El Gobernador de Michoacán criticó que superdelegados implementados por López Obrador no tienen experiencia en la seguridad pública y tampoco cuentan con certificación de confianza para este trabajo.
Ciudad de México, 3 de diciembre de 2018. Con una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Gobierno de Michoacán rechazará las injerencias en materia de seguridad del superdelegado federal en la entidad Roberto Pantoja Arzola, así como de los coordinadores regionales.
Las reuniones que pretenden instaurar estas nuevas figuras contraviene al Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se dicta que éstos sólo estarán para dirigir programas sociales, recriminó el gobernador Silvano Aureoles.
“Es evidente que hay una invasión competencial y que el titular del Ejecutivo, el Gobierno del Estado, está obligado a defender el federalismo y el ámbito competencial. De no hacerlo, estaría yo incurriendo en una omisión ante una clara violación al pacto Federal, una invasión de facultades y garantizar en consecuencia la supremacía constitucional”, dijo en rueda de prensa.
“Vamos a interponer la controversia constitucional ante la SCJN por dos razones fundamentales: es mi responsabilidad velar por el pacto federal y las facultades que me confieren el ser una autoridad electa en las urnas y, por el otro lado, es la defensa de un derecho y una defensa del derecho de Michoacán como parte de la Federación”.
Criticó que las nuevas autoridades implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tienen experiencia en la seguridad pública y tampoco cuentan con certificación de confianza para este trabajo.
“No participará nadie del Gobierno del Estado en estas convocatorias que están haciendo estos supuestos coordinadores regionales. Cualquier autoridad que tenga injerencia en el tema de seguridad deber· contar con los exámenes de control y confianza, que hasta la fecha no sabemos nada”, advirtió.
La reunión a la que asistió ayer fue por cortesía, dijo, pero no volverá a estar en ninguna otra hasta que no se resuelva jurídicamente el asunto.
La decisión no va de la mano con la responsabilidad del Estado de seguir coordinándose con la Marina, Ejército, Policía Federal (PF), PGR y los cuerpos de seguridad estatales, concluyó.
Texto: Óscar Alejandro Hernández Uscanga / Agencia Reforma / Foto: @Silvano_A (Twitter)
