METALES PESADOS
Tryno Maldonado
El Estado es el concepto más violento que se haya creado. El pacto social es el primer acto de violencia que se impone y atraviesa a los seres humanos nacidos en él. El sometimiento de los individuos a una supuesta universalidad común es el primer acto violento. Y se ensaña contra quienes son despojados de toda representación, de recurso simbólico, de rostro. En ese pacto, en ese sistema de Estado-nación, muchos seres humanos se vuelven, por tanto, residuales. Mujeres, indígenas, campesinos, homosexuales…
Los rostros de los más de 110 mil desaparecidos en el México actual son un agujero en la realidad. Un duelo suspendido que jamás llega y que se vuelve intolerable.
Al entrevistar durante la última década a decenas de familiares de desaparecidos, su descripción de ese dolor agónico y prolongado en el tiempo suele coincidir en una metáfora como esta: un desgarrarse del corazón. Cada día. Todos los días desde hace años. Una pesadilla sin fin. Una pesadilla para que la violencia de Estado y el gobierno en turno que lo administra parecería no tener oídos. “No oigo”, dijo Andrés Manuel López Obrador cuando periodistas lo cuestionaron sobre la desaparición de los cinco muchachos de Lagos de Moreno hace unas semanas.
En 2017, tras las luchas y las demandas de los colectivos de las familias de desaparecidos y organizaciones de todo el país, se consolidó la Ley en Materia de Desaparición. Esta ley planteó por primera vez la división funcional entre la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de los hechos; además impulsó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y las comisiones de búsqueda estatales. A decir de la página del gobierno federal, “la principal obligación de la CNB es llevar a cabo y/o coordinar, junto con las diversas autoridades federales y estatales, acciones de búsqueda (de todo tipo) con la finalidad de dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas”.
No obstante, los buenos deseos de la CNB, como muchos de los buenos deseos y promesas de campaña de la autoproclamada Cuarta Transformación, no podrían estar más alejados de la cruenta realidad. La renuncia de Karla Quintana –la hasta hace poco titular del organismo del Estado mexicano encargado de coadyuvar a la verdad, memoria y justicia– ocurre en medio de la peor crisis de desapariciones de la historia reciente de México. En un reportaje publicado en la versión en línea de la revista Proceso el 24 de agosto, se afirma que “la renuncia de Karla Quintana Osuna a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tendría de fondo su inconformidad por la realización del censo para confirmar la consistencia del número de personas desaparecidas en el país, proceso del que fue marginada la institución y en el que se incluyó a personal de la Secretaría del Bienestar”.
Esta versión coincidiría con lo dicho en esta columna en entregas pasadas: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene urgencia por rasurar las cifras de desaparecidos con miras a las elecciones presidenciales de 2024.
A AMLO no le inquieta el dolor de las familias –a quienes se ha negado sistemáticamente a recibir–, ni el infierno de las desapariciones en el país que dice gobernar. Le inquieta únicamente su imagen.
De acuerdo con las fuentes consultadas por el semanario Proceso, “el subsecretario Alejandro Encinas fue quien se encargó de exigirle a Quintana que buscara ‘la manera’ de reducir el número de reportes de desaparición, porque el presidente sostiene que están ‘inflados’ los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno).”
Esta prisa por maquillar un dato tan doloroso para el país entero coincide además, no hay que olvidarlo, con el próximo 26 de septiembre, fecha en que se cumplirán nueve años sin verdad ni justicia para la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Y parece que la urgencia de AMLO casa de manera perfecta con otra urgencia: la militar. En un comunicado fechado el 23 de agosto pasado, el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) denuncia: “El día de ayer, las organizaciones que acompañamos a las familias de Ayotzinapa tuvimos conocimiento de que el general Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en el marco del caso Ayotzinapa, recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”.
No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial, como recuerda el Centro Prodh. En agosto de 2022 había sido acusado de delincuencia organizada y “la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”.
¿Es acaso la mentira militar sistemática la nueva “verdad histórica” que desea implantar la llamada Cuarta Transformación por encima de la verdad y justicia para las familias de los desaparecidos?
En el tiempo que te tomó leer estas páginas, estadísticamente desapareció una persona más en México. Y, a lo largo de este día, ocurrirán 12 desapariciones más en el país.
