Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
En Memoria de Ranferi Hernández, Rocío Mesino y Arnulfo Cerón. Ilustres defensores comunitarios. Luces que guían el caminar
del pueblo combativo de Guerrero.
Guerrero es un estado reconocido a nivel internacional por contar con un pueblo bravío, donde nacen mujeres y hombres trabajadores, empeñosos, generosos, solidarios y dispuestos a dar la vida para hacer de nuestro país una nación independiente y soberana. Decididos a dar la batalla contra los colonizadores y pelear contra las cadenas del oprobio. Es un pueblo culto, cimentado en la diversidad lingüística y cultural. Una tierra encantadora donde florecen las bellas artes y las grandes obras desde la época prehispánica hasta la actualidad. Guerrero es un terruño de grandes estadistas y forjadores de un Estado laico cimentado en los derechos humanos.
Proliferan hombres y mujeres ilustres, no sólo por su aportación política, literaria y cultural, sino por su entrega a la lucha por la independencia y la causa revolucionaria. Hombres y mujeres que fueron obligados a tomar las armas para declararle la guerra a los colonizadores y terratenientes, quienes de manera bárbara destruyeron las civilizaciones prehispánicas y saquearon las riquezas de los pueblos. La población nativa peleó en las serranías y las montañas en esta cordillera abrupta para abolir la esclavitud y defender los derechos del pobre. Resistieron las embestidas del Ejército imperial y doblegaron el yugo de los explotadores.
Los pueblos campesinos del Centro, de la Zona Norte y de la Tierra Caliente lucharon contra los acaparadores de tierras y contra los usureros. Por su parte, la población afro de la Costa Chica y los pueblos indígenas de la Montaña baja y alta se rebelaron contra los caciques y patrones que ocupaban sus tierras. Al costo de muchas vidas vencieron a los potentados del régimen porfirista y recuperaron sus territorios ancestrales. A lo largo de los siglos los pueblos de Guerrero se mantienen en pie de lucha, para proteger su patrimonio y defender comunitariamente sus derechos.
En 1990, en América Latina y en nuestro país emergió un movimiento de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Recuperaron su voz y tomaron las carreteras y avenidas para increpar a los políticos mercenarios y racistas y espetarles que nunca más existiría un México sin los pueblos indígenas siendo ciudadanos de segunda. Reclamaron su lugar en la República y en la Constitución como sujetos de derecho público. Su lucha principal es el reconocimiento de su derecho a la libre determinación. Los pueblos tienen un rumbo bien trazado, ser partícipes en igualdad de derechos en la toma de decisiones políticas a nivel nacional y estatal. Tienen claro que son ellos quienes van a forjar su destino como pueblos, sin injerencia ni manipulaciones de los caciques ni de los gobernantes usureros y traidores.
En esta oleada de reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas emergió con gran pujanza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Los pueblos de la Costa Montaña la crearon, a partir de los problemas crecientes de la inseguridad y la violencia delincuencial. Al gobierno estatal no le interesó atender, siempre simuló y engañó a los comisarios. Ante tanta burla los pueblos fueron los que tomaron en sus manos esta difícil tarea de garantizar la vida y la seguridad de la gente de las comunidades. Rescataron sus costumbres jurídicas que son leyes comunitarias, recuperaron sus sistemas normativos e impulsaron la organización comunitaria. Su sistema de justicia comunitaria tiene como sustento las asambleas regionales y comunitarias de donde emanan las normas y directrices que cumplen a cabalidad los coordinadores y coordinadoras de la CRAC-PC y demás autoridades. Con esta gran tarea a cuestas la Policía Comunitaria ha logrado abatir los altos índices de criminalidad que existían en la región y ser una experiencia exitosa de lo que significa servir y defender los derechos del pueblo.
Este sábado y domingo en la comunidad de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa las casas de justicia de Espino Blanco y El Paraíso celebraron los 28 años de creación de la CRAC-PC. A pesar de los golpeteos de los diferentes gobiernos, el sistema de justicia comunitaria sigue siendo la luz en los senderos más escabrosos de esta escarpada Montaña y en los intrincados caminos de la Costa Chica.
En este aniversario los coordinadores de la CRAC-PC, resaltaron las intenciones del gobierno del estado de querer dividirlos, sin embargo, las comunidades han tenido la capacidad para dialogar y dirimir sus diferencias de manera pacífica. Lo que más les preocupa es la violencia creciente de la delincuencia organizada que se ha enquistado en algunas comunidades, donde hay varios casos de personas desaparecidas y asesinadas.
El día sábado se instalaron cuatro mesas: la primera sobre los derechos de los pueblos indígenas y la libre determinación; la segunda sobre la defensa de la tierra y el territorio; la tercera sobre la participación y representación política de la población indígena y la cuarta mesa trató el tema de la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario.
Ante la negativa del Congreso local de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en la asamblea se aprobó la propuesta de realizar una movilización el próximo 30 de noviembre en Chilpancingo, para que se aprueben las reformas correspondientes a la ley 701 y a la Constitución del estado para el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afros. En este mismo sentido se aprobó la conformación de un movimiento social para la creación de nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
En la mesa de la defensa del territorio acordaron trabajar en asambleas los estatutos comunales y reglamentos ejidales en los núcleos agrarios que pertenecen al sistema comunitario de la CRAC-PC. Este instrumento normativo debe incluir un capítulo especial para prohibir la realización de actividades mineras dentro de sus territorios. También se propuso que los gobiernos municipales realicen reuniones de Cabildo para que no otorguen permisos de cambio de uso de suelo que incentiven las actividades mineras. Resaltaron la importancia de promover campañas en las comunidades para impulsar la defensa del territorio y el cuidado de los bienes naturales como lo promueve el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet).
Lo más importante de esta lucha es que quede establecido en la Constitución federal y local que los pueblos indígenas son dueños y propietarios ancestrales de sus tierras, territorios y bienes naturales.
En la mesa de participación y representación política se abordaron los temas de autogobierno y los presupuestos públicos para las comunidades indígenas. La mesa estuvo enfocada en la libre determinación, la autonomía y la autogestión. Son derechos colectivos que tienen como pueblos desde antes de la colonización.
Los asistentes hicieron un llamado al Congreso del Estado para que apruebe la reforma constitucional elaborada por las mismas comunidades. Se propone presentar esta iniciativa por parte de un diputado de la región y que ese día se haga una movilización, en coordinación con las cinco casas de justicia.
Reiteraron que se reconozca a nivel federal y local su derecho al autogobierno en la Constitución federal y estatal que garantice a los pueblos su formas propias de gobierno.
En la mesa de los problemas y desafíos en la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario, se acordaron acciones comunitarias para prevenir y erradicar la venta de niñas y mujeres. Un tema central al que deben ayudar los coordinadores y coordinadoras es evitar los matrimonios forzosos en las comunidades que pertenecen al sistema de justicia comunitario.
Varias compañeras de comunidades hablaron de la violencia que padecen dentro de sus hogares y que las autoridades que son hombres, en lugar de protegerlas las castigan con cárcel o las obligan a regresar con su pareja.
Comentaron que por el machismo que persiste en las comunidades a las mujeres se les relega en la toma de decisiones en asuntos que les afectan. También los cargos que les asignan son como castigo por atreverse a defender sus derechos.
Demandan su participación en los cargos comunitarios sobre todo como comisarias, delegadas o presidentas del Comisariado de Bienes Comunales para que reivindiquen sus derechos y se les reconozca como personas con los mismos derechos.
Este domingo, en la calle principal de Totomixtlahuaca, los grupos de la Comunitaria realizaron su desfile desde la colonia Las Palmas a la comisaría de la comunidad. Marcharon para recordar la lucha contra la violencia. Dos bandas de viento acompañaban a una mojiganga que iba al frente del cortejo. Asistieron 80 comunidades de las casas de Justicia de Espino Blanco y El Paraíso y participaron más de mil 500 personas.
En la reunión plenaria el compañero Vidulfo Rosales Sierra llamó a impulsar la organización de las comunidades para que no sean vasallos de una clase política depredadora.
Remarcó que como pueblos indígenas y Afro se tiene que ser gobierno. La ley del mestizo dice que sólo podemos participar a través de los partidos políticos, pero éstos ya tienen a sus candidatos, no van a venir a consultar a la asamblea del pueblo, ni van a venir a preguntar a quién queremos que sea el que nos represente en el municipio, en el Congreso o en el Senado. Ya están sus candidatos allá y ni los conocemos, ni sabemos. Tampoco se han parado en este lugar. Pero van a venir a pedir el voto y nosotros vamos a votar por ellos.
No nos conformemos con los programas sociales. Los programas sociales así nos van a mantener, extendiendo la mano como limosneros del gobierno, de los que tienen poder.
Es necesario que luchemos para que en la Constitución queden reconocidos nuestros derechos, para tener nuestros tribunales indígenas, nuestro sistema de seguridad y justicia de la CRAC que le demos fuerza, que tengan el nivel de una jurisdicción, para que no nos vean como ciudadanos de segunda.
