Ciudad de México, 25 de octubre de 2017. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por prácticas monopólicas presuntamente cometidas por Grupo IUSA y Medidores Especializados (Conymed) que han ganado prácticamente la totalidad de las licitaciones para la adquisición de watthorímetros convocadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Grupo IUSA es propiedad de Carlos Peralta y Conymed de su cuñado, Andrés Tort, y según una investigación periodística realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el modus operandi de ambas empresas refleja posibles violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica con lo cual se beneficiado, en los últimos cuatro años, con más de 11 mil millones de pesos.
Además de la investigación periodística, la organización encabezada por Claudio X González, a través del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) –área jurídica de MCCI– denunció ante la Cofece a las empresas pertenecientes a Grupo IUSA, a Conymed y a las personas físicas que las controlan, ante la presunción de que cometieron prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Este miércoles, la Cofece publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el anuncio del inicio de la investigación.
Informó: “(…) esta COMISIÓN cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación, en términos de los artículos 66 y 71 de la LFCE. Esta autoridad considera necesario el ejercicio de su facultad investigadora prevista en los artículos 12, fracción I, 66 y 73 de la LFCE, toda vez que existe una causa objetiva que pudiese indicar la existencia de posibles prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53 de la LFCE, y posiblemente en el artículo 9° de la Ley Federal de Competencia Económica (…)”
De acuerdo con MCCI, la investigación de la Cofece podría durar de 30 a 600 días hábiles dependiendo de las circunstancias bajo las cuales se lleve a cabo.
Una vez concluido ese periodo, la autoridad investigadora podrá ordenar el cierre de la investigación, o emitir un dictamen de probable responsabilidad si encuentra elementos suficientes para presumir la responsabilidad de los agentes económicos investigados. En este último caso será el pleno de la Cofece el que decida si se debe sancionar a los agentes involucrados con multas de hasta el 10% de sus ingresos.
Debido a que incurrir en una práctica monopólica absoluta se considera un delito federal, la Cofece podrá, si así lo decide, presentar denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.
Texto: Redacción Apro / Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
