Ciudad de México, 4 de julio de 2022. Por orden judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) investigará el posible tráfico ilegal de perfiles genéticos de una empresa con la que tuvo tratos y de la que es accionista un primo del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Se trata de la compañía ADN México-Central ADN, que en mayo de 2017 recibió ilegalmente una base de datos de 49 mil registros de esta naturaleza de parte del entonces Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro.
Al condenar a Cabrera a 3 años de prisión y a una multa de 3 mil 19 pesos, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a la FGR ampliar las investigaciones contra todos los implicados en este caso en el que hasta hoy sólo se ha procedido contra el sentenciado.
“Se instruye a la FGR a que continúe con la carpeta de investigación contra las demás personas relacionadas con la transmisión y la mercantilización de la información de tipo genético”, dijo el juez constituido como tribunal de enjuiciamiento.
“Al sentenciado no se le puede responsabilizar del uso posterior que se le dio a esta información”.
El ex Comisionado fue hallado culpable de haber proporcionado 49 mil registros genéticos a ADN México-Central ADN de la entonces Comisión Nacional de Seguridad (Conase), en 2017.
La información, dio por acreditado el juez, la proporcionó Cabrera en una memoria USB a Mariana García Sosa, directora comercial de Genética Forense de ADN.
Esta semana, cuando García Sosa compareció ante el tribunal de enjuiciamiento, declaró en una audiencia que su empresa ingresó dos computadoras a las oficinas de la Coordinación de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR).
Tenían datos de cinco estados
En la audiencia donde se dictó sentencia a al ex comisionado Roberto Cabrera, se dio a conocer que Mariana García Sosa recabó registros genéticos de desaparecidos en cinco entidades
Su empresa ADN México-Central ADN recibió datos de perfiles genéticos de fiscalías y dependencias de Coahuila, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz.
Óscar Maca Viesca y Aracely Magdalena Rodríguez Nava, activistas y padres de desaparecidos, declararon que García Sosa pidió esas bases de registros genéticos a las Fiscalías y dependencias de los estados.
Agregaron que la representante de ADN, con laboratorios en Morelia, le pagó viajes a Mazatlán a los deudos; acopió ilegalmente la información genética; perdió al menos una memoria USB con dichos registros y, cuando hizo confrontas e identificó a desaparecidos, no lo informó a sus familiares.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma
