Niegan a la ex titular de Sedesol el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Washington, DC, EU, 28 de agosto de 2019. La defensa de Rosario Robles pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitar medidas cautelares contra la orden de un juez federal de dictarle prisión preventiva en el proceso que se le sigue por ejercicio indebido de servicio público.
La defensa argumentó en su solicitud que la prisión preventiva por los delitos que se le imputan a Robles es irregular y representa daño irreparable, por lo que insta a la CIDH a pedir medidas cautelares.
“La consideramos nosotros víctima del Estado mexicano, de una detención ilegal, una privación de la libertad, no una prisión preventiva justificada como dijera el juez”, declaró Julio Hernández Barros, uno de los abogados que coordina la defensa legal de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto.
“Solicitamos medidas cautelares para que lo antes posible la Comisión Interamericana ordene al Estado mexicano que se suspendan estas acciones de encarcelamiento ilegal que está sufriendo Rosario Robles Berlanga y sea puesta en libertad sin prejuzgar sobre el fondo del asunto”, dijo.
La defensa también presentó una queja en contra de la acción de prisión preventiva dictada por el juez federal José de Jesús Delgadillo Padierna, aun cuando el mismo equipo legal reconoce no haber agotado aún los recursos locales contra esto.
“La propia Comisión Interamericana tiene excepciones. Precisamente en casos de urgencia, cuando está en peligro la libertad personal con motivo de esta detención arbitraria, pues es una de las excepciones a la que estamos apelando”, justificó el abogado.
Sin que exista un plazo establecido para emitir las medidas cautelares ni mucho menos garantía de admisibilidad de la queja, cualquier ciudadano de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) –a la que pertenece la CIDH como entidad autónoma– puede denunciar violación a sus derechos.
Según el juez Delgadillo Padierna, la prisión preventiva en el proceso que se le sigue a Robles es justificada ante la posibilidad de que pudiera evadir la acción de la justicia, ya que se contradijo en su comparecencia al solicitar una licencia de conducir en un domicilio distinto al que aseguró haber habitado los pasados 24 años.
Para la defensa de la exfuncionaria –acusada de permitir el desvío millonario de recursos públicos– la actuación de Delgadillo Padierna fue irregular también por la relación de parentesco que tiene con la actual diputada Dolores Padierna quien, considera la defensa, tendría un ánimo en contra de la extitular de Sedatu.
Niegan descongelamiento
Una jueza federal negó este martes a Robles Berlanga el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Blanca Lobo Domínguez, jueza décimo segunda de Distrito en Materia Administrativa, negó hoy la suspensión provisional en el amparo presentado el 14 de agosto por la ex Secretaria de Desarrollo Social, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la UIF.
Robles ingresó el 13 de agosto al penal de Santa Martha Acatitla luego de que un juez penal la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en relación al presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos por el caso de la “estafa maestra” durante su gestión al frente de Sedesol y Sedatu.
La jueza Lobo no publicó su resolución, por lo que se desconocen sus razones para negar la suspensión que, de acuerdo con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este tipo de casos debe ser concedida, salvo que exista una solicitud de colaboración internacional presentada el gobierno mexicano.
Robles puede impugnar la negativa mediante queja ante un tribunal colegiado de circuito, que tendrá 48 horas para resolver.
Se ignora el saldo actualizado de las cuentas de Robles o las instituciones financieras que están abiertas. En su declaración patrimonial de cierre de encargo, presentada el 7 de diciembre de 2018, la exfuncionaria informó que tenía dos cuentas bancarias, una con saldo en ceros y la otra con 180 mil 517 pesos.
Robles también contaba en su patrimonio con 1.7 millones de pesos del seguro de separación que tenía derecho a cobrar al salir del gobierno, dinero que también podría estar bloqueado.
Texto: José Díaz Briseño y Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
