Carlos Pérez Ricart, uno de los cinco integrantes del Grupo de Expertos de la Comisión que investigará el periodo de la Guerra Sucia (1965-1990), dice en entrevista que las labores se enfocarán en estados como Sinaloa y Guerrero, donde “está muy presente el tema de la justicia restaurativa de víctimas que quieren ser compensadas”
Ciudad de México, 6 de noviembre de 2021. El 7 de octubre pasado se publicó el decreto presidencial para la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, periodo conocido como Guerra Sucia, durante el que fueron asesinados y desaparecidos miles de militantes de organizaciones políticas y sociales que se oponían al gobierno, entonces en manos del PRI.
Tres semanas después, el 29 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer a los cinco –elegidos entre 24 candidatos– que conformarían el Grupo de Expertos de la Comverdad 1965-1990.
Ayer viernes, en su primera sesión de trabajo, realizada en la sede nacional de la Segob, los flamantes miembros de la Comisión definieron que se enfocarán en entidades como Guerrero y Sinaloa, donde las tácticas contrainsurgentes fueron aplicadas con pericia y constancia por instituciones del Estado mexicano.
“Guerrero es el corazón de la contrainsurgencia y de la represión, y ahí está muy presente el tema de la justicia restaurativa de víctimas que quieren ser compensadas; le vamos a poner mucha atención”, adelanta en entrevista con El Sur el profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Carlos Pérez Ricart.
Además de él, en la Comisión están la historiadora Eugenia Allier Montaño, especializada en violaciones a los derechos humanos bajo regímenes dictatoriales y autoritarios; el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el sociólogo David de Jesús Fernández Dávalos, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la investigadora Aleida García Aguirre, estudiosa del normalismo rural y los relatos de vida de militantes de la izquierda de los años sesenta y setenta.
Abrir archivos de la DFS, DGIPS, Sedena, Semar, Cisen
La creación de esta nueva instancia deriva del impulso de numerosos colectivos de familiares de personas asesinadas, desaparecidas, encarceladas y torturadas durante la Guerra Sucia, quienes confían en este esfuerzo para saber qué pasó con las víctimas de la violencia institucional de aquella época.
Para Pérez Ricart representa, también, la última oportunidad que tiene el Estado mexicano de acercarse a la verdad y esclarecer responsabilidades, tanto históricas como judiciales, de delitos perpetrados en el México de la segunda mitad del siglo XX.
“Aquí hay un tema de tiempo: no podemos realmente tardar en esclarecer hechos porque la gente se está muriendo, los responsables se están muriendo, no podemos darnos e lujo de tardarnos en este trabajo”, advierte el experto en archivos de instituciones de seguridad en México y Estados Unidos.
“En esta comisión tenemos el respaldo y la participación de las víctimas, ellas participaron directamente en el proceso de selección de los candidatos y esto es un proceso inédito –subraya–. Tenemos el respaldo de Naciones Unidas, y se ha caracterizado por ser un proceso plural en el cual conviven activistas, académicos, familiares, víctimas y el mismo gobierno, que me parece que está participando de una forma muy proactiva en esto”.
En opinión del investigador, este respaldo hace la diferencia con respecto a ejercicios parecidos que se han formulado en décadas anteriores, por ejemplo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos (Femospp), creada en 2002 por iniciativa del entonces presidente Vicente Fox.
“No creo que existiese realmente una sensación de responsabilidad por parte del gobierno de Fox frente a la Femospp. No fue un proyecto de cara a las víctimas, se hizo a espaldas de ellas, y las pretensiones eran enormes, mientras que los intereses de esta Comisión son mucho más acotados”, pondera Pérez Ricart.
De acuerdo con lo que se informó en la reunión de este viernes, el Grupo de Expertas y Expertos contará con completa autonomía sobre lo que tenga que ver con el esclarecimiento histórico de los abusos a los derechos humanos durante la Guerra Sucia. Sus integrantes se encargarán de investigar, recabar testimonios orales, analizar archivos y acceder a campos militares para formar un registro amplio y detallado.
“Una de las funciones que vamos a tener nosotros no sólo va a ser esclarecer, sino pugnar para ordenar a diferentes dependencias a que se abran los archivos”, remarca el profesor del CIDE.
Añade que, en lo personal, entre sus prioridades se encuentra la promoción de una política de apertura total o casi total de todos los acervos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), instituciones que, en el periodo de la Guerra Sucia, alimentaron –y documentaron– la táctica contrainsurgente del Estado mexicano.
La labor de desclasificación de archivos también incluiría a otras dependencias, como el Ejército Mexicano, la Marina, el Estado Mayor Presidencial y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Pérez Ricart recuerda que gracias a la creación de la Femospp hubo un primer proceso de apertura, pero “fue torpedeado y al final no se abrieron todos los archivos de la DFS, ni de la DGIPS: faltan muchos archivos de instituciones policiales y militares por explorar”.
