Niega una jueza federal libertad provisional a la ex titular del TSJ; el delito de desaparición forzada no lo permite, argumenta
Ciudad de México, 16 de mayo de 2025. Tras la detención de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay “una nueva orientación en la investigación que se está siguiendo en el caso Ayotzinapa”, que dará a conocer luego de que lo autoricen los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
A la presidenta se le preguntó este viernes en su conferencia en Palacio Nacional sobre una posible investigación al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues Lambertina Galeana fue presidenta del Poder Judicial de Guerrero cuando él era gobernador, y respondió que depende de la Fiscalía General de la República y no es por decisión del Ejecutivo federal.
“Eso lo tiene que definir la Fiscalía, no lo define la presidenta. Eso es algo que está en las investigaciones”, dijo en aparente alusión a que en el expediente del caso aparece el nombre de quien era el gobernador del estado cuando sucedieron los crímenes de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Sheinbaum señaló que dependerá de la Fiscalía Especializada el seguimiento de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, después de la detención de Lambertina Galeana Marín.
“En particular, en este caso de esta persona, que es algo que como he estado con los familiares, con los padres y las madres, es algo que ellos preguntaban ¿qué fue lo que pasó? Y ya se puede explicar después con más detalle cuando hablemos de este caso”, amplió.
El jueves por medio de una publicación en su cuenta personal de X, Aguirre Rivero emitió un comunicado en el que negó tener conocimiento sobre los videos y que no brindó instrucción alguna sobre el material.
Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta mencionó que previo a la desaparición de los normalistas, ellos supuestamente acudieron al Palacio de Justicia de Iguala y se borraron los videos en los que se muestra que fueron al lugar.
“Algunos de los autobuses en los que viajaban los jóvenes se detuvieron en el Palacio de Justicia y después desaparecieron los videos del Palacio de Justicia, presuntamente sí existían, pero se borraron”.
Mencionó que en el caso de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lmbertina Galeana, se le señala de borrar dichos videos, por lo que la Fiscalía Especializada del caso investiga al respecto.
“Según la Fiscalía hoy, la Fiscalía Especializada lo que está investigando ¿es por qué esos videos se borraron? Y esa es la presunta acusación que se le está haciendo… Ese es el motivo, que los padres y madres desde hace tiempo habían estado planteando: ¿por qué esos videos se habían borrado? Entonces ese es el caso”.
Sobre el caso de la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la presidenta recordó la versión en la que el funcionario no se encontraba en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los normalistas y se desempeñaba entonces como delegado de la Policía Federal en la entidad.
“El caso de Omar se ha explicado muchas veces y él lo puede volver a explicar. Que él no estaba en Guerrero en aquella época y se ha explicado en muchas ocasiones, entonces ahí no veo algún problema. De todas maneras la investigación la hace la Fiscalía General de la República”.
La presidenta añadió que lo siguiente en la investigación dependerá de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa y de la propia Fiscalía Especializada del caso.
“¿Qué sigue en la investigación? Pues depende de la Comisión Especial de la Subsecretaría , pero particularmente de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa. ¿Qué encontraron ahora? Pues esta circunstancia y por eso esta detención”.
Explicó que una vez que padres y madres de los 43 autoricen, se podrá hacer más pública la información en los avances de la investigación que la presente administración les ha presentado.
“En el momento en que los padres y madres nos autoricen, porque lo primero es siempre hablar con ellos en estas reuniones que se tienen y donde está presente la Fiscalía Especializada, se puede dar mucho más información de cuál es también una nueva orientación en la investigación que se está siguiendo en el caso Ayotzinapa”.
Celebra Encinas la detención de Lambertina; es un avance en el caso Ayotzinapa, subraya
El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, Alejandro Encinas, celebró la detención de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por su probable responsabilidad en la destrucción de videos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Por medio de una publicación en X, el actual secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, señaló el 14 de mayo que la detención de Galeana es un importante avance de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UELICA) para que se pueda resolver el caso.
“Fue detenida Lambertina Galeana, acusada por desaparecer los videos del C4 de la trágica noche de Iguala. Un importante avance en la investigación de la UELICA por la verdad y la justicia del Caso Ayotzinapa”, publicó.
De 2018 a octubre de 2023, Encinas fue subsecretario de Gobernación y estuvo al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Un mes antes de dejar el cargo, presentó un informe sobre la desaparición de los normalistas y se mostró que hasta ese momento habían sido detenidas 132 personas relacionadas al caso.
Niega una jueza federal libertad provisional a la ex magistrada Lambertina Galeana
Una jueza federal negó la libertad provisional a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJ), Lambertina Galeana Marín, en la causa penal en la que le imputan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, resolvió que debe continuar presa en el Penal Femenil de Morelos mientras resuelve su situación jurídica, porque el artículo 19 constitucional clasifica la desaparición forzada como un delito que amerita la prisión preventiva de oficio.
Además, argumentó que concederle ahora la libertad implicaría hacer una interpretación de la Carta Magna y eso está prohibido desde el pasado primero de enero, cuando entró en vigor la reforma de supremacía constitucional.
“A partir del 1 de enero de 2025, que entró en vigor la reforma al numeral 19 constitucional, el legislador hizo expresamente prohibición para que se suspenda, inaplique y modifique la prisión preventiva oficiosa de los delitos ahí previstos, ya sea de manera total o parcial”, dice el fallo de la juez, notificado este viernes.
“Además, cabe indicar que la vigencia de la nueva disposición constitucional es clara y no hay un artículo transitorio que prevea alguna salvedad, vedando expresamente que el juzgador realice una tarea de interpretación”.
“Por estas razones, se declara improcedente la solicitud del defensor particular en comento y de la indiciada y, por ende no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado en cuanto a la libertad provisional bajo caución”.
Con esta decisión judicial, la magistrada en retiro continuará internada en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, por lo menos hasta el próximo martes por la tarde, cuando se defina su situación jurídica.
Ese día la juez Duarte Cedillo determinará si le dicta la formal prisión por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas o, en su defecto, la libertad por falta de elementos.
José Luis García Miranda, abogado de la acusada, dijo que en caso de que Galeana sea procesada demandará el cambio de medida cautelar.
Galeana fue detenida el miércoles con base en una orden de aprehensión que le reactivaron el pasado 30 de abril.
Ese mandamiento de captura originalmente fue girado en 2022, pero que sólo estuvo vigente durante menos de un mes, ya que la Fiscalía General de la República, en aquel momento, se desistió de la acción penal.
A Galeana le imputan la supuesta omisión que habría ocasionado la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Estos registros visuales habrían grabado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
El TSJEG informó en aquel entonces que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero no aparecieron en el expediente y la FGR consideró que su ocultamiento contribuyó a la desaparición de los 43 estudiantes.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela y Agencia Reforma/ Foto: Cuartoscuro
