La crisis en que se encuentra la atención a víctimas y la reparación del daño no depende de una sola institución, es responsabilidad de todo el Estado, coinciden por separado un académico, una exfuncionaria y una defensora de derechos humanos que conocen el trabajo de la Comisión
El Sur /Ciudad de México, 3 de noviembre de 2020. Los resultados de las entrevistas realizadas por funcionarios públicos y defensores de derechos humanos a 19 aspirantes a dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) serán presentados al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien definirá una terna de la cual tendrá que elegir el Senado al nuevo o nueva titular, tal como establece la Ley General de Víctimas.
Una vez terminado este proceso, la CEAV dejará de estar acéfala, otra vez. El 24 de junio pasado el Senado recibió la renuncia formal de Mara Gómez, titular de la Comisión sólo durante medio año: asumió el cargo el 12 de diciembre de 2019, tras casi seis meses de que Jaime Rochín dejara el puesto.
Una tercera persona a la cabeza de la Comisión en lo que va del sexenio no resolverá la situación crítica en que navega, ya que el modelo de reparación en México enfrenta múltiples problemas. “Aunque ahora venga la Madre Teresa de Calcuta, la CEAV no va a poder operar”, advierte en entrevista con El Sur Jacobo Dayán, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM.
Según el también especialista en justicia transicional, para salir del estancamiento se debe contar ya con estándares de indemnización establecidos desde el Estado, ya que hasta el momento los importes de las indemnizaciones dependen de decisiones arbitrarias y varían caso por caso.
Asimismo, urge trabajar una nueva Ley General de Víctimas y privilegiar las reparaciones administrativas y colectivas.
Pero, sobre todo, se necesita de verdad y justicia.
“No hay reparación integral si no hay justicia y verdad, y esto no necesariamente le corresponde a la CEAV. Es una deuda que tiene el Estado, que en lugar de garantizar derechos tiene una relación clientelar y muy perversa con las víctimas, asignando medidas de asistencia y ayuda casi de manera eterna”, subraya.
Dayán pone de ejemplo un caso polémico reciente: la entrega de palas y cubetas que hizo el ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a mujeres que buscan a familiares desaparecidos. “El vínculo que se ha establecido entre el Estado y las víctimas es a través de estas medidas de asistencia y ayuda. Las víctimas no son vistas como sujetos de derecho y no les queda alternativa”.
Administrar el caos
Para que este círculo vicioso se rompa se requiere de una entidad extraordinaria de reparación –como en Colombia, Argentina y otros países de América Latina– que haga hincapié en la búsqueda de la verdad y en la persecución judicial de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
El investigador menciona que entre 2018 y 2019 participó en mesas de diálogo con el Ejecutivo federal –en el periodo de Enrique Peña Nieto– para elaborar una propuesta ciudadana en materia de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, el gobierno decidió no modificar el modelo de reparaciones, ni instituir una comisión de la verdad o un mecanismo extraordinario de justicia.
Otro problema, destaca Dayán, es que la CEAV tendría que reparar a las víctimas de manera subsidiaria, interviniendo con recursos sólo cuando una instancia distinta no pueda proveerlos. Es decir: asegurar medidas de asistencia y ayuda a las víctimas no solamente es tarea de la CEAV, sino de varios componentes del Estado, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, las secretarías de Educación y del Trabajo, y hasta el mismo Ejército, entre otras.
De hecho, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), del que la CEAV es el brazo operativo, está constituido por todas las instituciones encargadas de la protección, atención y reparación integral a las víctimas.
“Tenemos un SNAV en donde debería estar todo el Estado, particularmente los sectores de salud, educación, vivienda, trabajo, oportunidades, que no opera. Así, estas medidas de asistencia y ayuda las otorga la CEAV de manera infinita”, critica Dayán.
“Lo que se necesita son instancias de reparación extraordinarias –insiste– y esto no sucede porque prefieren no mover nada en materia de justicia, de verdad y de búsqueda. Si no hay voluntad política desde arriba, lo único que puede hacer un funcionario es administrar el caos”.
Diagnóstico desolador
A siete años de su creación, la CEAV se percibe en estado crítico. La reciente extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ha sido el último paso en detrimento de la institución, que ahora tendrá que negociar anualmente su presupuesto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Maite Azuela, directora de Comunicación de la CEAV de marzo de 2016 a diciembre de 2018, considera que el modelo de atención y reparación aplicado por la Comisión presenta un diagnóstico desolador.
La exfuncionaria identifica uno de los mayores límites en la precariedad que padece el área de asesoría jurídica: sus integrantes lidian con cantidades inconcebibles de expedientes y no logran dar la atención merecida a cada víctima; además, perciben sueldos extremadamente bajos respecto a los asignados a los altos funcionarios, y enfrentan las diligencias en entidades federativas con riesgos elevados y viáticos paupérrimos.
“No había una estrategia para poder aspirar a lo que se llama ‘proceso de justicia transicional’, que supone una reparación no sólo monetaria sino simbólica y de justicia. Con una asesoría jurídica paralizada, la reparación de justicia está casi anulada”, dice a El Sur.
