Chilpancingo, Guerrero, a 1 de junio de 2024.- Los guerrerenses llegan a la cita con las urnas para elegir presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, y alcaldes en medio de una ola de violencia criminal, de asesinatos de aspirantes, de ataques e intimidación por organizaciones criminales contra candidatos y candidatas.
Las campañas en Guerrero se desarrollaron en medio de zonas con aparente paz, pero donde en realidad hay un control casi absoluto de organizaciones criminales.
Se observa que desde la definición de candidatos y durante las campañas las organizaciones criminales buscaron influir.
Desde que comenzó el proceso electoral, en Guerrero de forma paralela se desató una ola de violencia contra transportistas en Acapulco, Chilpancingo, Taxco e Iguala entre los meses de febrero y marzo, que paralizó a la población ante la escasez de transporte.
En Chilpancingo esa violencia se acentuó por la disputa territorial y de las rutas del transporte entre dos organizaciones delictivas Los Ardillos contra Los Tlacos, que dejó choferes asesinados, incluso, algunos incinerados dentro de sus vehículos.
En la Sierra, una guerra encarnizada dejó también masacres y emboscadas, como la registrada en la comunidad Buenavista de los Hurtado el 4 de enero en el municipio de Heliodoro Castillo, debido a la pugna de La Familia Michoacana contra Los Tlacos; o la registrada el 19 de febrero en Las Tunas, sierra de San Miguel Totolapan, con un saldo de 17 muertos, entre civiles armados con rifles de alto poder y ataviados con ropa militar de las mismas organizaciones criminales.
Otro conflicto entre organizaciones criminales rivales dejó 13 muertos en una masacre en un Palenque de Gallos en el municipio de Petatlán, el 5 de enero.
Lo que el gobierno del estado aparentemente no logró, los religiosos de la Iglesia católica que intercambiaron números telefónicos entre líderes de los grupos criminales a finales de febrero vieron como resultado la negociación de dos treguas que detuvieron por un momento la violencia: la primera entre Los Tlacos y la Familia Michoacana en la Sierra, y la segunda entre Los Tlacos y Los Ardillos en la capital.
Acapulco entre la desolación de Otis y la violencia imparable
Las votantes saldrán a las urnas en Acapulco entre la violencia y las dificultades para la reconstrucción.
Empresarios y pobladores han manifestado su descontento por la escasez principalmente de materiales de construcción y de más créditos para reiniciar la actividad turística, ante la devastación que dejó el huracán Otis de categoría 5 en octubre pasado.
Sobre el desastre en la ciudad, la más reciente ola de violencia ha dejado jornadas sangrientas en el puerto como el 16 de mayo cuando fueron hallados cuatro hombres y dos mujeres desmembrados en dos hechos distintos, entre ellos un candidato a regidor de Coyuca de Benítez. O el 20 de mayo, cuando fueron asesinadas 10 personas, entre ellas tres mujeres. O el 23 de mayo, cuando 13 personas fueron asesinadas a balazos, seis en el poblado del Kilómetro el 30 y cinco cerca de la avenida Costera.
Los guerrerenses votarán también en medio de incendios forestales, que han consumido en Acapulco el Parque Nacional El Veladero y causado contingencias ambientales por una gran cantidad de humo, además, de las hectáreas de bosque consumidas por los incendios provocados por las bombas lanzadas desde los drones en la sierra de Coyuca de Catalán.
Región Centro, un ejemplo de la inducción al voto por las organizaciones criminales
Este 25 de mayo, durante la firma de paz de un convenio entre la Iglesia católica, la Universidad Autónoma de Guerrero y algunos candidatos de la zona Centro, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, afirmó que en Guerrero hay tensión en el proceso electoral.
Aseguró que algunos candidatos de la zona Centro le pidieron que “levantara la voz” como Iglesia para “que los dejen participar libremente, porque si hay miedo, y seguramente porque sí ha habido, a que los maltraten y hasta los asesinen, entonces sí hay miedo”.
De acuerdo con un comisario de la capital del estado, que por temor pidió el anonimato, a finales de abril la organización criminal de Los Ardillos mandó a reunir a los comisarios de las comunidades del sur de Chilpancingo en Petaquillas.
“Ahí nos informaron que las votaciones debían ser cruzadas, y que no debía ganar Jorge Salgado Parra”, dice el comisario, la inducción del voto a la presidencia de la República sería a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, y para la alcaldía de Chilpancingo, por el abanderado de la alianza PRI, PRD y PAN, Alejandro Arcos Catalán.
Estas presuntas indicaciones coincidirían con la imposibilidad del candidato de la alianza PT, PVEM y Morena, Jorge Salgado Parra, de hacer campaña en la zona del Valle de El Ocotito, Mazatlán, Petaquillas y comunidades de la Sierra hacia el sur.
