Y aparte, la Primera Sala apoya por unanimidad recursos presentados por los abogados de los familiares de los normalistas. Se reúne delegación del Alto Comisionado de la ONU con la mamá de Yanqui Kothan
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 20 de junio de 2024. Apenas 39 días después de haber sido detenido, el sargento Santiago Muñoz Pilo abandonó la noche del martes el Campo Militar Número Uno y continuará en libertad provisional el juicio que le iniciaron por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El sargento logró su libertad provisional en tiempo récord pues, antes que él, el procesado que menos tiempo había estado en la cárcel por este asunto era el general Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, quien estuvo preso sólo 75 días.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, canceló la prisión preventiva impuesta al integrante del 41 Batallón de Infantería y le concedió la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos.
También le impuso como medidas cautelares presentarse cada 15 días en el juzgado a firmar el libro de procesados, la prohibición de salir del país y la prohibición de convivir y acercarse a las víctimas y testigos protegidos, incluso por medios electrónicos y telefónicos.
“La duración de la medida impuesta a Santiago Muñoz Pilo estará vigente durante todo el tiempo que dure el proceso, salvo que varíen de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición”, dice el acuerdo dictado por la jueza.
Debido a que el sargento radica en Iguala, Guerrero, Duarte Cedillo concedió al soldado la facilidad de firmar quincenalmente el libro de procesados en un Juzgado de Distrito de guardia en esa localidad, señala la resolución de la impartidora de justicia.
La juzgadora también instruyó informar esta determinación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ordene a la Dirección General de Delegaciones la restricción de la expedición de pasaporte a Muñoz Pilo.
Adicionalmente, con el fin de vigilar el cumplimiento de las prohibiciones, la jueza giró oficios a la Guardia Nacional para que comisione a los agentes federales que rendirán los reportes sobre el procesado.
Ni el ex procurador Jesús Murillo Karam ni ningún otro imputado en el caso Ayotzinapa ha logrado lo que este miembro del Ejército consiguió, salir en libertad provisional en 39 días.
El procesado que hasta ayer tenía el récord de menor tiempo en prisión era el general Rafael Hernández Nieto, quien fue detenido el 6 de junio de 2023 en Puebla y salió de la prisión militar el 20 de agosto siguiente.
En contraste, el sargento Muñoz Pilo fue detenido el pasado 10 de mayo y abandonó la noche de este martes el Campo Militar Número Uno.
Nacido el 17 de diciembre de 1969 en la localidad de Xilocintla, municipio Huitzuco, Guerrero, Muñoz Pilo es uno de los militares acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
La investigación de la FGR señala que Muñoz Pilo fue uno de los miembros del Ejército que trataron de llevarse a los estudiantes internados en el Hospital Cristina, la noche de los hechos en Iguala, sin lograr su propósito.
Aparentemente, esa instrucción fue girada por los mandos de los 27 y 41 Batallones de Infantería, luego de que así se los ordenara el grupo criminal Guerreros Unidos, según la acusación.
Los militares presuntamente elegidos para esa tarea fueron el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, y los soldados de Infantería Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Sotelo Díaz, Eloy Estrada Díaz, Enrique Martínez Chávez, y los cabos Roberto de los Santos Eduviges y Santiago Muñoz Pilo.
“Todos y cada uno de ellos fueron elegidos para llevarse a los estudiantes que se encontraban en el Hospital Cristina, como se puede observar del documento ‘Fatiga que manifiesta al personal de tropa que desempeñaba el servicio de guardia en prevención en la fecha’ y ‘rol de servicios’ que no justifican la presencia de los elementos militares en la conducta que se les atribuye”, afirma Tania Villa Matías, fiscal de la FGR, en el expediente presentado ante el juez.
“Sin embargo, al existir testigos perfectamente identificados, que darían cuenta de su acto, es que deciden retirarse, regresando posteriormente para dar cumplimiento cabal a la orden de ‘pártanles su madre’, pero ya se habían retirado los estudiantes resguardados en el referido nosocomio”.
