Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
A 104 años del asesinato de Emiliano Zapata, la situación de los campesinos e indígenas que han defendido la tierra contra empresas depredadoras, y han peleado con los mismos gobiernos por su visión mercantilista de la tierra, se ha agravado por la presencia del crimen organizado y las grandes empresas extractivistas que ambicionan lucrar a cualquier costo social y económico con los bienes naturales de los pueblos.
En Guerrero la violencia no ha parado por los conflictos agrarios añejos que los diferentes gobiernos han postergado permitiendo que las mismas comunidades resuelvan sus disputas agrarias con las armas en las manos. En la Montaña y Costa Chica de Guerrero esta problemática sigue causando muertes violentas, casos de desapariciones y un ambiente de inseguridad que alienta la entrada de grupos armados para tomar el control de estos territorios.
A nivel federal y estatal no existe un mecanismo que ayude a encauzar estos conflictos para evitar mayor derramamiento de sangre. Dejan que los tribunales agrarios se encarguen de supuestamente resolver estos conflictos con sus resoluciones que al final de cuentas no se ejecutan porque las condiciones sociales impiden que un funcionario del tribunal entregue las tierras en disputa.
El caso de la comunidad agraria de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, es un ejemplo claro de la insuficiencia de este recurso jurídico ante una problemática que tiene diferentes vertientes y que requiere de una intervención integral para implementar un mecanismo de solución con la intervención de las diferentes dependencias de gobierno.
En la Montaña de Guerrero los conflictos agrarios emergen en cada ciclo agrícola sobre todo en los meses en que se preparan los terrenos e inicia la temporada de lluvias. Lamentablemente se ha vuelto común las balaceras que se dan entre los núcleos agrarios en conflicto que persisten en los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlixtac, Alcozauca y San Luis Acatlán, entre otros.
La mayoría de estas disputas ya han sido dirimidas en los tribunales agrarios, sin embargo, sus sentencias no se acatan. Esta situación desgasta a las mismas comunidades porque la defensa legal se torna muy onerosa con los abogados particulares que le apuestan a un proceso legal largo para generar mayores dividendos en su defensa.
Se han dado casos en que los comisariados de bienes comunales optan en las asambleas para que cada comunero y comunera tenga que cooperar para mantener vigente esta defensa de la tierra en los tribunales agrarios. Las cooperaciones oscilan entre mil y 2 mil pesos por cada comunero o comunera, dependiendo del nivel de conflictividad que enfrentan. Además de las cooperaciones los hombres se organizan en grupos para hacer guardia en los lugares estratégicos para hacer frente a los adversarios quienes también se atrincheran con sus armas para demostrar que están dispuestos a todo.
Esta lucha sorda por la tierra ha costado muchas vidas. En varios lugares los comuneros son asesinados cuando van a sus parcelas y sobre todo cuando se encuentran en los terrenos en conflicto. También se han dado emboscadas en los caminos y en las carreteras, en otros momentos han irrumpido en las mismas comunidades cuando los hombres se encuentran recibiendo algún programa federal.
Estos casos poco se documentan porque no tienen impacto ante la opinión pública, se han trivializado las muertes de hombres y mujeres que pelean por su tierra como único patrimonio para su sobrevivencia, hay muchos huérfanos y viudas en las comunidades indígenas y campesinas que ninguna autoridad atiende de manera prioritaria porque además de quedarse sin su parcela han perdido al jefe de la casa que se encargaba de generar ingresos.
Las comunidades indígenas y campesinas de Guerrero no solo tienen conflictos intercomunitarios, su situación de precariedad económica se ha complicado porque tienen que salir de sus tierras para contratarse como jornaleros agrícolas durante la temporada de secas. Las familias abandonan su tierra por falta de apoyos directos a los pequeños productores que no están en posibilidades de subsistir con la producción de maíz, frijol y calabaza. El sueño de la autosuficiencia alimentaria se ha transformado en una pesadilla porque a lo largo de los sexenios se abandonó a los pequeños productores y se alentó la inversión privada.
En la Montaña de Guerrero las familias están en quiebra, porque no tienen ingresos suficientes para rehabilitar sus parcelas y mejorar la producción de los maíces criollos, así como combatir las plagas que se han multiplicado con la aplicación de los agroquímicos.
El programa Sembrando Vida es visualizado como el gran milagro de la 4T por el apoyo económico que brinda a los beneficiarios que se comprometen a reforestar su entorno ecológico con plantas que no son nativas. Los 5 mil pesos mensuales que reciben son utilizados para la compra de alimentos y los medicamentos que tienen que conseguir en las cabeceras municipales ante la carencia de medicinas en las clínicas y centros de salud.
