Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
La violencia sofoca a la población que camina a la deriva y que no encuentra un lugar seguro para guarecerse. Las amenazas de extorsión llegan en cartulinas que son colocadas en las rendijas de las puertas y ventanas de cualquier colonia. El pago de piso es una práctica que se va extendiendo en todas las ciudades, cabeceras municipales y comunidades rurales. Los negocios están cambiando de dueño y quedando en manos de personajes siniestros del crimen organizado. Los giros comerciales más redituables son acaparados por los jefes de las bandas que ejercen violencia para someter a los grupos económicos que se encumbraron por sus pactos siniestros con los caciques y gobernadores que mal gobernaron nuestro estado.
La economía criminal en Guerrero se ha asentado en las siete regiones del estado. No sólo porque hay trasiego de droga, venta de armas y tráfico de personas con diferentes fines, que antes se manejaba de manera soterrada y clandestina. Ahora enfrentamos el grave problema de una sociedad narcotizada, de una economía formal infestada por la criminalidad, controlada por empresarios mafiosos que salieron de los escondrijos para aparecer como prósperos hombres de negocios. Su poder se basa no sólo en lo económico, sino en el control que tiene de amplios sectores de la sociedad que trabajan para su causa. Son trabajadores que diversifican sus actividades en el ámbito público y que rinden cuentas a sus jefes. Su base destructora la conforman jóvenes que están entrenados para causar terror entre la población.
La disputa territorial en el estado no tiene normas ni límites. Cada lugar representa un espacio estratégico para avanzar y posicionarse mejor dentro de la escabrosa orografía. En sus incursiones armadas toman como rehenes a los pobladores, para incorporarlos a sus filas y apropiarse de sus bienes naturales y de su patrimonio comunitario. En esta confrontación los cuerpos de seguridad del Estado están ausentes y cuando están presentes son actores pasivos que no contienen ni repliegan a las huestes de cada organización criminal. Las familias son las que pagan con su vida los saldos de las refriegas violentas. Los jefes de familia son sometidos y obligados a enrolarse a sus filas. Los jóvenes no tienen otra alternativa que entrenarse para matar. Las madres y abuelas huyen del poblado con sus pequeños hijos en busca de un techo donde guarecerse.
El desplazamiento forzado interno es parte de la catástrofe que padecemos en nuestro estado. Las víctimas de la violencia se cuentan por centenas de personas mayores que no tienen qué comer y que padecen múltiples enfermedades físicas y mentales. Los jóvenes en su mayoría buscan un trabajo fuera del estado y se las ingenian para cruzar la frontera. Las niñas y los niños crecen sin un hogar seguro, no asisten a la escuela y viven con temor por las balaceras que escuchan. Ninguna autoridad las atiende, es la solidaridad de las familias pobres la que los reconforta y calma sus angustias. El drama de las familias desplazadas se multiplica en las comunidades rurales, donde la población está abandonada e indefensa. Los asesinatos son tragedias colectivas, no hay una familia que no tenga a un hijo, hermano, padre o madre que no haya sido asesinado. Hay muchos niños y niñas huérfanas. Mujeres mayores sin que nadie las atienda. Hombres enfermos tirados en los pisos de tierra esperando que una medicina les dé fuerza para valerse por sí mismos.
El panorama es sombrío porque las fuerzas del crimen se han enseñoreado en todos los lugares. No hay localidad que no esté sometida por un grupo de la delincuencia. La población sabe cómo operan y cómo establecen pactos con las fuerzas del Éstado. Las corporaciones policiales sucumben ante los jefes de las plazas porque saben que el dinero que les otorgan nunca lo van a obtener trabajando dentro del gobierno. Cada vez es más evidente que los agentes del Estado sólo están en algunos lugares, como simples espectadores de la violencia. Tanto en las comunidades rurales como en el mismo puerto de Acapulco escuchan balaceras, ubican camionetas con gente armada, identifican a los grupos que están en disputa y saben en qué puntos se dan los enfrentamientos. En contadas ocasiones intervienen, seguramente hasta que reciben una orden superior. Lo normal es que dejan actuar con libertad a quienes delinquen. Por eso están en todas partes.
