Sus remuneraciones se ajustarán a lo que dispone la reforma al Poder Judicial, ordena el ministro presidente Hugo Aguilar
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, ordenó ayer a tres Jueces federales de Zapopan eliminar por completo las suspensiones, concedidas en amparos, contra la reforma judicial de 2024, en particular, lo relacionado con la no disminución de salarios e inamovilidad en el puesto.
Debido a estas suspensiones, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había mantenido, en su petición presupuestal para 2026, los salarios de 3.1 millones de pesos netos anuales, para Magistrados de Circuito, y 2.9 millones, para Jueces de Distrito, muy por encima de los 2.7 millones de pesos previstos para la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En contraste con la propia Corte, donde desde enero los salarios bajaron al mismo nivel de la titular del Ejecutivo.
Aguilar dictó un acuerdo para contestar una consulta del Órgano de Administración Judicial (OAJ) —sucesor del CJF— sobre los efectos de la sentencia que la anterior integración de la Corte dictó el pasado 13 de febrero, en la que ordenó revocar las suspensiones relacionadas con el nuevo sistema de elección de Jueces.
Las suspensiones derivaron de 550 amparos promovidos en 2024 que fueron concentrados en tres juzgados en Materia Administrativa en Zapopan, y esos mandatos fueron la razón por la que, en 2025, los salarios de Jueces y Magistrados se mantuvieron en sus niveles previos.
“Los órganos jurisdiccionales están obligados a revocar las suspensiones concedidas en su totalidad, esto es, respecto de todo acto relacionado con la reforma judicial impugnada, incluyendo aquellos que deriven o que sean consecuencia directa del proceso electoral”, ordenó ayer el Ministro presidenta a los tres Jueces mencionados.
“Dichos órganos están obligados a (…) revocar las suspensiones concedidas en su totalidad, incluyendo los actos que deriven de la reforma judicial reclamada, como son los relacionados con la permanencia en el cargo y la irreductibilidad salarial”, agregó.
Cuando la anterior Corte discutió el tema, quedó la impresión de que sólo se había ordenado revocar las suspensiones en los aspectos que pretendían bloquear las elecciones judiciales de junio pasado.
Pero en la versión por escrito de la sentencia, dictada en la consulta a trámite 3/2024, la mayoría de la Corte estableció que los Jueces de amparo eran incompetentes para llevar estas demandas, por tratarse de materia electoral.
El CJF pidió un presupuesto de 74 mil 224 millones de pesos para 2025, mismo que fue rechazado por el OAJ en cuanto inició funciones en septiembre.
La Cámara de Diputados redujo de 85 mil 960 millones a 70 mil 36 millones de pesos la solicitud presupuestal global del Poder Judicial de la Federación, pero no está claro qué parte del recorte correspondió al OAJ.
Rechaza Sheinbaum que la reforma judicial genere incertidumbre económica
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ayer que la reforma judicial genere incertidumbre económica o afecte la llegada de inversiones extranjeras a México.
La Mandataria se pronunció sobre el tema, luego de los señalamientos recientes de más de 2 mil 200 empresas tecnológicas de Estados Unidos que acusaron riesgos para el T-MEC y para los derechos de compañías extranjeras.
“No he escuchado a nadie que no tenga asunto político de fondo o algún interés o algún privilegio que diga: ‘no voy a invertir en México porque la Corte fue electa por el pueblo… no he escuchado yo a nadie que diga eso”, dijo.
Sheinbaum sostuvo que la reforma no puede medirse en términos de costo-beneficio y aseguró que la elección popular de Jueces, Magistrados y Ministros fortalecerá al sistema judicial.
“Los Ministros los eligió el pueblo de México y tienen ellos que ir demostrando, día con día, su solidez y su entrega a México, y con la ley y la Constitución de la mano”, expuso.
Además, atribuyó las críticas a la pérdida de privilegios de quienes controlaban el Poder Judicial.
“Hay algunos que pierden privilegios y que dicen que la Corte está capturada por el Poder Ejecutivo, háganme el favor, y ponen a Zedillo como el vocero de eso”, señaló.
