Los hechos por los que se le acusa a la ex titular de Sedesol deben ser sancionados por la vía administrativa y no penal, determinó el juez, quien advirtió que la fiscalía puede apelar
Ciudad de México, 25 de febrero de 2023. Después de tres años y medio, un juez federal absolvió a Rosario Robles en el proceso de la Estafa Maestra, al concluir que los hechos que le atribuyeron no son delito y deben ser sancionados por la vía administrativa.
El juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat argumentó que, conforme a los lineamientos del amparo que otorgó un tribunal colegiado a la ex funcionaria, en este asunto se debe aplicar una norma administrativa y no la penal.
“Los hechos atribuidos a María del Rosario Robles Berlanga en el auto de vinculación a proceso estimo que debe optarse por aplicar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, sentenció el juez.
“Considero que se tiene por acreditada la causal de sobreseimiento, lo cual tiene efectos de sentencia absolutoria; esto pone fin al procedimiento, tiene efectos de sentencia absolutoria e inhibe la persecución penal por el mismo hecho”.
Como consecuencia, el juzgador ordenó cancelar las medidas cautelares impuestas a Robles, es decir, presentación periódica, la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del país.
Paredes precisó que su sentencia no es definitiva, porque la Fiscalía General de la República puede presentar un recurso de apelación.
“Eso es lo bello de los tribunales”, dijo el juez, provocando risas en la sala de audiencias.
El impartidor de justicia explicó que su veredicto se basa en la interpretación más favorable a los derechos humanos de la ex funcionaria (principios de interpretación conforme y pro persona), en cumplimento a las obligaciones del Estado mexicano con los tratados internacionales.
“No tengo rencor”, dice la ex secretaria de Desarrollo Social
Al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Rosario Robles dijo que el fallo a su favor en el caso de la “estafa maestra” demuestra su inocencia y aseguró que no guarda ningún rencor contra quienes la mantuvieron procesada tres años y medio de su vida, tres de ellos en la cárcel.
“Se demuestra después de más de tres años que tenía la razón, de que soy inocente, siempre di la cara, viví la injusticia en carne propia tres años y ahora me tocará seguir luchando por muchas mujeres que conocí, que sin tener la capacidad de voz y la atención que he tenido de parte de todos ustedes, me tocará hablar por ellas”, dijo.
–¿Va a presentar alguna demanda para resarcir el daño ocasionado? –se le cuestionó.
“Todo eso lo vamos a platicar con los abogados, como dijo el juez, esto todavía evidentemente hay procedimientos que habrán de desahogarse, pero seguimos confiando plenamente en el Poder Judicial”, respondió.
–¿Qué opinas de la actuación de la FGR y del Gobierno Federal?, se le preguntó.
“Como lo dije desde siempre, no tengo resentimientos ni rencores”, afirmó.
Contra Robles existe todavía una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, librada por un juez federal del Estado de México.
Si bien hace un año la ex funcionaria consiguió una suspensión, este tipo de protección judicial legalmente no impide ejecutar la captura cuando se trata de un delito con prisión preventiva de oficio, como en este caso es la delincuencia organizada.
“Tengo ya la suspensión definitiva y creo que los hechos caen por su propio peso”, dijo Robles al respecto.
La FGR anuncia que iniciará carpeta de investigación contra el juez
La Fiscalía General de la República anunció esta tarde que no sólo presentará una queja administrativa contra el juez federal que hoy absolvió a Rosario Robles, sino que también le iniciará una carpeta de investigación para proceder penalmente por emitir un fallo contra la ley.
En un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero dijo que procederá contra Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien sentenció que las conductas que le atribuyeron a la ex funcionaria deben sancionarse por la vía administrativa y no la penal.
“Ahora, en el caso de la determinación tomada este día por el Juez Federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat del Reclusorio Sur, de sobreseer a favor de Rosario “R”, con la misma se está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos; razón por la cual se inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente”, dijo la FGR.
“Independientemente de que se apelará la resolución, no se puede permitir la violación a los principios legales y a la justicia más elemental”.
De acuerdo con la Fiscalía, cuando una conducta irregular está prevista en dos leyes, cada una de esas normas debe aplicarse independientemente de la otra; y así lo dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118.
Dicho apartado señala que las sanciones establecidas en esta Ley son independientes de las sanciones civiles, mercantiles, políticas y penales.
“Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes”, dice el apartado.
Recordó que este criterio había sido aplicado y ratificado hasta ahora por los jueces de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y Ganther Alejandro Villar Ceballos, anteriormente responsables del proceso, y la magistrada Michele Franco González.
Paredes es el segundo juez al que en las últimas tres semanas la FGR le abre una investigación, por dictar un fallo en favor de los imputados en la Estafa Maestra.
El pasado 1 de febrero otro juez, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó no vincular a proceso a Ramón Sosamontes, ex jefe de Oficina de Robles, de una contratación ilegal de 203 millones de pesos.
Al igual que ahora, la FGR respondió al día siguiente que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez y también le iniciaría una carpeta de investigación por delitos contra la administración de la justicia.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma
