Chilpancingo, Guerrero, a 9 de marzo de 2025.- Autoridades municipales y comunitarias, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos en general del municipio de Ayutla, la mayoría vestidos de blanco, se concentraron la mañana de este domingo en la plaza de La Paz, donde exigieron justicia para los dos funcionarios municipales asesinados la semana pasada, así como seguridad y paz para este municipio de la Costa Chica.
La noche del martes pasado el titular de la Comisión de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco y el contador de esa coordinación, Francisco Bonilla Muñoz, del gobierno municipal comunitario, fueron asesinados en la carretera Tierra Colorada-Ayutla, cerca del puente Omitlán, municipio de Juan. R. Escudero.
A las 9 de la mañana de este domingo, más de 500 personas entre integrantes del Concejo Municipal Comunitario, comisarios y delegados municipales, así como integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y ciudadanos en general, realizaron un mitin para exigir justicia para los dos funcionarios, y demandaron a los gobiernos federal y estatal seguridad y que garanticen paz.
En un video que los organizadores enviaron a los medios de comunicación, a nombre del Concejo Municipal, la coordinadora con funciones de presidenta municipal, Elizabeth Calixto Leyva dijo que en Ayutla, “queremos caminar libremente, hacer honor al nombre de nuestro municipio; ‘Ayutla de los Libres’, nadie quiere caminar con miedo”, en seguida los asistentes corearon al unísono: “Ni olvido ni perdón, justicia y solución”.
En su breve mensaje Calixto Leyva agregó: “mientras tengamos voz pedimos y seguiremos pidiendo que seamos escuchados, seguiremos pidiendo por la libertad de nuestro municipio”, dijo, y la gente arengó, “el pueblo unido, jamás será vencido”.
Antes, otro de los oradores expresó, “hoy levantamos la voz con dignidad y con firmeza, exigimos justicia, seguridad y paz para Ayutla, hacemos un llamado claro y respetuoso al gobierno federal para que escuche la voz de nuestro pueblo y atienda la situación de violencia que estamos viviendo”.
Agregó que ese municipio “no puede seguir enfrentando esta realidad. Necesitamos la intervención y el acompañamiento de las autoridades federales para garantizar la seguridad, y la paz de nuestras comunidades”.
Insisten en que los responsables del doble asesinato son del grupo delictivo Los Ardillos
Por separado, en un comunicado que se atribuye el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), y que, asegura, cuenta con el respaldo de 85 pueblos y autoridades comunitarias y ejidales del municipio de Ayutla, así como de pueblos y comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica, insisten que los responsables del asesinato de los dos funcionarios es el grupo delictivo de Los Ardillos, y denuncian la colusión de autoridades estatales con el grupo criminal.
“Somos pueblos que nos negamos a aceptar y normalizar esta condición de vida injusta donde los grupos narco-paramilitares, como Los Ardillos, nos matan, nos desaparecen, nos desplazan y nos extorsionan, robándonos lo poquito que nos queda de nuestro trabajo duro”, denuncian en el pronunciamiento.
Reprochan que “como pueblos hemos sido obligados por la complicidad e inacción de los gobiernos a defender nuestro pueblo por nuestros propios medios ante la ola de violencia que vivimos. Tomamos una decisión consciente de organizarnos; no íbamos a ser víctimas silenciosas ni a estar arrodillados para que nos exterminen”.
Denuncian que el Estado busca desarticular su organización, “porque mostramos en la práctica nuestra dignidad; nosotros, con los escasos recursos que tenemos como pueblos indígenas y campesinos, podemos desarrollar nuestra propia seguridad mejor que ellos lo hacen, aún con sus ejércitos, Guardia Nacional, Marina y policías”.
Señalan que es el Estado el que está permitiendo esta “guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos indígenas, afros y campesinos”.
Agregan: “En los últimos años, Los Ardillos decapitan y descuartizan a niños y niñas, hombres y mujeres de nuestras comunidades, incluso han asesinado a funcionarios públicos en Chilpancingo, Ayutla y Atlixtac, mientras el gobierno no hace nada”.
Asimismo, reprochan, que: “funcionarios estatales y federales se sientan públicamente a negociar con conocidos integrantes de este grupo criminal, a pesar de que son los responsables del asesinato y la desaparición de nuestro pueblo, y roban los recursos de los proyectos y programas de gobierno de los municipios que mantiene sometidos”.
Refiere que el Estado permite que los recursos públicos “destinados a nuestra gente se desvíen hacia Los Ardillos, quienes usan ese dinero para comprar armas, pagar sicarios, sembrar miedo y asesinarnos”.
Añade que por otra parte el Estado “criminaliza a quienes luchamos por la vida y la justicia, acusándonos falsamente de ser narcos. Nosotros, como pueblos y autoridades, deslindamos categóricamente cualquier relación con grupos del crimen organizado”.
Aseguran: “No somos, ni estamos con Los Rusos ni con ningún otro grupo delincuencial. Somos pueblos y autoridades comunitarias, ejidales y comunales que queremos vivir en paz en nuestros territorios”.
Explican que la relación de la UPOEG con el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero- Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y la UPOEG, “se trata de una coordinación específica para defender a nuestros pueblos ante el avance de la delincuencia organizada, que cada vez somete a más pueblos y municipios en nuestra región”.
En el mismo comunicado se denuncia que el Gobierno estatal ha presionado a “altos mandos del gobierno federal, en colusión con Los Ardillos y otros grupos del crimen organizado, para que retiren las medidas del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a al dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo.
“Decimos con claridad que el Estado pretende asesinar a Jesús Plácido Galindo, igual como asesinó a Bruno Plácido Valerio (dirigente de la UPOEG), Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP)”.
Dicen en su escrito a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su gobierno “saben quiénes son los criminales, dónde están y qué hacen”.
Zacarías Cervantes