Quienes no son beneficiarios de este programa tienen que peregrinar por los campos agrícolas en condiciones sumamente deplorables, recientemente se dieron a conocer casos graves de familias que viven hacinados en pequeños cuartuchos de 3 por 3 metros que no cuentan con servicio de luz y agua y mucho menos un bracero para cocinar, ni sanitarios para sus necesidades fisiológicas. Los niños y niñas duermen sobre petates en medio de la tierra. Tienen que pagar de 2 mil a 3 mil pesos la renta y soportar los malos tratos de los patrones. Son más de 12 mil personas que salen de la Montaña en busca de trabajo, todas ellas llevan la marca de la discriminación, el maltrato y la explotación.
Son los peones que en su mayoría no saben leer ni escribir, los que más buscan los empresarios agrícolas porque saben que están dispuestos a realizar jornadas extenuantes para alcanzar un pago mayor a los 200 pesos. Todos ellos viven en total abandono y están sumamente indefensos porque los extorsionan tanto los agentes de tránsito locales cuando llevan sus camionetas con sus familias, los capataces, los mismos médicos particulares y quienes atienden las tiendas de raya. Son los indígenas y campesinos que han dejado su tierra ante la imposibilidad de transformar su entorno comunitario en un territorio seguro y que les garantice una alimentación de calidad y suficiente.
Un movimiento importante que se ha dado en la Montaña de Guerrero es la conformación del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio que aglutina a 22 núcleos agrarios y que se ha erigido en una instancia de los pueblos para proteger sus territorios y sus bienes naturales. Esta lucha ha ganado reconocimiento a nivel regional, sobre todo con varios núcleos agrarios de la Costa Chica que enfrentan los estragos de la delincuencia y de los mismos caciques locales que se han apropiado de los recursos pétreos y del agua para hacer negocios particulares.
Este 15 de abril en una asamblea regional, la número 38 el Concejo Regional, se logró que el cabildo municipal de San Luis Acatlán presentara un acta de acuerdo donde rechaza cualquier acción relacionada con la entrada de empresas mineras en su territorio, se trata de un ejercicio de consulta efectiva donde los pueblos a través de una asamblea regional determinan proteger su territorio contra las empresas mineras.
Es una postura ejemplar contraria a la que se quiere imponer desde el gobierno federal con la reforma a la ley minera donde se le da a la Secretaría de Economía la facultad para realizar las consultas entre las comunidades agrarias para la aprobación de proyectos extractivistas.
Este mecanismo de consulta en la práctica es un despojo legalizado que permite a las empresas mineras negociar con las comunidades o sus representantes agrarios, ofreciendo dinero a cambio de comprar el voto de las comuneras y comuneros. Este modelo de consulta ya no queda en manos del pueblo que históricamente ha sabido ejercer este derecho sin que se inmiscuyan intereses ajenos a la comunidad y se defienda de manera auténtica los derechos de la colectividad.
Es una consulta que busca poner en el mercado los bienes naturales de los pueblos indígenas, que en esencia busca que las empresas hagan su negocio sin que importe tanto el deterioro ambiental y los daños que ocasionarán estas actividades extractivistas a la salud, a un ambiente sano y a tener en todo momento el acceso al agua sin que corran riesgos de que se contamine con el cianuro que aplican a los metales pesados.
La defensa del territorio está más viva que nunca y los pueblos saben que sólo ellos velarán por sus derechos. Les ha quedado claro que los gobiernos no se han interesado en blindar su territorio y sus bienes naturales, por el contrario, han permitido que agentes externos extraigan los minerales, el agua, los materiales pétreos y las especies nativas para negocios particulares.
Los mismos gobiernos han permitido que sean los grupos de la delincuencia organizada los que hagan este trabajo depredador, de generar terror entre la población, de tomar el control de los caminos, de incrustarse en los gobiernos municipales y pactar con las autoridades para supuestamente brindar seguridad.
Además de este frente del crimen organizado, están los grandes intereses de las empresas mineras que también han pactado con las autoridades del estado a cambio de pequeños fondos que supuestamente generan beneficios a las comunidades donde extraen el oro y la plata.
La extracción minera en nuestro estado es sumamente millonaria y en nada se compara con los nimios recursos que pomposamente publican en algunos medios periodísticos, los daños ambientales que ha causado en la región centro y norte del estado son irreversibles, sin embargo, ninguna autoridad se atreverá a suspender estas actividades porque saben las grandes ganancias que generan para las empresas extractivistas extranjeras y para la clase política que ambiciona más poder y dinero.
La lucha se dibuja en el escenario que vivimos en Guerrero muy cruenta porque están en disputa grandes meganegocios que han quedado en manos de empresas extranjeras y que los grupos del crimen organizado se han ostentado como los garantes de este extractivismo depredador. El emblema de Zapata sigue vivo en Guerrero, sobre todo entre los pueblos indígenas y campesinos que defenderán con su vida la tierra porque saben que es el patrimonio que ningún emporio minero podrá tener porque son bienes sagrados que están destinados a darle vida digna a las futuras generaciones.
