado de la misma reforma y pronto aquí en Guerrero se abrirán esas consultas para iniciar la discusión de la jurisdicción indígenas, sistemas normativos y gobiernos”.
Texto: José Miguel Sánchez
