18 marzo,2021 8:20 am

La Judicatura garantizará que los jueces actúen con autonomía: Arturo Zaldívar

 

El Sur / Ciudad de México, 18 de marzo de 2021. En medio de la polémica que desató el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de dudar sobre la independencia de los jueces que concedieron las suspensiones otorgadas contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, volvió a pronunciarse al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirmó que dicho organismo garantizará que los juzgadores federales actúen con independencia, autonomía y libertad.

“Que no haya duda. El #CJF seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La #IndependenciaJudicial y la división de poderes son parte esencial de la  democracia constitucional”, tuiteó.

Hace unos días, López Obrador le pidió investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue el primero en declarar inconstitucional la LIE y acusó de actuar como un “empleado subordinado de las empresas particulares”.

En respuesta, el ministro Zaldívar señaló que, conforme al procedimiento habitual, la queja que presentó el titular del Ejecutivo federal sobre el actuar del juez sería remitida al área correspondiente del Consejo.

Jueza en Yucatán concede tres suspensiones definitivas contra el Tren Maya

El Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres suspensiones definitivas contra la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó para el Tramo 3 del Tren Maya, pues reconoció que existe una “incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto”.

Las suspensiones derivaron de tres demandas de amparo que interpusieron tres organizaciones locales –la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya–, acompañadas por el colectivo Indignación, el cual recordó que estas tres suspensiones “se suman a las que en diversos momentos han obsequiado jueces federales en Campeche, Yucatán y Chiapas y que exhiben las irregularidades con las cuales se ha manejado este proyecto”.

Tribunal suspende sanciones contra Nexos

Un Tribunal Administrativo concedió la suspensión definitiva de las sanciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra Nexos, informó la revista el pasado martes.

“El 3 de marzo de 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa notificó en su Boletín Jurisdiccional la resolución respecto a la definitividad de las medidas cautelares derivadas del juicio de la Secretaría de la Función Pública en contra de Nexos Sociedad Ciencia y Literatura S. A. de C. V., razón social que incluye a la revista Nexos y a Ediciones Cal y Arena”, detalló la publicación.

El 20 de agosto de 2020, la SFP inhabilitó por dos años a Nexos, y le impuso una multa de 999 mil 440 pesos, al acusar que la revista presentó información falsa para obtener un contrato con el IMSS para una página de publicidad por 74 mil pesos.

Derivado de esto, Cal y Arena había quedado imposibilitada para colocar sus libros en la red gubernamental de librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE) y Educal -que le representan entre el 20 y el 25 por ciento de los ingresos de venta-, ni tampoco vender a las bibliotecas públicas de la Secretaría de Cultura.

“A nada que tenga el sello del Gobierno”, precisó a REFORMA en septiembre pasado Rafael Pérez Gay, director de la editorial.

“Vamos a apelar y defender porque consideramos que nos asiste la razón jurídica, intelectual y ética”, subrayó Pérez Gay en tal ocasión, considerando que la sanción de la SFP no sólo era un problema de corte económico, sino que conllevaba estigmatización.

Ahora, con la decisión del Tribunal, Nexos Sociedad Ciencia y Literatura S. A. de C. V. obtiene a su favor de manera definitiva las medidas cautelares planteadas al inicio del proceso jurisdiccional.

“De tal manera que, en lo que se resuelve el fondo del asunto, puede volver a celebrar contratos con dependencias federales, paraestatales y estatales; debe ser removida del padrón de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP, y, por último, queda suspendido el pago de la multa de 999 mil 440 pesos.

Texto: Redacción y Agencia Reforma / Foto: Archivo

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