Quedan cuatro militares prófugos, de un total de 20 militares contra los que se libraron órdenes de aprehensión por su supuesta implicación en el Caso Ayotzinapa, 16 fueron detenidos y de ellos 15 fueron procesados y sólo uno fue liberado por falta de elementos probatorios.
De los 15 que están sujetos a proceso, 10 ya obtuvieron la libertad provisional y sólo 5 continúan internados en el Campo Militar Número Uno. Sólo 4 militares se encuentran prófugos de la justicia.
Quienes llevan su proceso en libertad son el General Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería, así como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos, Juan Sotelo Díaz y ahora Santiago Muñoz Pilo.
Los internados en la prisión militar son el general brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y los soldados de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel y Francisco Narváez Pérez.
El único al que hasta hoy le han dictado la libertad por falta de elementos probatorios es el ex militar Ezequiel Carrera Rifas, quien en marzo pasado fue detenido y seis días después abandonó la prisión.
Hoy los únicos prófugos son los soldados Óscar Cruz Román, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano y Enrique Martínez Chávez.
Seis años después, la SCJN resuelve reclamo de padres de los 43
A casi seis años de haber recibido el asunto, la Corte revocó ayer un acuerdo de septiembre del 2018 del entonces ministro presidente Luis María Aguilar, para aceptar el análisis de demandas promovidas por ocho presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre ellos el supuesto jefe de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil.
Durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, y por unanimidad de cinco votos a favor, fueron avalados cuatro recursos de reclamación contra el acuerdo de Aguilar, interpuestos en octubre del 2018 por los padres de los 43 normalistas y por su defensa legal.
Con ello, la Corte determinó que debe ser un Tribunal Colegiado y no el máximo tribunal constitucional que resuelva los “incidentes de inejecución de sentencia” promovidos por la defensa legal de El Gil y siete más.
El asunto inició el 27 de septiembre de 2018, cuando Aguilar admitió recursos de incidentes de inejecución de sentencia interpuestos por la defensa legal de los ocho presuntos criminales para que la Corte actuara contra la negativa de la entonces PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de crear la Comisión de la verdad para el caso Iguala. La decisión provocó que los padres de los 43 y la organización Miguel Agustín ProDH interpusieron el 9 de octubre de 2018 los cuatro recursos de reclamación, alegando que no existían condiciones legales para que el máximo tribunal del país conociera sobre una inejecución de la sentencia.
Se reúne delegación del Alto Comisionado de la ONU con la mamá de Yanqui Kothan
Integrantes de una delegación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se reunió ayer con la madre del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, Vianey Gómez, y con el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, para conocer cómo va el caso.
Antes de la reunión que fue privada en la Casa del Peregrino, la madre de Yanqui Kothán celebró en declaraciones a los medios de comunicación que el organismo se haya interesado en el caso para darle seguimiento.
El estudiante fue asesinado por policías estatales el 7 de marzo pasado en el antiguo libramiento a Tixtla, en la salida de Chilpancingo.
La madre del joven explicó que ante tantos casos que han quedado en la impunidad, ella seguirá con su reclamo de justicia.
Por su parte, el padre Velázquez Florencio reconoció que todavía no hay indicios de que se quiera dejar el caso en la impunidad, pero consideró que es mejor que permanezcan atentos en lo que se realizan las próximas audiencias que serán en agosto y en septiembre, en las que se resolverá la situación de los tres policías estatales implicados en el asesinato del estudiante.
La delegación de los integrantes del Alto Comisionado de la ONU fue encabezada por Denise González Núñez, y evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.
Lamentablemente no hay justicia en Guerrero, advierte la mamá del normalista asesinado
Vianey Gómez declaró que “ustedes saben que aquí pasan muchos casos y los asesinos siguen sueltos y no se resuelve nada”, y que a eso se debe su reclamo de justicia por su hijo.
