
El ex presidente de la Comisión de la Verdad estatal, Enrique González Ruiz y el ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, David Cilia Olmos presentan el libro Testimonios de la guerra sucia. Por la falta de justicia ocurrió el caso de los 43 de Ayotzinapa y siguen las violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, dice el también ex rector de la UAG
Chilpancingo, Guerrero, 24 de abril de 2025. La impunidad que encubrió a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia, es la causa de que ahora México se haya convertido en el país con mayor cantidad de desaparecidos per cápita de todo el planeta, coincidieron el ex presidente de la Comisión de la Verdad, Enrique González Ruiz y el ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, David Cilia Olmos en la presentación del libro Testimonios de la guerra sucia.
El también ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), González Ruiz, dijo que esa impunidad también llevó a que sucediera el caso Ayotzinapa y sigan ocurriendo violaciones graves de lesa humanidad.
González Ruiz y Cilia Olmos, junto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Araceli Ocampo Manzanares, comentaron el texto que fue compilado por los dos primeros.
La presentación fue en la explanada del Congreso local, comenzó a las 9:30 de la mañana y terminó a las 12 del día.
González Ruiz recriminó que en el caso de la guerra sucia no ha habido justicia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas como en Argentina, donde ya se procesó y se castigó a políticos “muy encumbrados” y a militares de alto rango.
“En cambio en México no ha sucedido nada parecido, y los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en el periodo de la guerra sucia están impunes, y eso no ha dejado de crear problemas en la vida nacional; el caso Iguala-Ayotzinapa es una prueba histórica de que la falta de justicia en los casos de la guerra sucia genera la repetición de los hechos delictuosos”, expresó el abogado.
Dijo que en el mismo caso Ayotzinapa se está repitiendo la impunidad, porque a pesar de que se abrieron juicios y se procesó a más de 100 personas, en la actualidad no se ofrece ninguna seguridad de que las cosas se vayan a aclarar y de que los responsables van a ser llevados a juicio.
“No tuvimos justicia, no hay personas enjuiciadas por eso, es más, no sabemos la verdad completa de lo que pasó, y la verdad consiste en saber las preguntas básicas de las investigaciones: qué, quiénes, cómo, cuándo y dónde”.
Explicó que el resultado es que ahora los casos sólo permanecen en la conciencia nacional como hechos históricos, “y nosotros no quisiéramos que en Guerrero el tema de los desaparecidos quedara como una mancha en la historia del estado y que nunca se aclaró, porque no tuvimos la fuerza suficiente”.
Opinó que para tener justicia y verdad, no sólo se necesita, en los casos de la guerra sucia, tener la razón, sino acumular fuerza social para imponer la razón, “porque sin fuerza social suficiente el Estado se ríe y pospone”.
Ahora dirigen esa práctica los cárteles de la droga
Cilia Olmos, quien también es coordinador del Premio Nacional Carlos Montemayor, añadió que el no haber abordado “y seguir sin abordar como debe ser” el caso de las violaciones a los derechos humanos de la guerra sucia, ha provocado que México se haya convertido “en el país con mayor cantidad de desaparecidos per cápita de todo el planeta”.
Subrayó: “Los que perpetraron, ordenaron y coordinaron la desaparición forzada en México siguen completamente impunes, lo que ha provocado indirectamente las cifras que tenemos de desaparición ahora por el crimen organizado”.
Dijo que mientras exista impunidad es lo que van a perpetrar estas desapariciones, “que día a día todos los mexicanos están sufriendo, y de nada le va a servir a la sociedad seguir volteando hacia otro lado cuando hablamos de guerra sucia”.
Señaló que los principales criminales y perpetradores de la guerra sucia en México, que actuaron por motivos políticos “son los mismos que más tarde se hicieron de las direcciones de los cárteles de la droga que ahora están asolando al país”.
Admitió que en la actualidad sigue la “inactividad” en cuanto a la aplicación de la justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia, “y el que no conozcamos qué es lo que pasó realmente, que es lo que intentamos hacer en el libro Testimonios de la guerra sucia, es lo que permite que se mantenga esta impunidad”.
Reprochó que muchas instituciones del Estado mexicano, aún en la actualidad, no le dan el peso suficiente a las investigaciones.