En pleno proceso electoral la violencia cobra vidas a cada momento. La preocupación de las autoridades electorales se centra en garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos, en que no vaya a haber obstáculos para que los electores voten. Ubican focos rojos en varias regiones, por todos los estragos que están causando los grupos delictivos en varios lugares, sin embargo, eso no importa, lo prioritario es que los rijosos dejen instalar las casillas y permitan que la gente vote. Con eso salvan la elección y hay posibilidades de presentar cuentas alegres. En esta democracia electorera lo más importante es el voto, porque al ciudadano que padece la violencia les tiene sin cuidado.
Los partidos políticos y los candidatos viven una realidad ajena, tienen una visión banal y utilitarista de la gente. Llegan con promesas vacuas, centrando su arenga en la exaltación de su ego, colocándose como los salvadores del pueblo. No parte de las trágicas realidades que padece la población, tampoco tienen disposición y tiempo para escucharlos y atender sus planteamientos. La dádiva es el antídoto para ganarse la voluntad de la gente y asegurar el voto en la urna. La compra del voto es la práctica generalizada de los candidatos. Han aprendido que su candidatura es una inversión. Tienen que gastar dinero y dilapidarlo para que puedan cosechar con creces si aseguran el triunfo. Esta prueba del voto es un pase seguro para cobrarse al ciento por uno todo lo que gastaron en campaña, con el dinero público.
Los candidatos y candidatas que se han registrado en los institutos electorales tienen historias poco trasparentes. Accedieron a las candidaturas por palancas, padrinazgos, amarres políticos, compromisos truculentos, pago de favores, pago de campañas, compra de candidaturas. Son pocas las formas enunciadas de cómo cada candidato o candidata logrará aparecer en la boleta electoral. Estas disputas al interior de los partidos políticos y sus dirigentes estuvieron muy lejos de apegarse a los principios y normas electorales y las que rigen a cada instituto político. Abundaron los acuerdos debajo de la mesa, los golpes bajos, las traiciones, las componendas y los amagues.
Los ciudadanos y ciudadanas han testificado estos vicios que se multiplican en los partidos políticos para el otorgamiento de las candidaturas. No hay confianza en este proceso plagado de irregularidades. Tampoco hay candidatos y candidatas que tengan legitimidad, trayectoria y méritos. Son personajes que no tienen un compromiso serio con la población, carece de una visión clara sobre la compleja problemática que se vive en el estado, en las regiones y los municipios, mucho menos tienen un proyecto político cimentado en el sentir de la población. Los candidatos y candidatas le apuestan a la compra del voto que tiene diferentes formas y a crear una imagen ficticia explotando el potencial mediático de las redes sociales.
Hay un hartazgo de la población que ya no quiere candidatos improvisados y demagogos, farsantes e ignorantes. Hay candidatos reciclados que nada han hecho en favor de la gente; candidatos que se van a reelegir porque ya encontraron la hebra de la corrupción y porque ya tienen el amarre asegurado con el jefe de la plaza; también hay candidatos con mucho poder económico que subsidian campañas además de la suya. Existen también candidatos que no son producto de negociaciones al interior del partido, sino que son los elegidos por los poderes fácticos, que también tienen sus cuotas dentro del escenario político del estado.
Mientras tanto la hoguera de la violencia se expande por todos lados: en Acapulco y Chilpancingo con la quema de Urban, taxis y los asesinatos que no cesan. En Chichihualco las balaceras que iniciaron la semana pasada demuestran que los grupos en disputa no permitirán que la plaza quede en manos de un jefe. En Iguala, Taxco y Chilapa el clima de violencia está imparable, no sólo se debe a esta coyuntura política, sino porque las disputas por los territorios y los controles de los giros económicos son parte del botín que no están dispuestos a ceder. Se trata de regiones importantes porque hay asentamientos de empresas mineras, zonas boscosas y de potencial acuífero. Además, son lugares estratégicos para el control de otros municipios y regiones. Son enclaves que aseguran muchos dividendos económicos y hasta políticos.
Los asesinatos de precandidatos, candidatos y funcionarios públicos en lo que va del año es una muestra que la disputa política no estará exenta de acciones violentas. Este escenario adverso es un mal augurio para la contienda que viene. Las autoridades federales y estatales tienen la gran responsabilidad de atender y prevenir esta amenaza delincuencial.
La zona Centro, la Costa Chica, Montaña, zona Norte, Acapulco, Costa Grande y Tierra Caliente nos dejan entrever que el crimen organizado no se quedará al margen de la contienda electoral. En este año la hoguera no está para bollos.
