EDITORIAL
A la gravedad del asesinato del estudiante normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta, el jueves pasado en Chilpancingo, se sumó de inmediato la grotesca distorsión de los hechos por autoridades locales, que incluso llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a reproducir en público una versión que resultó falsa.
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, es decir, el conjunto de instituciones federales y estatales a cargo de la seguridad en la entidad, convalidó por escrito el viernes la versión que había difundido originalmente la Secretaría de Seguridad Pública (SSP): que hubo un intercambio de disparos entre policías y ocupantes de una camioneta robada, lo que derivó en la muerte del joven.
López Obrador citó el viernes la versión del enfrentamiento, si bien dijo que eran los dichos de “la policía de Guerrero”.
A las pocas horas del asesinato escaló el conflicto, con la movilización de los estudiantes de Ayotzinapa, que quemaron dos vehículos de la Policía Estatal en la capital. El sábado quemaron dos patrullas de la Guardia Nacional y retuvieron temporalmente a unos 10 agentes.
El mismo sábado la Fiscalía del Estado cambió el relato y señaló a policías estatales como probables responsables de homicidio calificado. Ni la SSP ni el resto de instituciones que participan en la Mesa de Coordinación habían reconocido la falsedad de su primera versión.
Ya este lunes, López Obrador indicó que Yanqui Khotan “fue asesinado” y que hubo “abuso de autoridad”. También ofreció que no habrá impunidad en el caso.
Fue hasta el domingo que hubo un primer diálogo del gobierno del estado con los normalistas y apenas este lunes, luego de la postura presidencial, la gobernadora Evelyn Salgado se deslindó de la versión inicial de su secretario de Seguridad e incluso se reunió con la madre del normalista asesinado y con dirigentes de la Normal.
La Fiscalía General de la República está ya a cargo y se encuentra con esos antecedentes discursivos, turbios de origen. La investigación tiene que precisar las circunstancias exactas en las que se produjo el asesinato, si la camioneta en la que viajaban los estudiantes estaba estacionada o en marcha, por qué la policía estatal no preservó el lugar de los hechos a la espera de la autoridad ministerial, por qué retiraron el vehículo de un supuesto retén de vigilancia, quién de los policías ahora detenidos disparó y por qué. Tiene además que recabar testimonios y eventuales registros de cámaras de seguridad.
El Ministerio Público Federal ya está en desventaja, al llegar a una escena contaminada y con un claro intento previo por distorsionar los hechos. La sociedad reclama una rectificación del desaseo y, en cambio, un esclarecimiento cabal de la tragedia.
