El máximo tribunal rechazó ayer una controversia promovida en junio de 2020 por la panista Laura Rojas, en ese momento presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien alegó que el Ejecutivo invadió atribuciones del Congreso. Se prevé que el presidente tenga que renovar su decreto luego de la reforma reciente que extendió a 2018 la presencia del Ejército en las calles
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2022. La Suprema Corte de Justicia avaló el acuerdo dictado en mayo de 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Por amplia mayoría, el pleno de la Corte rechazó una controversia promovida por la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, quien alegó que el Ejecutivo invadió atribuciones del Congreso y no fundó ni motivó debidamente su Acuerdo.
El Ejecutivo expidió el Acuerdo en uso de una facultad que le confirió el quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019, que creó a la Guardia Nacional (GN), para usar a los militares en funciones policiacas, pero sólo mientras se consolidaba dicho cuerpo policiaco, que a estas alturas se ha convertido en un apéndice del Ejército.
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, recordó que esta fue la primera vez que la Constitución previó la participación militar, pues desde la década de los 90 su despliegue en seguridad pública se hizo por la vía de los hechos, sin fundamento jurídico sólido.
La Constitución advirtió que el uso de las Fuerzas Armadas debía ser “extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario” con la GN, y Zaldívar aclaró que la Corte no estaba resolviendo sobre la militarización, sino sólo sobre la forma en que el Ejecutivo aterrizó el mandato de la Carta Magna para enfrentar la capacidad bélica “sin precedentes” de la delincuencia organizada.
Luego de la reforma reciente al quinto transitorio, que extendió hasta 2028 el “permiso” para usar a soldados y marinos en seguridad pública, es previsible que en 2024 el Ejecutivo tendrá que renovar su Acuerdo, de ahí la importancia de la discusión en la Corte.
La mayoría de los ministros sostuvo que la Constitución no requirió alguna ley para instrumentar la participación de las Fuerzas Armadas, sino que facultó al Ejecutivo, por lo que no se invadieron atribuciones del Congreso.
Margarita Ríos-Farjat, autora del proyecto, enfatizó que López Obrador fue autorizado a expedir este Acuerdo, rechazó que dicho documento sea la fuente “del llamado militarismo”, y pidió no politizar el tema.
La autorización al Presidente se consideró necesaria durante el tiempo que tome consolidar la GN, agregó Javier Láynez.
Destacó que hay varias leyes que regulan la actuación de las Fuerzas Armadas y que el Acuerdo Presidencial sólo ordena que participen en seguridad pública, remitiendo a dichas leyes.
“La ciudadanía demanda paz, tranquilidad, seguridad, justicia ante los niveles intolerables de criminalidad”, dijo Yasmín Esquivel al apoyar el proyecto.
Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, el presidente ordenó a la Fuerza Armada Permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años, hasta el 26 de marzo del 2024.
El 19 de junio de 2020, la panista Laura Rojas, que en ese momento era presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional ante la Corte contra ese acuerdo.
Centro Agustín Pro y Causa en Común lamentan la decisión
Causa en Común y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentaron que la Corte haya avalado el Acuerdo por el cual el presidente López Obrador dispuso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública.
Las organizaciones consideraron que el Máximo Tribunal perdió una oportunidad para erigirse en un contrapeso efectivo contra el proceso de militarización que se ha dado durante la actual Administración.
“Se perdió una oportunidad para que el Poder Judicial actúe como contrapeso ante la militarización en el país”, indicó el Centro Pro en Twitter.
Señala CNDH violación y tortura de la GN en Ecatepec, Edomex
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que elementos de la Guardia Nacional violaron a una mujer y realizaron actos de tortura contra otras dos personas en marzo pasado en Ecatepec, Estado de México.
A través de la recomendación 74VG/2022, la CNDH relató que también la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se negó a recibir la denuncia de los agraviados y a investigar estos hechos que ocurrieron el 3 de marzo.
Texto: Agencia Reforma y Redacción