Incluso, el 9 de mayo el representante del PT ante el Consejo Local del INE denunció que presuntos delincuentes impidieron que operadores políticos de Salgado Parra hicieran proselitismo en la comunidad de Mazatlán.
También el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía capitalina, Víctor Manuel Martínez Toledo, reveló el 22 de mayo no pudo hacer campaña en el valle de El Ocotito y partes de la Sierra porque no tuvo “permiso”.
Añadió que sólo su contrincante de la alianza PRI-PRD-PAN, Alejandro Arcos Catalán, tuvo el aval de quienes controlan esa zona, y que Salgado Parra hizo lo mismo para recorrer los pueblos santos.
Imposibilitados de hacer campaña en una paz aparente
Hay regiones donde parece existir una paz, pero no resultado de la ausencia de grupos violentos, sino de una expresión de absoluto dominio de grupos políticos criminales que imponen las condiciones de la competencia electoral.
La región de Tierra Caliente es una de ellas, y comprende nueve municipios. De acuerdo con un mapa de seguridad del gobierno estatal ocho demarcaciones están bajo el control de la Familia Michoacana; en Zirándaro, el control lo tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde el arranque de campañas –20 de abril– Sobre los crímenes y ejecuciones atribuidas a los cárteles, que desde comienzos de año afectaron a la población y a sectores como el transporte, la violencia apuntó a políticos que son parte del proceso electoral
para la competencia de las alcaldías, sólo en Zirándaro hubo condiciones para que dos candidatos hicieran campaña, en el resto de municipios únicamente un candidato hizo mítines, recorridos o reuniones públicas.
En Ajuchitlán del Progreso hizo campaña Víctor Mendoza Navarro (PRI-PAN-PRD); en Arcelia, Ángel Bustos Mercado (PRI-PAN-PRD); en Coyuca de Catalán, Esbeydi Echeverría García (PRI-PAN-PRD); en Cutzamala del Pinzón, Mayte Lucero Arce Jaimes (PRI-PAN-PRD); en Pungarabato, Brenda Janeth Nuñez Suazo (PRI-PAN-PRD); en Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz (PVEM-PT-Morena); en San Miguel Totolapan, Arturo Julián Gómez (PRI); en Tlapehuala, Lizbeth Arellano Estrada (PRD); y en Zirándaro, Felipe Peñaloza Mendoza (Moren) y Jaime Torres García (PRI-PAN-PRD).
A pesar de que sólo 10 candidatos hicieron campañas públicas, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero se registraron 41 candidatos para disputar los nueve municipios.
El registro “de membrete” explicaría el porqué unos candidatos si hicieron campaña y otros no, independientemente de la aprobación de su partido no contaban con el aval de las organizaciones criminales que dominan el territorio.
El 24 de mayo, la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, declaró que fueron 79 candidatos del ámbito local quienes solicitaron medidas de seguridad, de ellos sólo uno de la alianza PAN, PRI y PRD lo hizo en Tierra Caliente, aunque no se dio a conocer de qué demarcación.
Un dirigente comentó que no hubo mítines grandes, ante la inseguridad para hacer campaña los candidatos y las candidatas prefierieron promoverse “subterráneamente” con reuniones domiciliarias, entre amigos.
Las víctimas directas e indirectas, y los aspirantes que dejaron de hacer campaña
Las votaciones se darán en un Guerrero considerado el octavo estado del país con más homicidios dolosos; Acapulco es la cuarta ciudad que más registra víctimas de asesinato.
Sin embargo, meses antes de iniciar el proceso electoral y durante las campañas, en Guerrero se han contabilizado asesinatos de aspirantes, de un candidato a regidor, dos coordinadores de campaña, así como ataques a candidatos o sus familiares.
Entre los aspirantes a candidatos a alcaldes asesinados en Guerrero está el coordinador municipal del PVEM en Copala, Jesús González Ríos, hallado muerto y desollado el 29 de junio de 2023, luego de que estuvo desaparecido desde un día antes.
González Ríos dejó una videograbación donde acusó a la alcaldesa de Copala, la entonces perredista Guadalupe García Villalba, de amenazarlo de muerte para que no participara en la próxima contienda por la alcaldía.
Otra víctima es el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Zitlala, Jaime Dámaso Solís, fue asesinado el 24 de noviembre de 2023 afuera de su casa, pretendía la Presidencia Municipal.
La tarde del 21 de diciembre de 2023, Ricardo Taja Ramírez fue asesinado en Acapulco; el regidor, diputado local y dos veces candidato a alcalde por el PRI, tenía meses de haber renunciado a su partido y recién reiniciaba su carrera política en Morena, donde se registró para contender por la candidatura a la Presidencia Municipal del puerto.
