La nueva normatividad fue impulsada por el gobierno federal y aprobada en fast track por el Senado en su última sesión del periodo de sesiones en abril
Ciudad de México, 2 de junio de 2023. Un juez federal concedió ayer la primera suspensión parcial contra la reforma a la Ley Minera, impulsada por el gobierno federal y aprobada en fast track por el Senado en su última sesión del periodo de sesiones en abril.
Ulises Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, otorgó a First Majestic Plata una suspensión provisional contra el artículo quinto transitorio de la reforma, que es uno de los que pueden impactar de inmediato a las empresas del sector.
“Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente decreto”, ordena el transitorio.
First Majestic, filial de un consorcio canadiense, probó al juez que tiene solicitudes en trámite ante la Secretaría de Economía, de ahí la procedencia de la suspensión.
“La quejosa no pretende la paralización de alguna obligación, deber, restricción o medida concreta, más bien, lo que busca con la medida cautelar es que no se ejecute el tercer párrafo del artículo quinto transitorio, es decir, que no se deseche sin mayor trámite la solicitud de concesión en materia minera solicitada por ésta”, explicó el juez.
“De ahí que se considere factible conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus funciones no apliquen a la quejosa el tercer párrafo del quinto transitorio, de modo que su solicitud de concesión no sea desechada ni se considere desechada por la sola entrada en vigor de la norma”, agregó.
Creel impugna ante la SCJN el decreto presidencial que reserva información de obras
El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto presidencial que reserva la información sobre obras del Gobierno.
Con base en sus facultades, sin necesidad de autorización del pleno en tiempos de receso, Creel decidió presentar la controversia, con la opinión en contra de Morena.
El panista solicitó suspender la aplicación del decreto y declarar su invalidez e inconstitucionalidad.
En la demanda argumenta que el Decreto del 18 de mayo pasado invade facultades del Congreso y violenta derechos humanos.
Por cuestiones de seguridad nacional se reserva la información sobre la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación e infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo de los proyectos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.
“Al catalogarlos de seguridad nacional, (el Ejecutivo) está realizando una categorización que va más allá de las facultades que la Constitución Política le confieren, debido a que la declaración de seguridad nacional, a través del artículo Único del Decreto que se impugna y sus consecuencias negativas en la transparencia a la que el Estado Mexicano está obligado, resulta materialmente en un acto legislativo”, sostiene Creel en la controversia.
Afirma que se violenta el orden constitucional y viola los derechos de acceso a la información y transparencia.
Y al establecer nuevos supuestos de seguridad nacional, crea un régimen de excepción a la transparencia.
“Se vulnera el derecho a la transparencia y acceso a la información reconocido por el artículo sexto constitucional, puesto que con dicha declaratoria el Poder Ejecutivo ilegalmente restringe el principio de máxima publicidad”, agrega en la demanda presentada este jueves ante la Corte.
Agrega que hay una invasión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad, transparencia y acceso a la información, con lo cual se provocó una afectación a los derechos humanos.
“El decreto impugnado, constituye una limitante al principio de transparencia que debe regir en los procedimientos de licitación pública”, señala el documento sobre proteger la información sobre obras y administración de trenes y aeropuertos, con el argumento de que son de seguridad nacional y de interés público.
Oposición presentará acciones de inconstitucionalidad contra siete leyes aprobadas en fast track; se suma MC
Siete de las leyes que fueron aprobadas por Morena y aliados en el llamado “viernes negro” en el Senado, el pasado 28 de abril, serán llevadas ante la Suprema Corte.
En una primera etapa, las leyes por las que se interpondrán acciones de inconstitucionalidad tienen que ver con la concesión del Tren Maya a militares, la creación de la Aerolínea del Bienestar y la reorientación de recursos del Fonatur a las empresas militares.
También se impugnará el ajuste a la Ley de Bienes relativo al remate de bienes nacionales, la ampliación de facultades de Sedena y Semar en la protección del espacio aéreo, los cambios para que órganos internos de control sean juez y parte en contrataciones públicas, y la tipificación del desvío de precursores químicos para elaborar fentanilo.
El fondo de las controversias será que Morena y aliados incumplieron procedimientos legislativos, como el quórum y votaciones alteradas.
La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado despejó las dudas y respaldó con su firma, en las últimas horas, las acciones de inconstitucionalidad que presentará el bloque opositor ante la Suprema Corte.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma
