No basta una legislación que sancione con severidad el delito si hay “descomposición social” que se refleja en la falta de valores y honradez de los padres, señala el presidente del Tribunal Universitario, Julián Güitrón
Texto: Evelyn Cervantes / Agencia Reforma / Foto:
Ciudad de México, 10 de octubre de 2018. El problema de la trata de personas en México tiene sus raíces en la descomposición de las familias mexicanas, advirtió Julián Güitrón Fuentevilla, presidente del Tribunal Universitario y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
“Como efecto de la descomposición familiar, que no hay valores, no hay lealtad, que los padres no se conducen con la honradez con la que deberían enfrentar a sus hijos, entonces vienen conductas que se van a reflejar en la calle, y yo sostengo que en la familia está el origen del problema de la trata de personas, pero también las soluciones”, argumentó el especialista.
En el marco del Primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018, Güitrón subrayó que no basta con que México tenga una legislación robusta para sancionar este delito.
Factores como la pobreza, desigualdad, desempleo, migraciones y la presencia de grupos delincuenciales también influyen en la trata de personas, apuntó Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
“Se agrava más cuando el tráfico de personas tiene que ver con adolescentes y niños. Muchos de estos fenómenos nos indignan, pero se dan muchas veces en el seno familiar. Las familias muchas veces preparan a los hijos y los mandan solos a Estados Unidos para ver si pueden pasar y les mandan dinero y, entonces, son víctimas de los grupos delincuenciales que están ávidos de reclutar gente”, explicó Contreras Bustamante.
Cualquier política pública que pretenda frenar la trata de personas, dijo, debe etiquetarse con un financiamiento que garantice su implementación.
Mónica González Contró, abogada general de la UNAM y catedrática de la Facultad de Derecho, lamentó que en México no exista un diagnóstico con datos desglosados sobre la dimensión del problema de trata, principalmente de niñas, niños y adolescentes.
Mujeres y niñas, particularmente en condiciones de pobreza y bajos niveles educativos, abundó, son la población más vulnerable a la trata de personas.
La problemática se acentúa, expuso, en entidades como Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Aguascalientes.
“El problema que tenemos es una debilidad institucional muy importante. En 2015 se creó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que crea el Sistema Integral de Protección de Derechos y la Procuraduría, pero todavía hace falta dotar de recursos a estas instituciones y también un trabajo de políticas públicas”, señaló.
La especialista urgió a que se procure la adecuación de los códigos penales estatales con un enfoque que permita abordar la trata de personas de manera diferente en los casos de niñas, niños y adolescentes.
“La modificación a los códigos penales estatales para que se pueda rescatar a los niños, niñas y adolescentes una vez que han caído como víctimas de trata y explotación sexual. También políticas públicas que recuerden a la población que no es normal la explotación de niñas, niños y adolescentes”, agregó.
Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, propuso una revisión técnica de la redacción de los tipos penales para que la trata de personas sea una conducta definida con mayor claridad y no se confunda con lenocinio.
“Mientras la trata tiene una pena muy alta, el lenocinio alcanza máximo cinco años de prisión. Hay una mala estructuración de los tipos penales y el Gobierno federal también tiene que generar políticas para afrontar esta problemática porque muchas veces no se denuncia”, añadió Daza Gómez.
Arturo Ventura Püschel, profesor de derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, destacó que, cuando se rescata a una víctima de trata o explotación, debe protegerse y no tratarse como parte de la red del delito, aún cuando asegure que su permanencia es por voluntad propia, ya que podría ser una afirmación motivada por miedo a represalias.