Ya en este 2024, el 24 de enero fueron hallados asesinados el dos veces alcalde perredista de Atlixtac, Marcelino Ruiz Esteban, junto a su esposa, Guadalupe Guzmán Cano. Él se perfilaba a ser nuevamente el abanderado por el PRD por su municipio, y ella buscaría alguna candidatura, pues ya había competido por una diputación local en 2021.
El aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, Alfredo González Díaz, fue asesinado el 3 de marzo de 2024, cuando viajaba en un vehículo en el bulevar Juan Álvarez en la cabecera municipal. Algunos pobladores responsabilizan de su homicidio a la alcaldesa morenista, Clara Bello Ríos.
El aspirante a la alcaldía de Chilapa por Morena, Tomás Morales Patrón, fue asesinado la noche del 3 de marzo afuera de su casa cuando volvía de hacer capacitaciones electorales, de acuerdo con militantes pretendió ser el candidato en Chilapa de su partido.
El 16 de mayo, fueron hallados los restos del candidato a regidor en Coyuca de Benítez por la coalición PRI-PAN-PRD, Aníbal Zúñiga Cortés, y su esposa, Rubí Bravo Solís, en la batea de una camioneta abandonada en la avenida Ruiz Cortines en Acapulco.
El 24 de mayo, el coordinador de la alianza PAN-PRI-PRD en Marquelia, Arquímides Díaz Justo, fue asesinado a balazos afuera de su casa en la localidad de El Polvorín.
El 26 de mayo, hombres armados atacaron la casa del candidato de Morena a la alcaldía de Cochoapa el Grande, Albino Gómez Vázquez, donde fue asesinado el coordinador de campaña, Felipe Chávez González.
Albino Gómez Vázquez tras el atentado se refugió en Chilpancingo, y dejó de hacer campaña a una semana de las elecciones.
El más reciente este miércoles 29 de mayo en el trayecto al templete en su cierre de campaña, el candidato del PRI-PRD-PAN a la alcaldía de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera Barrientos, fue asesinado a balazos. A pesar de que tenía resguardo de agentes de la Guardia Nacional y seguridad privada.
Hay otros casos de ataques indirectos, por ejemplo de la candidata por Morena a la alcaldía de Huamuxtitlán, Rosalba Ramírez García; su padre Abraham Ramírez fue asesinado el 6 de febrero de este año, probablemente porque se buscaba que la aspirante se bajara de la contienda, lo que no ocurrió, e hizo campaña con proteccion de la Guardia Nacional.
Otro caso es del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Petatlán, Jaime Martínez Pascacio; el 15 de mayo desconocidos arrojaron bombas Molotov a su negocio familiar para intimidarlo.
Y el 21 de mayo, la alcaldesa de Xalpatláhuac, la priista Selene Sotelo Maldonado, quien busca la reelección fue atacada a balazos en la comunidad de Zacatipa. Ella responsabilizó al candidato de MC, Ramón Lorenzo Cárdenas, de ser el autor intelectual, y quien envió a la Policía Comunitaria a agredirla.
Durante el proceso electoral, de acuerdo con el IEPC la región de Costa Chica es donde más fueron solicitadas medidas de seguridad por candidatos y candidatas con 27 peticiones.
Por ello, no es extraño que en los municipios de Las Vigas, Marquelia, Copala y San Marcos, ubicados en esta región, hubo planillas que dejaron de hacer campaña por amenazas de los grupos delincuenciales.
En el nuevo municipio de Las Vigas la planilla de Movimiento Ciudadano, encabezado por Thalía Mejía Molina, y la planilla de Cristobal Salado Agatón, abanderado del PRD abandonaron sus respectivas campañas.
En San Marcos municipio del que se separó Las Vigas, también el candidato del PRD, Néstor Juárez Valentín dejó de hacer campaña.
En Marquelia, los candidatos a la alcaldía por la alianza PRI-PRD-PAN, Fermín Zúñiga Trujillo, y de Movimiento Ciudadano, Jaime Carmona Huerta, dejaron de hacer campaña por el homicidio del coordinador del PRI-PRD-PAN, Arquímides Díaz Justo.
En Copala, la candidata de la alianza Morena, PT y PVEM, Candy Espinoza Ríos, media hermana de Jesús González Ríos fue amenazada de muerte y desde abril se desterró del municipio junto a su familia.
En la región de Costa Chica, de acuerdo con un mapa del gobierno del estado, tienen el control las organizaciones delictivas Los Rusos y Los Marín.
Otro caso de abandono de candidatura fue el de Pablo Segura Valladares, quien era candidato del partido Fuerza por México a la alcaldía de Teloloapan, en la zona Norte.
Durante el proceso se vieron involucrados en ataques armados el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, y el ex alcalde, Omar Jalil Flores Majul, quien aspiraba nuevamente a la alcaldía de Taxco. También el aspirante del PVEM a la alcaldía de Iguala, Erick Catalán Rendón, quien terminó siendo el abanderado de la alianza PVEM, Morena y PT.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena
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