Señaló al Ejército mexicano como el principal perpetrador de la guerra sucia, también a la Secretaría de Gobernación, a la Presidencia de la República, así como a las policías, “y otro actor que debe ser sometido a investigación y juzgado como parte de los criminales de la guerra sucia, son quienes encabezaron a la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la (FGR)”.
Indicó que si se revisan los casos de personas desaparecidas y se analizan los expedientes, se va a encontrar que hay un verdadero crimen de lesa humanidad en el ocultamiento de la investigación y en la falta de una metodología acertada, que permita llevar a cabo la detención de las personas que fueron perpetradoras de los delitos.
Opinó que esa “es una traición” que se sigue cometiendo con la actual FGR.
Además, señaló que independientemente de toda la “mascarada” que se hizo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990 y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), todavía las autoridades no dan un paso verdadero en la búsqueda y consignación de los casos de las personas desaparecidas.
“Se han pasado mandando oficios al DIF, a la oficina de licencias, a los albergues, cárceles, innumerables documentos a distintas dependencias para preguntar si no está ahí el desaparecido, cuando desde el origen del expediente se explica que la persona fue detenida por determinada corporación militar o policiaca que estaba al mando de determinado militar”, recriminó el luchador social.
Los responsables de los crímenes deben ser llevados ante la justicia sin importar su rango o posición
La diputada local morenista, Ocampo Manzanares, organizadora de la presentación del libro a través de la Comisión de Derechos Humanos que preside, reconoció que se necesita conocer los hechos en su totalidad, identificar a los responsables “y exponer a las estructuras de poder que permitieron estas terribles atrocidades”.
Dijo que los responsables de los crímenes de la guerra sucia deben ser llevados ante la justicia sin importar su rango o posición.
“La justicia no es una venganza, es la garantía de que estos hechos no se repetirán jamás; la lucha por la memoria, por la verdad y la justicia, no es sólo una demanda de familias afectadas, sino un imperativo ético para la sociedad mexicana, un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de un futuro donde la violencia estatal nunca más quede impune, solo así lograremos sanar las heridas del pasado”, destacó.
Expresó que la memoria de los líderes sociales, estudiantes, campesinos y ciudadanos que lucharon por un México más justo, sigue latente en Guerrero, en sus comunidades y en sus familias, “y no dejaremos que sus sacrificios sean borrados de la historia”.
En la etapa de preguntas la viuda del diputado perredista asesinado Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo Cázares, también criticó que en el caso de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos “no se toca a los poderosos”.
“Hasta ahora no se han tocado y eso es un caldo de cultivo envenenado en donde se reproducen las atrocidades y los asesinatos sin nombre, y ahora se han sumado en este contexto de macrocriminalidad las desapariciones y asesinatos por la delincuencia organizada, las complicidades y pactos inconfesables que se dan en las esferas del poder, que hacen que se cometan todo tipo de delitos de altísimo impacto”.
Pidió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que editen y se de a conocer el informe de la Comverdad, “estamos interesados en que no se pierda su historia, su aporte y su legado”, dijo.
También reprochó que el busto del diputado Armando Chavarría, colocado en la entrada del edificio del Congreso local después de que se cayó del pedestal “en un incidente menor”, lo hayan reinstalado “en condiciones austeras; en una columnita que apenas y cabe el busto”, dijo que cabe el riesgo de que se vuelva a caer y que ha pedido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Uriostegui que lo reinstale en condiciones dignas.
La presentación de Testimonios de la guerra sucia fue desdeñada tanto por el Congreso local como por activistas, familiares y víctimas de la guerra sucia, pues además de los tres presentadores y el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Alejandro Martínez, sólo asistieron otras cinco personas que se incorporaron a la mesa de presentación, el resto fueron reporteros que cubrieron la actividad.
Además, la presidenta de la Comisión legislativa, Ocampo Manzanares se incorporó con más de una hora de retraso.
La falta de público, motivó que una de las cinco asistentes, la viuda del diputado asesinado Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo reclamara que para próximas actividades se hiciera más extensiva la invitación, “para que más gente lo escuche”.
La diputada se comprometió a realizar la gestión.
También anunció que el 8 de mayo se realizará una reunión de trabajo con sobrevivientes de la guerra sucia con miras a trabajar en la Ley de la Memoria y la Verdad.
Informó que, además, se pretende reactivar la Comverdad.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero


