Silvestre Pacheco León
Estoy de acuerdo con la declaración conjunta de los cuatro obispos que conforman la titularidad del poder eclesial en Guerrero: que las autoridades civiles deben escuchar y atender las opiniones de la sociedad, independientemente de quienes hayan votado a favor o en contra, auspiciando el diálogo con todas las organizaciones para no sentirse solas ni abandonadas en manos de los grupos que dañan a la sociedad.
Es reconocible que los obispos, como miembros de una congregación religiosa prediquen con el ejemplo sobre las bondades que entraña el diálogo, que discutan los temas que preocupan a la sociedad como la violencia, la pandemia y los derechos de la mujer, que elaboren y divulguen sus propuestas para que la sociedad se informe de sus argumentos y posiciones para el enriquecimiento del debate.
Hacen bien en recomendar a los gobernados, sean estos ganadores o perdedores de la contienda pasada, que apoyen a sus autoridades, pues la esencia de la democracia consiste en aceptar la opinión mayoritaria, por eso lo natural es que en un ambiente democrático las autoridades mantengan y amplíen los espacios de diálogo donde ganadores y perdedores aporten sus propuestas para alcanzar la paz social que se ha convertido en el principal objetivo del momento.
Aplaudo que el resultado de su cónclave realizado del 11 al 13 de enero en Tlapa haya sido convocar a las familias y los ciudadanos a convertirse en “artesanos” de la paz y con ese propósito aportar lo que esté al alcance de cada quien para elaborar juntos la mejor propuesta para dirimir los conflictos que generan la violencia.
En su declaración ni siquiera está demás el exhorto para que las autoridades se apliquen a la tarea de gobernar, de principio a fin, para entregar buenos resultados y en ese sentido resulta plausible la crítica que han externado sobre la celebración de los cien días de gestión tanto de la gobernadora como de la presidenta municipal de la capital, porque aún siendo relativamente positivos sus logros, son insuficientes para satisfacer la esperanza que ha puesto la mayoría de los guerrerenses en el nuevo gobierno.
En lo que disiento es en la propuesta del obispo de que el diálogo que propone entre autoridades y organizaciones incluya a quienes “dañan” a la sociedad generando la violencia que ha ensangrentado al estado y desplazado a miles de sus hogares.
A menos que ese diálogo fuera público, y más para satisfacer el morbo que para algo útil, lo que provocaría una reunión de esa naturaleza sería contraproducente con la confianza que la sociedad busca en la autoridad, pues los guerrerenses esperan ver en su gobernadora ejemplo de intransigencia y templanza contra quienes son los causantes del sufrimiento que provocan con sus amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos y desapariciones de personas, si no, ¿dónde quedará la raya que debe separar a la autoridad con la delincuencia?
La opinión del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel quien con la indiscutible representación de la iglesia mayoritaria ha sido el principal promotor del diálogo de la gobernadora con las organizaciones sociales debe ser atendida pues nadie debe dudar que su preocupación por la paz en el estado es tan real y legítima como la que tienen las feministas que promueven que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Se entiende que el obispo trate de ver en un delincuente la misma calidad que tiene cualquier ciudadano, independientemente o a pesar de la peor conducta social que pueda tener, porque el papel del religioso consiste en buscar redimirlos a todos, pero si eso lo puede hacer con su ministerio mediante la confesión de los pecados y el arrepentimiento, la ley que nos rige no es la del confesionario, tiene otro camino para tratar a quienes delinquen, pues sin desconocer los derechos inalienables que los delincuentes tienen como seres humanos, deben ser sancionados y purgar una condena conforme a la dimensión de su delito.
Sin embargo la posición del obispo da para muchas elucubraciones. Por sus propias declaraciones y lo divulgado en la prensa se sabe que en otros momentos y con distintas autoridades ha jugado el papel de intermediario en disputas de cárteles que pelean el control territorial.
Con su intervención el prelado ha logrado detener enfrentamientos violentos en algunas regiones donde resultaba difícil transitar, lo cual da la idea de que los delincuentes buscan que la autoridad los reconozca y les otorgue su apoyo en las demarcaciones que consideran de su exclusividad, algunos escudándose bajo el argumento de que son autodefensas que cuidan la paz social.
Esa intermediación que hemos conocido, salvo porque la Iglesia católica se convierte en la beneficiaria de ciertos cárteles no puede ser la solución de la violencia sino el reconocimiento legal de esas organizaciones criminales que así tendrán manos libres sobre las demarcaciones que les sean reconocidas lo cual implica una convivencia y connivencia de las autoridades.
La estrategia que apoya la mayoría de los mexicanos contra la violencia es que se vaya a la raíz del problema quitando a la delincuencia la fuente que la provee de elementos para su ejército, dando opciones de ocupación e ingreso para el sector de la sociedad proclive a emplearse en el sicariato. En segundo lugar combatir el pistolerismo conforme a la ley de armas de fuego para sacar de la circulación el armamento que hoy invade los caminos. (Valga anotar aquí la novedad que ha significado la demanda del gobierno de México contra los fabricantes norteamericanos de armas que facilitan su introducción en territorio mexicano); y en tercer lugar quitar a la delincuencia el poder del dinero, identificando y congelando sus cuentas para que salgan del sistema financiero, mejorando la eficacia policial en la vigilancia y protección ciudadana. Es en esto que resulta estratégica la participación de la sociedad.
Respecto a las críticas que el obispo de Chilpancingo sostiene contra nuestra gobernadora poniendo en duda su autonomía en la toma de decisiones, creo que la sociedad le mantiene su confianza, porque no le hace mal tener en cuenta las opiniones de su padre, pues ella ha dado muestras de la inteligencia y sensibilidad necesarias para tener presente que al final, si las cosas salen mal no le valdrá repartir culpas.
Respecto a la posición de la Iglesia católica sobre la pandemia resulta plausible su posición de que la vacuna es necesaria para la protección de las personas y su convocatoria a que todos seamos solidarios y miremos con valentía el futuro.
Pero en lo que no podemos transigir es en la idea de que las mujeres deben contar con la opción de abortar en las mejores condiciones médicas si así lo deciden porque es una manera de decidir sobre su cuerpo. Esa es nuestra postura aunque también sabemos que la Iglesia católica seguirá manteniendo su postura conservadora de mirar a la mujer como un ser de segunda que no merece consideraciones.
