No hay registro de la distribución de casi 100 mil costales, lo que implicaría un daño patrimonial por 127 millones de pesos, informa la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Ciudad de México, 20 de febrero de 2020. El órgano interno de control de la Secretaría de Agricultura investiga la desaparición de casi 100 mil costales de semilla de maíz que debieron distribuirse a campesinos el año pasado.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que la diferencia entre el número de sacos comprados y los distribuidos en Guerrero del Programa Nacional de fertilizante que arrancó en 2018 Guerrero, podría constituir un faltante o daño patrimonial por 127 millones de pesos.
“Se desconoce dónde se encuentran 95 mil 965 sacos, cerca del 35 por ciento del total. Esto podría constituir un daño al erario por 127 millones de pesos, aproximadamente”, se lee en el documento presentado por la funcionaria en conferencia de prensa ayer en Palacio Nacional.
Sandoval explicó que, en el 2019, se compraron 275 mil 200 sacos de maíz, pero sólo se entregaron 171 mil 200 sacos a los beneficiarios del programa de la Secretaría.
“Entonces hay un diferencial muy pronunciado que debe de aclararse y si no se aclara dónde quedó este diferencial de casos comprados y entregados, estaríamos hablando de un daño al erario por más de 127 millones de pesos, lo cual, además del monto es una inmoralidad muy grande porque son semillas que necesitaban los campesinos”, dijo.
A esas irregularidades se suman 91 millones de pesos de “contratos en exceso” que fueron pagados por la compra de fertilizantes.
En la conferencia mañanera del 12 de febrero, López Obrador informó que la SFP investigaría a los funcionarios que estuvieron al frente del Programa Nacional de Fertilizante para identificar posibles actos de corrupción y de comprobarse, los responsables irían a la cárcel, en respuesta al reportero de La Razón que denunció sobreprecios en la compra de los bultos de fertilizante y semilla, y el almacenamiento de 932 tonelada que no se repartieron.
Según aquella denuncia, las irregularidades continuaban en 2020 porque para este año se adquirió semilla de maíz tuxpeño a la asociación civil Semilleros Mexicanos Unidos, por un monto de 189 millones de pesos, que representa un sobreprecio de 36 millones de pesos.
Ayer, la secretaria explicó que, en la asignación de los contratos, hubo una deficiente investigación de mercado, ya que los estudios “no fueron los mejores” para identificar a los proveedores.
“En particular se descubrió en estas visitas de inspección que en dos contratos se excedieron los montos de compra previstos en la contratación, por alrededor de 91 millones de pesos”, aseveró.
En la indagatoria también se detectó que servidores públicos de alto nivel realizaron procesos deficientes en la adquisición de fertilizantes, debido a que una de las empresas a la que se adjudicó uno de los principales contratos no cumplió con lo establecido en las bases de licitación.
“Ello, evidentemente, implica una responsabilidad administrativa, ya que esto tenía que apegarse a las bases propias de la licitación”, señaló.
Sandoval informó que, para el periodo 2019, la SFP realizó 266 auditorías en recursos de Bienestar y Recursos Renovables, a 33 instituciones.
Detalló que se aplicaron 27 actos de fiscalización a la Sader, que derivaron en 130 observaciones y en dos visitas de inspección a los programas de fertilizantes y semillas.
“Gracias a esto, estamos descubriendo, lamentablemente, algunas deficiencias en el programa y, en su momento pertinente, darán lugar al inicio de la asignación de responsabilidades administrativas por lo que desde ahora ya vemos como presuntas irregularidades”, agregó.
Texto: Redacción, con información de Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
