A 100 meses de la desaparición de los 43 normalistas, el abogado de los padres y madres expuso que el caso llegó a su tope porque el Ejército es intocable, no brinda información y el Poder Ejecutivo sucumbe ante el poder militar. Marchan en la Ciudad de México y exigen la reactivación de las órdenes de aprehensión contra altos funcionarios y militares
Ciudad de México, 27 de enero de 2023. El abogado y representante legal de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que la condicionante que han puesto para reanudar el diálogo con el gobierno, es la reactivación de las canceladas órdenes de aprehensión contra militares y funcionarios.
“La condición para continuar en el diálogo, la condición para continuar en las expectativas pasa por que este gobierno, la condición que tendrían que mostrar, las señales inequívocas que tendrían que mostrar que este gobierno tiene voluntad para esclarecer los hechos, pasa por la reactivación de las órdenes de aprehensión contra los militares y los funcionarios de alto nivel del estado de Guerrero”, dijo Rosales Sierra.
En un mitin realizado en el Hemicilo a Juárez en esta ciudad capital del país, por 100 meses desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el abogado afirmó que no se puede “mantener” en la impunidad a elementos del Ejército mexicano y funcionarios del estado de Guerrero que supuestamente participaron en la desaparición.
El representante añadió que el punto actual de la investigación realizada por autoridades federales se encuentra pausada, además de criticar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido el compromiso ante los padres de dar con la verdad de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014.
“Tenemos una investigación estancada, un Ejército intocable, un Ejército que no brinda información y un Poder Ejecutivo achicado, un Poder Ejecutivo que sucumbe ante el poder militar, un Poder Ejecutivo que falta al cumplimiento de su palabra”, agregó Vidulfo Rosales.
Además, señaló que el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, perdió validez debido a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes catalogaron falsas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre supuestos involucrados.
“Ese informe no tiene sustento, pero ese informe hoy en día es la nueva narrativa de este gobierno, este informe es la salida que este gobierno pretende darnos, ese es el cierre del caso, el gobierno quiere que aceptemos ese informe. Por eso el presidente de la República en sus mañaneras, cuenta y lo que no está en el informe no cuenta”, dijo el abogado.
Rosales Sierra afirmó que en el proceso de investigación realizado por la presente administración, existe un “punto de quiebre” que sucedió en septiembre de 2022, cuando se presentaron las órdenes de aprehensión contra militares y funcionarios.
“En el mes de septiembre del año 2022, la investigación llegó a su punto más alto con 83 órdenes de aprehensión que involucraba a servidores públicos de distintos niveles, que involucraba a un grupo delictivo con toda su estructura” manifestó Rosales.
Agregó que en septiembre fue cuando se generó el debate en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sobre la ampliación del periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, señalando que se ha preferido no ir tras los militares.
“Faltando al compromiso, faltando a la ética, faltando al compromiso con la verdad y con la justicia, este gobierno optó por no enjuiciar a los militares, prefirió dar el paso hacia atrás. Eso se tradujo en la cancelación de 20 órdenes de aprehensión, 16 de las cuales, militares” comentó el representante de los padres.
Recordó que el gobierno federal se comprometió al esclarecimiento de los hechos sobre lo sucedido con los 43 estudiantes normalistas “topara donde topara”, pero que al involucrar directamente a militares, prefirieron no actuar.
“Pero ese tope donde tope llegó en el mes de septiembre, en medio de toda esta discusión, en este contexto de esta lucha, de esta discusión en el país, de la militarización, de los acuerdos políticos del presidente con los militares, de las reformas que le dan más facultades al Ejército mexicano, en medio de esta discusión, tenía que tomar una definición el gobierno federal, una definición política de enjuiciar a los militares o no enjuiciarlos”, señaló Rosales.
De igual forma, dijo que han cumplido un año requiriendo al Ejército mexicano para que haga entrega a la Fiscalía Especializada del caso, de información relevante para continuar con la investigación, pero que no han hecho entrega de la misma.
Padres y madres de familia de los 43 estudiantes se manifestaron en la Ciudad de México por los 100 meses de la desaparición. Aproximadamente a las 4 y media de la tarde los manifestantes partieron desde el Ángel de la Independencia para arribar al Hemiciclo a Juárez, haciendo una pausa en el Antimonumento de los 43, para realizar un pase de lista.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