Indicó que también está triste por los sucesos violentos que han estado pasando en Guerrero, “lamentablemente no hay justicia, que es lo que queremos, todo el pueblo quiere justicia por todo lo que está pasando”.
“Yo pido justicia para mi hijo, porque yo conocí a mi hijo, no era malo, era buena gente, siempre apoyó a la gente que se lo pedía, él veía cómo, buscaba, pedía, de sus becas que le daban en la escuela ayudaba a la persona que le pedía apoyo. Ahora esperemos que haya justicia para Yanqui Kothán”.
Destacó que “gracias a Dios los de la ONU están interesados en el caso de mi hijo y espero en Dios que le den seguimiento hasta el final, para que se tenga justicia”.
El director del Centro Miner-va Bello, Filiberto Velázquez agradeció a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU porque dijo que desde un principio que se enteraron del caso han estado en contacto “a distancia”.
Declaró que ayer fue la primera vez que vinieron físicamente a Guerrero a escuchar a la familia, y que también buscarían reunirse con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) para actualizar la información.
“Es importante que este organismo internacional tenga los ojos en el caso. Sabemos que primero tienen que agotarse en las instancias judiciales en México para llegar a pensarse si se va a otra instancia internacional, pero el hecho de que ya estén al menos interesados y preguntando para estar al tanto, para nosotros es importante”, dijo.
Se buscará que los peritos sean sancionados por haber falseado sus reportes: Filiberto Velázquez
El sacerdote que da acompañamiento a la familia del estudiante asesinado, informó que los integrantes de la delegación vienen solamente como observadores, “para ver si hace bien o no su trabajo el Estado”.
Agregó que en agosto se van a desahogar las pruebas de los dos primeros policías detenidos, y en septiembre será la del tercero que había escapado, “esperemos que el periodo intermedio sea rápido para que podamos tener alguna sentencia favorable lo más pronto posible”.
Velázquez Florencio consideró que el hecho de que el asunto haya sido atraído por la FGR y esté en los ojos tanto de los medios como de los organismos internacionales, será difícil que se evadan de la justicia.
Contó que en lo que va del proceso, los policías imputados han pedido reservarse su derecho a declarar, pero que su abogado ha insistido en que ellos repelieron una agresión, a pesar de que no hay ningún motivo jurídico que pueda demostrar eso.
“Lo que sí nos da preocupación son los vicios que quedaron en la Fiscalía del estado, en esas pruebas periciales que estuvieron amañadas, y eso es lo que vamos a seguir viendo, para que los peritos sean sancionados por haber falseado sus peritajes”.
En cuanto a la sanción que pedían a los tres funcionarios que intentaron cambiar la narrativa de los hechos: el secretario de Go-bierno, Ludwig Marcial Reynoso; el de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera y la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdo-vinos Salmerón, dijo que “es un asunto pendiente del estado”.
Pero aclaró que debe ser el gobierno el que realice sus propias investigaciones internas.
“La sanción contra los funcionarios debe estar sustentada en lo que ellos hayan hecho, yo creo que hay otras acciones que sería el juicio político, pero será muy complicado porque sabemos cómo está integrado el Congreso, y va a generar un revuelo mediático pero muy poco vamos a lograr si optamos por esa vía”.
Dijo que por eso por ahora quieren concentrarse en el proceso penal a los perpetradores, “y todo va a llevar su proceso”.
Reconoció que también ven difícil que se cumpla su demanda de no repetición, porque “sabemos que la Policía del Estado está totalmente descompuesta, por más que cambien a los mandos, mientras siga la estrategia de seguridad de no profesionalizarlos y dejar todo el trabajo de seguridad pública a la Guardia Nacional, que al final es ineficiente para ese trabajo, no vamos a ver que esto pueda cambiar”.
Declaró que los sucesos de violencia que han pasado en Chichihualco y Acapulco “muestran la ineficiencia y la colusión de la Policía del Estado con los grupos del crimen organizado”.
Texto: Agencia Reforma, Redacción y Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