Indagar sobre las otras víctimas de la represión
En la lógica de la Comverdad también entraría la labor de difusión de la información recopilada.
“Mi interés sería crear mecanismos de divulgación a nuevas generaciones sobre lo que sucedió en el pasado. Vamos a editar y publicar libros, hacer trabajo académico especializado, pero además tenemos que generar herramientas educativas para que esto llegue a los curriculums de las primarias, las secundarias, que se hable de la Guerra Fría”, comenta con entusiasmo Pérez Ricart.
Para ello se prevé la posible generación de convenios con la Secretaría de Educación Pública, distintas universidades y el Fondo de Cultura Económica.
Desde la perspectiva del experto, existe un aspecto relevante pero un tanto rezagado que tiene que ver con investigar no solamente la desaparición forzada de militantes y opositores políticos, sino también de muchas otras víctimas de la represión de aquellas décadas: personas transexuales, bisexuales, gays, pobres, criminales, “gente que el Estado desapareció y que hoy no tienen el respaldo de colectivos y de familiares que están pugnando por el esclarecimiento de estos hechos”.
Agrega: “El enfoque que queremos darle a la Comisión es que también se encargue de estos desaparecidos”. De ahí, “naturalmente nacen las prioridades presupuestales. A partir de la siguiente semana vamos a ver el presupuesto y a discutir qué áreas priorizar, con qué temporalidad. Esto, en la medida en que no podemos abarcar absolutamente todo, somos una comisión pequeña, con un presupuesto limitado”.
Ir al lugar de la acción: “Guerrero es el locus”
Las labores de la Comisión, aún en ciernes, se enfocarán en estados como Sinaloa y Guerrero, en donde el Estado Mexicano desplegó sus tácticas contrainsurgentes.
“Vamos a ir a Guerrero, a conocer a los colectivos. Hay un informe de la verdad de Guerrero (elaborado por la Comisión de la Verdad de la entidad y difundido en 2014), entonces tenemos mucho trabajo ya hecho.
“Guerrero es el locus, el corazón de la contrainsurgencia y de la represión –enfatiza Pérez Ricart–, y ahí está muy presente el tema de la justicia restaurativa de víctimas que quieren ser compensadas; le vamos a poner mucha atención”.
Bregar entre la autonomía y el apoyo institucional
A partir de su creación, la Comisión de la Verdad 1965-1990 operará durante dos años y medio, hasta septiembre de 2024. Esta limitación ha generado inquietudes, pues se percibe que se trataría de un tiempo demasiado restringido para encarar una tarea tan desafiante.
En palabras de Pérez Ricart, delimitar el trabajo de la Comisión al mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador tiene sentido porque coincidiría con el respaldo que el gobierno actual otorga a los objetivos de esta instancia.
“No puede durar más tiempo del que dure la presidencia precisamente porque no hay seguridad de que el próximo gobierno vaya a tener interés en trabajar estos temas. Luego se hará otra cosa, y una de las formas para intentar que esto trascienda sexenalmente es a través de la elaboración de una Ley de Memoria que permita que haya un organismo dentro de alguna secretaría que siga funcionando y garantice acceso a la información”, explica el investigador del CIDE.
“El punto de llegada es contar con mecanismos legales que permitan que el trabajo de la Comisión siga a través de otras formas”.
Reconoce que hay una tensión entre la necesidad de trabajar como Comisión independiente y el hecho de tener que contar con el apoyo completo por parte de Presidencia. Ninguna comisión de la verdad en el mundo funciona si no tiene el apoyo del Ejecutivo, argumenta.
“Esta Comisión tiene el apoyo del presidente”, afirma. “El trabajo de los expertos y de la Comisión tiene que tener cierta independencia frente al gobierno, por un lado, y por otro también necesita el respaldo del gobierno, ya que es éste el que te provee el presupuesto, que te garantiza la seguridad. Hay una línea muy delgada entre la autonomía de una comisión como esta y el respaldo que necesitas tener del gobierno en turno”.
Según el especialista, la Comverdad 1965-1990 empieza a dar los primeros pasos en un tablero en donde juegan tanto aliados institucionales como enemigos; y en el gobierno, dice, todavía persisten enclaves autoritarios y ciertas corporaciones cuyo apoyo es ausente.
El trabajo se desarrollará en distintos niveles: por un lado el nacional –“tenemos aliados dentro de la Secretaría de Gobernación”–, y por otro el estatal, ya que cada entidad federativa sigue lógicas propias frente a los temas a tratar. Para este nivel, Pérez Ricart observa que en “las fiscalías y los jueces están los primeros escollos para llegar a verdad y justicia; sobre todo en los estados estos son territorio apache”.
“Otra de las cosas que vamos a hacer, y lo platicamos en la reunión, es acercarnos a expertos internacionales, invitarlos a México, sentir que tenemos el respaldo de la sociedad civil internacional. Además de que vamos a aprender de sus experiencias, cuando necesitemos ayuda de afuera vamos a tener aliados”, concluye.
Texto: Caterina Morbiato
