
Chilpancingo, Guerrero, a 15 de agosto de 2025.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), judicializó en el último año cuatro casos por delitos electorales, concluyó tres casos con sanciones a funcionarios y dirigentes partidistas y tiene seis casos en proceso, próximos a judicializarse, según informó el fiscal especial, Miguel Ángel Guizado Jaimes.
Sobre los cuatro casos judicializados, uno está en proceso de apelación; dos en amparo y uno ya fue vinculado a proceso por un juez de control.
De tres primeros casos, y para no interferir en el debido proceso, no se informó sobre el fondo de los asuntos. Mientras que la vinculación a proceso, que fue pública, fue contra el ex alcalde de Ometepec, el priista Efrén Adame Montalván, acusado de presuntamente utilizar dinero público con fines electorales en el 2021, junto con dos colaboradores de su administración.
Sobre los casos tres casos que ya concluyeron, nueve personas fueron sancionadas y corresponden a un caso del 2018 contra funcionarios electorales “por su omisión en su actuar, lo cual afectó una elección municipal”.
Además de otro caso en donde el partido local ya desaparecido México Avanza registró en las elecciones del 2024, como candidato a regidor a una persona fallecida, en donde ya se interpusieron las sanciones correspondientes.
El tercer caso es uno donde la dirigencia del PAN registró a una persona a un cargo de elección sin su consentimiento en la elección del 2024 “vulnerando un derecho político-electoral”. Dicho caso ya se resolvió y se llegó a un acuerdo entre las partes.
Otros seis, de los cuales por el debido proceso no pueden hacerse públicos aún, están en proceso de investigación y pendientes de judicializarse.
“Estamos en puerta de judicializar estas carpetas, de los cuales no puedo dar mayores detalles por el sigilo de la investigación, pero próximamente estaremos dando a conocer estos resultados, derivado de las pasadas elecciones del 2024”.
Otro caso es un juicio de procedencia que la FEDE solicitó al Congreso local desde el 2023 en contra de un servidor público con fuero, el cual aún no se resuelve por parte del legislativo. Aunque este es uno distinto al juicio de procedencia contra un alcalde acusado del presunto delito de extorsión.
“Las carpetas en las que hemos tenido éxito han sido principalmente en las que nos dan vista los órganos electorales o federales, porque vienen robustecidas en los propios expedientes, que es diferente cuando viene una denuncia de una persona, algún ciudadano o candidato, porque no nos aportan muchos elementos o porque en alguna etapa del proceso ya no les interesa y ya no coadyuvan con esta Fiscalía”, explicó sobre los casos el fiscal.
“Nosotros no vemos colores ni partidos, nosotros vemos lesiones, o presuntas lesiones a la Ley Electoral, a la Ley Penal Electoral, por lo cual buscamos que se obtenga justicia para inhibir estas conductas y que se respete el adecuado sistema de la función pública electoral”, agregó.
Aunque el fiscal evitó decir nombres, el pasado miércoles el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, criticó que actualmente sólo se acusan a políticos de la oposición y no del partido en el poder.
Texto: José Miguel Sánchez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero


