Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
La Fiscalía del Estado de Guerrero urdió el entramado legaloide para confinar en el penal de Almoloya de Juárez al defensor comunitario Jesús Plácido Galindo. Fue un operativo aparatoso en el que participó la Secretaría de Gobernación que se encargó de brindar todas las facilidades para que Jesús fuera recluido en un penal federal, en Almoloya de Juárez, donde purgan sus penas los delincuentes de alta peligrosidad. El Ejército brindó la protección para que más de 40 policías ministeriales encapu-chados detuvieran a Jesús Plácido. La Fuerza Aérea Mexicana proporcionó un helicóptero para el traslado de Jesús al penal de máxima seguridad. La dirección de comunicación del estado se encargó de difundir la versión de que Jesús Plácido estaba acusado sin pruebas de delincuencia organizada, homicidio calificado y secuestro. Se trató de difamarlo y presentarlo ante la opinión pública como un delincuente peligroso, violando el principio de presunción de inocencia.
El 23 de julio el juez de control Celso Ubaldo de la Sancha lo vinculó a proceso a pesar de que los dos testimonios que presentó la Fiscalía eran endebles. Lo acusó de ser el autor intelectual del asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, indígena nahua de la comunidad de Xicotlán.
La defensa solicitó al juez la nulidad de las entrevistas rendidas por las víctimas y un testigo que falleció en el 2022. Las tres personas no contaron con perito intérprete a pesar de que manifestaron ser de una comunidad indígena. En la entrevista con la hija del finado ésta no estuvo acompañada por la asesora jurídica de la CEAV. Los documentos lo confirman porque no aparecen los datos generales de la licenciada tampoco su firma al margen y al calce. La supuesta entrevista que que realizó el Ministerio Público al testigo Marcos Campos pierde todo su valor porque el señor ya había fallecido. La defensa demostró que la CURP que se encuentra en su credencial de elector (que se encuentra agregada a su entrevista) ya estaba dada de baja por defunción. Con su acta que se descargó en el portal del Registro Civil se demostró que el señor Marcos fue asesinado el 7 de mayo de 2022. La misma Fiscalía abrió una carpeta de investigación por este homicidio. Lo más grave de esta prueba falaz es que le falsificaron la firma al señor Marcos, como se puede cotejar con la firma de su credencial de elector. La misma entrevista que supuestamente le realizó el Ministerio Público al testigo no se encuentra dentro del sistema electrónico de control de averiguaciones previa (Secav). Las entrevistas no tienen el sello de la Fiscalía, no cuentan con el código de seguridad, tampoco con la fecha y la hora en que se realizaron. Todas estas inconsistencias demuestran que los datos de prueba recabados por la Fiscalía del estado se obtuvieron de manera ilícita. Por lo mismo deben excluirse y anularse, sin embargo, el juez desatendió este requerimiento.
Es importante recordar que el Mecanismo Federal de Protección a Defensores dependiente de la Secretaría de Gobernación le otorgó medidas cautelares a Jesús Plácido Galindo el 4 de enero de 2021. Desde esa fecha Jesús solicitaba el acompañamiento policial y de la Guardia Nacional cuando viajaba a la región de Chilapa. Sus familiares cuentan con fotografía de algunas visitas que Jesús realizó en ese año. Además el mecanismo cuenta con las bitácoras que dan cuenta de los servicios otorgados a Jesús en cuanto al acompañamiento de los cuerpos de seguridad. El mismo mecanismo de protección a través de la Dirección de Evaluación de Riesgos solicitó el 9 de julio de 2025 al fiscal general Zipacná Jesús Torres que le informara si en la Fiscalía General del Estado existía alguna carpeta de investigación o averiguación previa relacionada con Jesús Plácido Galindo. El 7 de agosto de ese mismo año la Fiscalía envió un oficio donde informa que después de una revisión minuciosa de sus archivos, en sus bases de datos y en las fiscalías regionales que no habían encontrado expedientes donde Jesús es víctima de algún delito, más bien informó que habían encontrado carpetas de investigación donde aparece como imputado.
Se trata de cuatro carpetas con las siguientes fechas: 15 de febrero de 2024, 16 de julio de 2024, 7 de mayo de 2024 y 16 de julio del mismo año. Lo que quiere decir que por lo menos hasta el 7 de agosto de 2025 solo esas carpetas existían en los archivos de la Fiscalía. Es otra prueba más, con documentos de la misma Fiscalía, que la denuncia interpuesta por homicidio calificado contra el señor José Pablo Xanteco Bartolo, no existía. Por lo tanto, es un expediente que recientemente se armó, como se corrobora con el testimonio de Josefina, la hija del difunto, que lo presentó en el mes de junio del presente año.
Sin embargo, uno de los compañeros de Jesús Plácido ha declarado que José Pablo Xanteco cayó en la cárcel por el delito de violación contra una mujer de la comunidad de Atzacoaloya. “En ese entonces yo también estaba en la cárcel del Amate Amarillo, y nos contaba que temía salir porque ya lo estaban esperando Los Ardillos porque la señora que violó es de Atzacoaloya, territorio de Los Ardillos. El expediente está ahí, el gobierno sabe que cometió ese delito porque estuvo ocho años en la cárcel, pero han distorsionado todo y ahora están culpando al compañero Jesús Plácido, y la hija de José Pablo Xanteco, está obligada por Los Ardillos a denunciarlo”, ha declarado uno de los integrantes del CIPOG-EZ.
Quedan evidenciadas las autoridades del estado y federales que se confabularon para arremeter contra Jesús Plácido, un defensor comunitario del pueblo ñu savi que se atrevió a denunciar la colusión que existe entre autoridades municipales con el crimen organizado que controla la Montaña baja de Guerrero. Su denuncia sin tapujos le costó muy caro porque lo dejaron incomunicado de su familia, no le permitieron que tuviera una defensa adecuada y mandaron un mensaje a los luchadores sociales que se atreven a increpar a los gobernantes por sus malas actuaciones, que aplicarán de manera facciosa la ley para acallarlos y doblegarlos.
Los compañeros del CIPOG-EZ se han manifestado para exigir su liberación inmediata. La comunidad de Buenavista de donde es su familia también se ha organizado para respaldar a Jesús a quien vieron crecer junto a su padre Cirino y su tío Bruno, quien fue asesinado en las instalaciones de la Secretaria de Salud en Chilpancingo, cuando acompañaba a las autoridades de su pueblo.
Jesús creció en las asambleas donde aprendió a escuchar y hablar en favor de las comunidades indígenas. “Los indígenas también podemos hablar con las autoridades y gritar para que se respeten nuestros derechos”, solía decirle a su esposa. La discriminación, la pobreza y el olvido de los gobiernos lo padeció en carne propia. Cuando su papá se iba a organizar a los pueblos, Jesús sembraba maíz, frijol, calabaza y trabajaba en la elaboración de la panela. En muchas ocasiones también lo acompañaba y así fue como aprendió a luchar y no permitir ninguna injusticia.
Por eso se fue a realizar asambleas desde 2014 en las comunidades nahuas de la Montaña baja para contener la avalancha de la violencia de los grupos delincuenciales. Las autoridades estatales nunca elaboraron acciones para disminuir la violencia a pesar de los asesinos y desapariciones de mujeres, hombres y niños. Jesús Plácido siempre denunció el asedio delincuencial y las tropelías de los gobiernos municipales y estatales.
Entre las denuncias más sentidas que hizo llegar con fuerza a las autoridades fue la seguridad en las comunidades indígenas. Habló del grave fenómeno que se ha acentuado en el país, como la desaparición de personas que ahora se ha extendido en las regiones indígenas donde la ley no se aplica y se permite con los grupos de la delincuencia tomen el control de las poblaciones.
La osadía de Jesús Plácido al denunciar los ataques de la delincuencia incomodó a las autoridades, por eso el gobierno inició una campaña de linchamiento haciendo aparecer a Jesús como parte de un grupo de la delincuencia. Empezó a ser perseguido al punto de querer vender el discurso de que el defensor ñu savi recibía dinero ilícito, logrando que la Unidad de Inteligencia Financiera congelara su cuenta.
Los pobladores de Buenavista afirman que Jesús Plácido buscaba beneficios para la comu-nidad. Mientras que habitantes de Tula han dicho que gracias a la CRAC-PF y al Cipog-EZ los delincuentes pudieron ser retenidos durante los ataques. “No confiamos en el gobierno. Ahora por defender y pedir apoyo encerraron a Jesús Plácido, el gobierno encarcela a los que estamos luchando por el pueblo”.
Las inconformidades son más grandes que las soluciones. Después de la violencia contra las comunidades nahuas de la Montaña Baja se esperaba que se desplegaran elementos castrenses y policiacos suficientes y la Fiscalía detuviera a los agresores. Sin embargo, las quejas de los pobladores subrayan que no tienen confianza para volver a sus pueblos, a pesar de que hay algunas patrullas de la Guardia Nacional. Las más de 800 personas desplazadas continúan con la esperanza de regresar a sus hogares con la certeza de que no habrá más ataques, pero se desvanecen las ilusiones con el actuar reprobable de las instituciones que, lejos de castigar a los generadores de violencia, tuercen la justicia, siendo Jesús Plácido víctima de un delito fabricado.