La carencia en materia de asistencia legal, continúa, hace que muchas víctimas prefieran buscar a abogados privados. “Algunos son totalmente honestos y acompañan a las víctimas incluso sin recibir honorarios, pero hay otros que les piden un porcentaje de sus reparaciones de hasta el 20 o el 30 por ciento y esto es triste”.
Esta dinámica es incluso facilitada por la propia Comisión, lamenta Azuela, quien trabajó en una campaña informativa sobre los derechos de las víctimas a una asesoría jurídica gratuita y la posible manipulación por parte de abogados particulares, cuando estuvo en la CEAV.
“Lo que sucede es que las personas ven casos exitosos en donde, después de dos o tres años, los abogados externos consiguen reparaciones que son atractivas económicamente, pero quienes suelen ser beneficiados finalmente son ellos”, comenta.
Aparte de fortalecer la asesoría jurídica, la CEAV tendría que crear un modelo de atención a víctimas que sepa responder a sus necesidades psicoemocionales, considera Azuela.
Un reto más, señala, será regular el funcionamiento de las oficinas que la CEAV tiene en los estados, ya que existe “una duplicidad de estructuras y de recursos que no está bien enfocada y que puede dispersar lo poquito que hay en sueldos y en renta de edificios”.
Burocracia 1-derechos 0
Fabienne Cabaret es coordinadora del área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización no gubernamental que brinda atención legal a personas que han sido víctimas de violencias graves.
Entrevistada por El Sur, explica que la Fundación acompaña principalmente a colectivos de familias de migrantes –de Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente– que están desaparecidas o fueron asesinadas en territorio mexicano.
“Ante la CEAV, las víctimas que más han podido tener acceso a los derechos son personas fortalecidas, que pueden recibir algún tipo de asesoría y que van de la mano en su lucha con otros. Si se mueven de manera aislada es complicado que obtengan medidas de asistencia y de reparación del daño”, comenta Cabaret.
El enredo burocrático escala de nivel en los casos de víctimas no mexicanas y que residen fuera de México. Los derechos establecidos en Ley General de Víctimas corresponden a cualquier persona que es víctima de un delito en territorio mexicano, pero en la práctica los procedimientos que exige la CEAV son diseñados para personas que viven en el país.
“Si pensamos en la documentación bancaria necesaria para que la víctima reciba un recurso, vemos que el chip de la CEAV no está para que éste se deposite a un estado de cuenta de un banco que no opera en México. Y se dan rechazos automáticos por no cumplir con formalidades como esa”, relata Cabaret.
Otro obstáculo tiene que ver con un requisito de la CEAV para suministrar las medidas de asistencia: la aplicación del estudio socioeconómico. La Comisión aún no cuenta con procedimientos que se adapten a la situación concreta de cada víctima y, nuevamente, si ésta no se encuentra en México la situación se complica.
Cabaret relata el caso de familias guatemaltecas con seres queridos desaparecidos en México en 2014. La fosa clandestina donde habían sido enterrados fue localizada en 2015, pero hasta dos años después –en 2017, cuando personal de la CEAV viajó a Guatemala– fue posible realizar los estudios socioeconómicos correspondientes.
Cumplido este requisito, la Fundación procedió a la elaboración de los expedientes y los presentó a la CEAV. Para entonces ya era 2019 y lo que siguió fue el silencio.
“Nunca recibimos una respuesta de la CEAV. Solicitamos formalmente que se nos informara sobre el estatus del procedimiento, hicimos infinidad de solicitudes por medio de correos electrónicos cuando se atravesó la pandemia, presentamos oficios físicamente cuando reanudaron labores. Pero nada”. El último recurso fue presentar un amparo. “No tuvimos de otra”, señala la defensora de derechos humanos.
El amparo promovido por la Fundación se suma a los más de 450 que enfrenta la CEAV y que representan más de mil millones de pesos. Entre los juicios de amparo hay casos sonados como el de Tlatlaya y el del equipo de futbol guerrerense Los Avispones, por el ataque sufrido en Iguala la noche que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Comisión también enfrenta 82 juicios por la Guardería ABC, en donde 49 niños y niñas perdieron la vida en un incendio en Hermosillo, Sonora, en 2009.
El pasado 1 de diciembre la CEAV emitió 12 resoluciones de este caso en respuesta a juicios promovidos por las familias. En un comunicado, la Comisión señaló que se establecieron montos de reparación que están por encima de estándares internacionales, aunque no presentó las cifras específicas.
“Entendemos la problemática de la CEAV, pero las autoridades implicadas en violaciones de los derechos humanos están en una situación de mucho confort. No hay que perder de vista quién tiene la tarea de desencadenar los procesos de reparación”, enfatiza Cabaret.
Y no olvidemos que la CEAV, coincide con Dayán, no es el único actor encargado de velar por los derechos de las víctimas: en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas deberían participar de manera activa las distintas instancias del gobierno.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Cuartoscuro
