A pesar de que se dictaminó que existía un nivel de riesgo “alto” de fuga, la jueza Raquel Duarte otorgó el cambio de medida cautelar a los ex integrantes de los batallones 27 y 41 de Infantería que tenían su cuartel en Iguala
Ciudad de México, 10 de mayo de 2024. Tras un mes de diligencias, una jueza federal ordenó la madrugada de este jueves dejar en libertad provisional a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, en el proceso que les iniciaron por el delito de delincuencia organizada, siempre y cuando paguen una garantía de 100 mil pesos cada uno.
Aunque la Guardia Nacional dictaminó que existe riesgo “alto” de fuga, Raquel Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, otorgó el cambio de medida cautelar a los ex integrantes de los batallones 27 y 41 de Infantería, ambos con sede en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los normalistas en 2014, informaron fuentes judiciales.
La juzgadora concluyó que la prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos no era idónea, necesaria y proporcional, y en su lugar les impuso la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 100 mil pesos y firmar los días 1 y 16 de cada mes en el juzgado.
También les impusieron la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir del país y de acercarse a víctimas o testigos, según el resolutivo de la audiencia que concluyó este jueves a las tres de la madrugada.
Los militares beneficiados con este fallo son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.
Se espera que en las próximas horas, una vez que cubran la fianza, los soldados abandonen el Campo Militar Número 1.
Esta es la segunda ocasión en que los ocho militares obtienen su libertad provisional, ya que tienen dos procesos en curso, uno por el delito de desaparición forzada y el más reciente por delincuencia organizada.
En el primero se les acusa de estar implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y en el segundo les atribuyen haber colaborado o ser cómplices de Guerreros Unidos, grupo criminal que desapareció a los estudiantes.
El 13 de junio de 2023 la jueza Duarte ordenó la aprehensión de 16 militares por el caso Ayotzinapa, entre ellos los 8 militares referidos, quienes de inmediato se entregaron voluntariamente a la Fiscalía General de la República y fueron internados en la prisión militar.
El 24 de enero pasado salieron en libertad provisional en ese proceso, prácticamente con las mismas medidas cautelares que ahora, aunque en aquella ocasión la garantía que les fijaron fue de 50 mil pesos y también les prohibieron acercarse al lugar de los hechos, particularmente viajar a Guerrero.
Sin embargo, el beneficio no lo disfrutaron más de una semana, porque el 1 de enero regresaron al Campo Militar Número 1, con base en la nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada.
Los militares presentaron un amparo en el que lograron que el Décimo Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad ordenara realizar una audiencia para revisar la prisión preventiva justificada, que les impusieron en este último proceso.
El 6 de abril se celebró la primera audiencia, pero debido a la cantidad de pruebas y peritos se celebraron cuando menos cinco audiencias más, la última de ellas iniciada ayer y concluida esta madrugada.
De “riesgo alto”
En la evaluación de riesgos, documento que toman en consideración los jueces para resolver el cambio de medida cautelar, la Guardia Nacional dictaminó que existía un “nivel de riesgo alto” de que los militares pudieran darse a la fuga, en caso de que les concedieran la libertad provisional.
La jueza Duarte Cedillo autorizó que intervinieran peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ofrecidos por la defensa de los acusados -algo inusual en un proceso federal no castrense-, quienes alegaron que no existía ningún riesgo de fuga.
La Guardia Nacional, sin embargo, advirtió en su evaluación de riesgos que no se tiene la certeza de que los militares hubiesen cumplido con las medidas cautelares que les impusieron en el primer proceso en el que les revocaron la prisión preventiva.
Aseguró que cuando quedaron libres por vez primera, en enero pasado, no acudieron a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.
“El evaluado nunca se presentó ante esta autoridad de manera presencial, con la finalidad de iniciar la supervisión y comprobar el cumplimiento de las restricciones impuestas”, indicó la corporación federal sobre el soldado Ramiro Manzanares Sanabria, quien quedará libre junto con sus compañeros.
La Sedena litiga a favor de los militares implicados en la desaparición de los 43: Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que el cambio de medida cautelar que otorga libertad provisional a ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue decidido por el juzgado con “un criterio parcial y sesgado”.
En un comunicado emitido tras el fallo judicial, manifestó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “sigue litigando a favor de los militares” señalados de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Esa actuación de la Sedena se suma a “su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos”, agregó la organización.
“Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años”, dice el comunicado y agrega que “el poder militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento de caso”.
Texto: Agencia Reforma y Redacción / Foto: Archivo