Sheinbaum aseguró que la inversión extranjera continuará llegando y que las empresas deben ajustarse a la legislación nacional.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa abre proceso a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abrió un procedimiento por faltas graves contra consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos el ex presidente del organismo, Lorenzo Córdova.
El motivo: haber votado en 2021 por aplazar la consulta de revocación de mandato del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador. El ejercicio finalmente se llevó a cabo en abril de 2022.
El procedimiento fue iniciado por el TFJA luego de que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE presentó un informe de presunta responsabilidad administrativa por abuso de funciones en contra de los funcionarios electorales.
Entre los señalados están Lorenzo Córdova, los ex consejeros Ciro Murayama y Roberto Ruiz, así como Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes están en funciones.
Como se trata de una falta grave, el Tribunal es el que debe analizar el caso e imponer la sanción, si es que procede. La sanción puede ser inhabilitación de hasta veinte años para el servicio público.
A pesar de que también está prevista la destitución de los consejeros que siguen en el cargo, no está claro si el TFJA puede imponerla a titulares de un órgano autónomo como el INE, que fueron designados por la Cámara de Diputados.
“Es difícil no ver un matiz político, cuando es una decisión que se tomó en un órgano que tiene que actuar de manera independiente, autónoma y demás, y que lo que se está cuestionando son los criterios jurídicos, técnicos y operativos que nosotros tuvimos para hacer ese discernimiento y para tomar una decisión.
“Entonces, me parece difícil decir que esto efectivamente pudiera llegar a actualizar una infracción administrativa”, consideró la consejera Dania Ravel, en entrevista.
Las acciones del OIC del INE han provocado fuertes críticas, al poner en duda la independencia de los miembros de un órgano autónomo como el INE para emitir sus votos. La actual Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó que se les pueda investigar por esta razón, y el órgano electoral pidió este jueves que se le tenga como tercero interesado en el proceso ante el TFJA.
La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA acordó el 3 de noviembre el inicio del procedimiento 1676/25-RA1- 01-1, pero notificó hasta el 11 del mismo mes la admisión respectiva.
La admisión implica que la falta sí es grave y por tanto es competente el TFJA, donde el caso lo lleva la Magistrada María Ozana Salazar Pérez, nombrada en 2018 por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Temen consejeros del INE que suspendan su liquidación por votar a favor del freno a la revocación de mandato de AMLO
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, afirmó que el juicio que mantiene por su voto a favor de parar momentáneamente la organización de la consulta de Revocación de Mandato del sexenio pasado provocaría que les frenaran su liquidación a ella y a los otros dos funcionarios involucrados, pues sus periodos terminan en abril del próximo año.
Insistió que se trata de un tema político, pues el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, al no tener elementos para mantener la denuncia, pudo haberla cerrado.
Ravel junto con los consejeros Claudia Zavala y Jaime Rivera están sujetos a un procedimiento administrativo, luego de que en diciembre del 2021 votaron a favor de parar, por unos días, la organización de la consulta de Revocación de Mandato del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que debían esperar a que la Secretaría de Hacienda aprobara una ampliación presupuestal.
El acuerdo aprobado por seis consejeros, se revirtió a finales de ese año, al recibir respuesta negativa del Gobierno, por lo que el ejercicio se realizó en abril del 2022.
Morena presentó una denuncia ante el OIC del INE, y aunque en agosto retiró la queja al no existir materia, el contralor interno determinó no cerrar el expediente y enviarlo al Tribunal de Justicia Administrativa, donde está radicado desde el 3 de noviembre. Esa instancia determinará si procede o no una sanción, y cuál, pues se afirma fue una falta grave.
Dania Ravel insistió en que la actuación del OIC es un mal precedente, porque se podría juzgar a partir de ahora a los consejeros por el sentido de su voto.
Ravel informó que no han sido llamados a declarar, únicamente se les notificó el registro formal del documento, y lo que seguiría, en su momento, es presentar alegatos.
Si el fallo es en su contra, indicó, tendrían que presentar un amparo.
Agencia Reforma
