
Las firmas que cometen simulación perduran porque tanto las autoridades fiscales como laborales se hacen de la vista gorda.
Ciudad de México, 7 de diciembre de 2018. La simulación del outsourcing se ha extendido de manera incontrolable en México, lo que afecta no sólo al trabajador, sino también a la recaudación de impuestos del país.
Las empresas de outsourcing trabajan administrando las nóminas de las compañías, esto pueden hacerlo de dos maneras: al contratar a los empleados y darles prestaciones de ley, con lo que se declara a Hacienda el salario completo del trabajador y se hacen los correspondientes pagos de impuestos y de seguridad social. La segunda opción es simular que se pagan salarios menores a los reales, con lo cual la compañía contratante se ahorra impuestos y contribuciones.
Las consecuencias de estas prácticas recaen directamente en el trabajador, pues sus cuentas de Infonavit y Afore recibirán menos cantidades de las que deberían, sin embargo, también el gobierno se ve seriamente perjudicado, pues la recaudación fiscal es menor.
Esta simulación se ha extendido en México, de manera que ahora que el nuevo gobierno ha tomado posesión se teme su desaparición. Esto preocupa a las empresas.
En México hay más de 2 mil empresas de outsourcing, de acuerdo con información de ManpowerGroup, de las cuales, sólo el 40% pagan impuestos, y de ese porcentaje sólo el 20 cumple con los lineamientos establecidos por la Asociación Mexicana de Capital Humano, que incluyen auditorías de ley y del fisco.
Muchos empresarios comienzan a preguntarse por el futuro luego de la firma del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se refiere a la libertad sindical. También se preguntan qué sucederá con los sindicatos blancos (creados por los patrones para defender sus intereses y no los de los trabajadores) y con los contratos de servicios.
Hay un temor generalizado porque el programa de empleo para los jóvenes aprendices del gobierno de la Cuarta Transformación se emplee por los sindicatos para irrumpir en el ámbito laboral y captar agremiados, o que los sindicatos de otros países intenten ejercer su influencia en México para que se adopten las normativas internacionales respecto del salario.
Outsourcing malicioso
Los patrones que simulan salarios menores engañan a los empleados, haciéndoles notar que si aceptan registrar un salario más bajo ante las autoridades y las Afores, ellos reciben más dinero contante y sonante en sus pagos quincenales, pues al declarar un salario mayor, el descuento por prestaciones y Afore es más grande.
El argumento es que el monto no declarado a Hacienda se les pagará “por debajo del agua”, en la forma de bonos, pagos de seguros, honorarios, derechos de autor, aportaciones sindicales y otros artilugios. También hay compañías que pagan la diferencia en efectivo sin concepto alguno, inclusive.
Este esquema engañoso sólo perjudica al empleado, pues si es despedido, su liquidación estará basada en el salario registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este esquema de pagos también perjudica otras prestaciones como aguinaldo y primas vacacionales, pago de incapacidades por enfermedad, accidentes o maternidad.
A pesar de todo esto, la simulación no es ilegal, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), explica el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, (AMECH) –una institución que defiende la simulación en el outsourcing o también llamada terciarización–, Edmundo Escobar.
De acuerdo con la LFT se considera que los pagos con el esquema de honorarios, contribuciones sindicales, o seguros como prestaciones, son legales, pues se diseñaron para personas que brindan sus servicios como profesionales independientes o en condiciones particulares. Pero el recurso se usa para evadir al fisco.
En cuanto a la ley, hay un marco que regula las contrataciones para asalariados, otro para contratados por outsourcing, y otro más para pago por servicios profesionales para trabajadores independientes; sin embargo, muchas empresas adoptan las simulación para evitar la carga fiscal total.
Las firmas que cometen simulación perduran porque tanto las autoridades fiscales como laborales se hacen de la vista gorda, y aunque en la LFT se especifica que los trabajadores deben pagar cuotas del IMSS e impuestos, no hay ningún punto en la misma legislación que prohíba o que considere un delito la simulación de salarios más bajos.
En el poder Legislativo hay una propuesta de ley para regular el outsourcing, pero especialistas en el tema dicen que también es una simulación. Afirman que el proyecto no promueve un cambio, sino que fomenta el ejemplo de la empresa conocida como GIN Group, señalada como elusiva.
En este proyecto se reconoce que el juego de la simulación ha hecho perder a Hacienda y a los trabajadores más de 277 mil millones de pesos (mdp), que son más que los 260 mil recaudados por las cuotas obrero-patronales del IMSS en 2016. La propuesta legislativa propone reformar el artículo 15C y crear una NOM que defina con claridad qué es el outsourcing, eliminé del concepto trabajo su consideración como mercancía intercambiable y tome en cuenta los derechos de los empleados.
Texto: Redacción con información de Forbes / Foto: Cuartoscuro, archivo El Sur
https://suracapulco.mx/2018/12/07/firman-gobierno-y-empresarios-primer-convenio-de-jovenes-construyendo-el-futuro/
