Silvestre Pacheco León
Cuando en el cabildo de Zihuatanejo las críticas contra la Policía Municipal arreciaban al descubrir su actuación delincuencial, demandando su depuración para que contara con elementos dignos de confianza, el director de Seguridad Pública se sostenía en su postura de defenderlos con el argumento de que era preferible para la sociedad mantenerlos en la corporación que despedirlos, porque así la autoridad los tenía controlados, mientras que despedidos y sueltos, se convertirían en un problema mayor.
–Ya sabemos que hay malos elementos en la corporación, gente que nunca se va a rehabilitar, pero es mejor que sigan como policías porque así los tenemos ocupados y vigilados –sostenía.
El funcionario municipal daba por hecho que los delincuentes que cometían felonías contra la sociedad eran parte de la institución encargada precisamente de prevenir el delito, pero no podía (ni quería) proceder a su depuración porque eso era fuente de conflictos. En cambio sabía que, bien manejados para sus intereses, los policías eran una fuente y un medio para acceder y mantenerse en el poder.
Eso se convirtió en un hecho incontrovertible que no hacía distinción entre las distintas corporaciones policiacas.
La organización de la sociedad civil que se hizo conocida como Mujeres por la Paz a principios del año 2000 nació en este puerto a raíz de que el hijo de doña María de la Paz Sánchez fue muerto en los propios separos de la Policía Judicial del estado. Un delito que nunca fue castigado.
En la época de los noventa la sociedad de Zihuatanejo se manifestaba en las calles indignada contra la actuación de la Policía Judicial cuando se percató que de manera ilegal, un grupo de sus elementos había detenido a seis pacíficos ciudadanos acusados nada menos que de formar parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se había levantado en armas en el estado de Chiapas en el primer día de 1994.
Siendo conocidos como personas pacíficas y hasta populares algunos de los detenidos que la policía hizo aparecer como temibles guerrilleros, la gente pasó del temor a la indignación cuando supo que los policías judiciales fueron levantando a lo largo de la carretera a las personas que creyeron que podían inculpar, solamente para cumplir con una orden superior, quien sabe con qué propósito.
Antes de que la sociedad civil tuviera una representación de peso exigiendo mayor control sobre la policía (hasta llegar a la época de los exámenes de confianza) lo común para su contratación en los ayuntamientos era pedir que el solicitante tuviera su propia arma, y si sabía manejarla, mucho mejor, porque eso eximía al gobierno del gasto correspondiente en capacitación y adquisición de armamento.
Era el tiempo en que la gente del campo bajaba a la ciudad en busca de un empleo temporal, cuando puertos como Acapulco y Zihuatanejo funcionaban como polos de atracción por su oferta de empleo, y como el trabajo de policía era el menos exigente en cuanto a calificación, los campesinos lo preferían mientras conseguían una mejor oportunidad que los alejara del riesgo y la mala paga, que entonces eran las características de dicha ocupación.
Si el solicitante del empleo mostraba interés en el trabajo y tenía iniciativa para las acciones violentas, eso contaba para su estabilidad laboral y su propio desarrollo dentro de la corporación.
Así pasamos al tiempo en que el incremento de la violencia y la inseguridad obligó a la contratación masiva de policías a pesar de la percepción social de que todos eran delincuentes en potencia, dispuestos a cumplir las órdenes superiores, así se tratara de tropelías, sabiéndose beneficiarios de una gran dosis de impunidad por ostentar la placa y el uniforme de autoridad.
Esa ha sido la historia de las corporaciones policiacas de las que nunca se sabe que sus autoridades hayan aplicado alguna depuración de sus miembros y mucho menos que sean sancionados quienes cometen fechorías. Si algunos casos hay sobre esto último eso ha sido un logro de la presión social, nunca una iniciativa de sus titulares.
Ahora nos encontramos con hechos mucho más graves en esta espiral de violencia que parece tener origen precisamente en la institución que la sociedad paga para garantizar la paz.
El asesinato del empresario César Zambrano
Cuando El Sur publicó las declaraciones de los familiares de los detenidos, Juan Alejandro Tapia y Rodrigo del mismo apellido, defendiéndolos de ser chivos expiatorios en el caso del asesinato del empresario papelero César Zambrano, ocurrido en el puerto de Acapulco el 26 de octubre, nosotros fuimos parte de los que sospechamos de los resultados que con prontitud presentó la Fiscalía cuyo titular se mostraba muy seguro del reporte en el que anunciaba la detención de tres sujetos en el puerto de Zihuatanejo relacionados con la muerte del empresario suplente del ex presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio.
El reporte oficial de la Fiscalía dice que los acusados, padre e hijo, después de cometer el crimen huyeron con la camioneta de la víctima al puerto de Zihuatanejo donde permanecieron escondidos por once días, y que con el apoyo del Ejército y la Marina fueron aprehendidos en un retén ministerial cuando intentaban vender el vehículo.
El problema en toda esta trama explotó cuando la ex esposa de Juan Alejandro Tapia presentó un video exhibido en el programa televisivo de Denise Merker, filmado el 4 de noviembre en el que se mira cuando el acusado es levantado por hombres armados que lo sacan de su vehículo al llegar a su casa.
La versión de la ex esposa dice que su hijo al percatarse de lo sucedido a su padre aquel día, intentó hacer la denuncia ante el Ministerio Público pero en el camino fue detenido.
La ex esposa de Juan Alejandro Tapia y madre de Rodrigo, después de sufrir la desaparición de sus dos familiares todavía fue extorsionada supuestamente por los mismos policías secuestradores que le hablaron al otro día de su desaparición para obligarla a pagar 130 mil pesos con la promesa de que padre e hijo quedarían libres en las horas siguientes.
En cambio de recibir lo pactado en el rescate lo que miró en esa fecha por la televisión fue la noticia de que sus familiares aparecían como los acusados de la muerte del empresario.
De ser cierto lo que ocurrió a la familia denunciante, estamos todos inermes frente a la impunidad de los criminales que mandan en las corporaciones que la sociedad paga para garantizar la seguridad y la paz social.
El caso sucedido es de tal gravedad que requiere de acciones contundentes para corregirlo porque además de la detención de quienes secuestraron y torturaron a los acusados, se precisa conocer y castigar a quienes en vez de buscar y encontrar a los asesinos del empresario se encargaron de fabricar chivos expiatorios, involucrando en esa versión a las autoridades más altas del estado.
No puedo quedarme con la idea de que fue iniciativa de los policías toda la trama del secuestro, extorsión, tortura y presentación de los inculpados por el asesinato. Creo que tras ellos o arriba de ellos están los responsables intelectuales que se encargan de manejar el caos, la violencia y la muerte de cada día en el estado, utilizando para su servicio a los policías entrenados en toda clase de actividades criminales.
El fiscal tiene mucho que explicar a la sociedad sobre éste hecho que ha dejado en claro que ningún acceso habrá a la paz social que ha prometido el nuevo gobierno si no se incluye en el proyecto la depuración de todas las corporaciones policiacas como camino para desmontar toda la fuerza de los cárteles que se reparten el control del estado.
